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Tribunal de Ética: Gallegos intervino en la contratación de un pariente en la Asamblea

El diputado Guillermo Gallegos enfrenta un proceso sancionador por haber intervenido en la contratación del esposo de su hermana entre 2015 y 2018. El TEG también anunció el inicio de una investigación en contra del diputado Gustavo Escalante por uno de los contratos de la pandemia.

 
 

El Tribunal de Ética anunció un proceso sancionador contra el diputado Guillermo Gallegos por haber intervenido en la contratación de su cuñado, Roberto Carbajal Amaya, en la Asamblea Legislativa.

El anuncio del proceso en contra del diputado y líder del partido Gana ocurre siete meses después de que El Faro revelara que 11 parientes de Gallegos, entre estos Carbajal Amaya, fueron contratados por la Asamblea entre 2006 y 2018. En esos años, las contrataciones fueron realizadas mientra Gallegos ostentaba puestos con poder de influencia para colocar personal en las fracciones de Arena y Gana. En su carrera, Gallegos ha sido coordinador de fracción, vicepresidente y presidente del órgano legislativo.

El TEG podría sancionar al diputado hasta con 40 salarios mínimos ($12,000) por las contrataciones a favor de Carbajal Amaya, esposo de Brenda Iliana Gallegos López, hermana del diputado. El TEG reconoce “un vínculo de parentesco por segundo grado de afinidad” y, según la Ley de Ética, hay una “infracción al deber ético” por haber participado en el proceso de contratación de su pariente.

La Asamblea contrató por primera vez a Carbajal Amaya como “asistente en la fracción legislativa” entre enero de 2007 y abril de 2009, según las investigaciones del TEG. Para esas fechas, Gallegos fungía como coordinador de fracción de Arena.

En noviembre de 2009, cuando Gallegos y un grupo de diputados de Arena quebraron la fracción tricolor y fundaron un bloque independiente, que más tarde se convertiría en Gana, Carbajal Amaya fue recontratado por la Asamblea como asesor hasta abril de 2011.

En mayo de 2015, según el TEG, Gallegos “solicitó a la licenciada Lorena Guadalupe Peña, presidenta de la junta directiva de dicha institución en ese momento, la autorización y hacer efectiva la contratación” de Carbajal Amaya en el cargo de auxiliar administrativo con un salario de $600. El contrato fue firmado y Carbajal Amaya mantuvo esa plaza entre junio y diciembre de 2015, mes en el que fue prorrogado (a solicitud de Gallegos) para mantener la plaza hasta diciembre de 2016.

El 1 de enero de 2017, cuando Gallegos ya fungía como presidente de la Asamblea, contrató a Carbajal Amaya en la misma plaza y con el mismo salario por el período de un año. En enero de 2018, según el TEG, Gallegos ordenó un aumento: Carbajal Amaya pasó de ganar $600 a ganar $1,000.

En junio de 2018, Carbajal Amaya presentó su renuncia al cargo. Según el Teg, entre junio de 2015 y agosto de 2018, los años en los que Gallegos intervino a favor de su cuñado, percibió $35,202.57.

Guillermo Gallegos, tiene cinco días hábiles para presentar pruebas de que no internivo en la contratación de Roberto Carbajal Amaya. El TEG podría sancionarlo con una multa de hasta 40 salarios mínimos. Foto de archivo: Víctor Peña.
 
Guillermo Gallegos, tiene cinco días hábiles para presentar pruebas de que no internivo en la contratación de Roberto Carbajal Amaya. El TEG podría sancionarlo con una multa de hasta 40 salarios mínimos. Foto de archivo: Víctor Peña.

TEG reconoce una violación ética

El fallo del TEG, con fecha 22 de julio, reconoce una violación ética del diputado por no aplicar el articulo 5, inciso c, de la ley de ética: “excusarse de intervenir en asuntos que beneficien a algún pariente”. Además, el Tribunal concluyó que Gallegos cometió una infracción ética al intervenir en el proceso de contratación de su cuñado. La ley prohíbe “nombrar, contratar o promover a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

Entre 2006 y 2018, la Asamblea contrató a cuatro de sus cuñados y ocho familiares de su esposa, Julia Nora Romero: un sobrino, una prima, un cuñado, una cuñada, una nuera, una consuegra, la hermana de la nuera y el hermano de un cuñado.

El 16 de enero el TEG admitió el proceso de investigación por conflicto de intereses contra el diputado; sin embargo solo se abrió por dos de los doce parientes contratados. Algunos contratos quedaron fuera porque el período de investigación según la Ley ya prescribió: Camilo Alexander Romero Cruz, Digna Emérita Romero de Cerón, María de Jesús Romero Cruz son hermanos de su esposa, pero el TEG desestimó revisar esos casos porque las contrataciones se hicieron entre el 2006 y 2010. La ley señala que “ningún procedimiento administrativo sancionador podrá iniciarse una vez hayan transcurrido cinco años contados a partir del día en que se hubiera cometido el hecho”.

El resto de contratados a favor del clan Gallegos-Romero quedaron fuera de investigación porque se perdió el grado de parentesco. Por ejemplo, Marla Alejandra Castillo Callejas, esposa de su hijastro, entró en el proceso de investigación que el TEG admitió, pero la institución desestimó este otro caso. Aunque el diputado Gallegos firmó el contrato de Castillo Callejas como colaboradora administrativa de la fracción de Gana, con un sueldo de $2,500, según la investigación del TEG no hay “ningún grado de parentesco por afinidad”, porque Ricardo Vásquez Romero es hijastro de Gallegos y la ley no alcanza esos grados de afinidad y consanguinidad.

Esta es la primera vez, luego de dos denuncias por faltas éticas contra Gallegos, que el TEG se acerca a una posible sanción en contra del diputado. En los años 2014 y 2015, Gallegos intervino en la comisión de hacienda para que Apdemes, una oenegé fantasma fundada por su esposa, sus amigos y asesores recibiera $550 mil dólares de los presupuestos generales de la nación. En 2016, cuando El Faro cuestionó al diputado por este conflicto de interés, el diputado respondió: “No sé. Desconozco de esa asociación. Primera vez que escucho de ella”.

Un grupo de ciudadanos interpuso una denuncia al TEG “por violación al principio de imparcialidad y beneficio indebido”. Luego de dos años,el TEG concluyó que no habían elementos suficientes que permitieran determinar “la existencia de una posible infracción ética”. El fallo fue emitido después de que su presidente, Néstor Castaneda, fuera promovido por Gana y Gallegos como candidato a fiscal general de la República.

Gallegos cuenta con cinco días hábiles para que presente alegatos de defensa en este caso que según el TEG fue abierto de oficio, pero al que también se incorporó una denuncia interpuesta por Héctor Silva Hernández y Aída Betancourt, líderes del partido Nuestro Tiempo y candidatos a cargos de elección en los comicios de 2021. “Ya les gané 11 casos solo me falta uno, tranquilos”, tuiteó el diputado Gallegos a las 6:39 p.m. del martes 11. “El proceso sigue, tranquilos”, añadió.

En agosto de 2018, Gallegos logró librarse de una investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. El jefe de Probidad, Carlos Pineda, lo absolvió y recomendó a los magistrados que no enviaran su caso a juicio por enriquecimiento ilícito por no justificar $3.2 millones. Gallegos apoyó hasta el final y sin triunfo a Pineda para que lograra los votos para la elección de magistrados a la Sala de lo Constitucional (2018-2027). El caso de Gallegos todavía no ha sido sancionado por la Corte Plena de la CSJ.

Abre investigación contra el diputado Gustavo Escalante

El Tribunal de Ética Gubernamental también notificó este 11 de agosto que ha abierto una investigación contra el diputado Gustavo Escalante por la venta de $344,000 en mascarillas que Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por él y dirigida por sus familiares, hizo al Ministerio de Salud.

En junio, El Faro reveló que GME Inversiones vendió 800,000 mascarillas al Ministerio de Salud por un precio de $344,000. La exministra Ana Orellana Bendek firmó la orden de compra. El 22 % de estas mascarillas estaban defectuosas y debían ser sustituidas. Los productos que Salud pidió cambiar tienen un costo de $77,180.27.

Según el TEG, en la contratación hay “una posible transgresión a la prohibición ética de ‘aceptar o mantener relaciones contractuales en el sector privado que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública’”.

El TEG ha solicitado informes en diez días hábiles a partir de la notificación al diputado, al ministro de Salud Francisco Alabí y al Registro de Comercio. Al diputado Escalante se le solicita que informe su voto sobre la ley de emergencia que permitió las contrataciones directas, su relación con GME Inversiones y su parentesco con los socios de dicha empresa. Al ministro Alabí le solicitan la orden de compra y el expediente de contratación de GME Inversiones; al Registro de Comercio, la escritura de constitución y todas las modificaciones de la empresa.

La contratación a favor de GME Inversiones es uno de los contratos de la pandemia que también está bajo investigación de la Fiscalía General de la República.

*Con reportes de Nelson Rauda


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