Desde el 2015, el número de homicidios en El Salvador ha ido a la baja, a tal punto que en 2019 se registró la tasa de homicidios más baja desde la guerra civil. Sin embargo, los datos muestran que la caída podría no ser sostenible en el tiempo. ¿a qué se debe esto?
La tasa de homicidios por cien mil habitantes en El Salvador ha caído a 35 luego de alcanzar más de 100 en el 2015. Esta tasa es la más baja de las últimas décadas, superando incluso las tasas de homicidios en los años de la tregua entre pandillas en 2014. De continuar con la misma trayectoria el país podría tener una tasa incluso más baja que países como México, Guatemala y Colombia.
Si bien la caída de homicidios que se viene registrando luego del pico en 2015 ha significado mayor seguridad para los salvadoreños, los otros tipos de crímenes no marcan una tendencia a la baja. En el siguiente gráfico se puede observar claramente que algunos delitos, como hurtos, robos y extorsiones se han mantenido en los mismos niveles en los últimos años e incluso con aumentos significativos para algunos meses. Respecto a delitos como las violaciones se han reportado de forma constante casi 200 casos mensuales desde el 2017 (se observa un incremento acelerado en los reportes de violaciones en 2017 debido a un cambio en la forma de contabilizar los registros). Una caída significativa fue únicamente posible hasta marzo 2020, la cual podría deberse a las medidas de confinamiento para combatir la covid-19.
Esta tendencia podría indicar que las estructuras criminales se mantienen y que continúan realizando sus actividades para mantener sus ingresos de forma habitual. Si bien la caída en los homicidios es un aspecto positivo para los salvadoreños, las estructuras criminales continúan siendo un peligro, en específico porque es imprevisible determinar cuándo las medidas que mantienen los homicidios bajos van a cesar o dejarán de funcionar.
¿Un problema de seguridad o un problema social?
Desde los gobiernos de Arena, la delincuencia se ha tratado como un problema de seguridad en el que el fin es brindar paz a los salvadoreños y a las empresas. Los gobiernos se han enfocado seriamente en usar la fuerza bruta para disminuir los crímenes, especialmente los homicidios. El plan Control Territorial de Bukele parece ser una estrategia similar, en el que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se encargan de mantener la armonía en las comunidades y en las calles. El gobierno actual atribuye todo el éxito en la baja de homicidios a esta estrategia.
La delincuencia, no obstante, también es un problema social. El problema de la implementación de la Mano Dura en todas sus versiones es que no atiende los problemas estructurales de la criminalidad, la cual está arraigada a múltiples problemas sociales. Dos de estos afectan principalmente a los niños y jóvenes del país: un deficiente sistema educativo y la falta de oportunidades laborales.
En El Salvador, solo 2 de cada 10 salvadoreños que viven en pobreza termina la secundaria y los que se mantienen en la escuela no logran los aprendizajes mínimos, de acuerdo a los resultados de la PAES. La expulsión de jóvenes que viven en pobreza del sistema educativo provoca que un gran número ingresen a las estructuras criminales. El 87 % de los pandilleros ingresó a la pandilla antes de los 17 años y el 60 % antes de los 15. En cuanto a sus estudios, el 94 % de ellos no terminó la escuela y tan solo el 22 % estudió algún grado de secundaria. Esto explica que la escolaridad promedio de los pandilleros se haya mantenido igual en los últimos 10 años.
La falta de oportunidades laborales es otra de las causas que inciden en que los jóvenes se unan a una pandilla. La mayoría de quienes pertenecen a estos grupos están desempleados y el 70 % proviene de hogares con ingresos familiares menores a 250 dólares. El Salvador también mantiene una de las tasas más altas de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis) de América Latina: 1 de cada 4 jóvenes se encuentra en esta condición y esa ha sido la constante durante la última década.
A este panorama se incorporan ahora los efectos de la crisis económica provocada por la covid-19. Se espera una fuerte contracción económica que deje sin empleo a miles de salvadoreños. Ya en junio el nivel de trabajadores formales había caído a niveles del 2013, es decir, el equivalente a retroceder siete años en generación de empleo. Esta situación es especialmente dura para los jóvenes, tomando en cuenta que 91 mil jóvenes ingresan al mercado laboral cada año. Además, más de un millón de estudiantes están fuera de la escuela, lo cual disminuirá los niveles de aprendizaje, especialmente para quienes viven en condición de pobreza y podría motivar la deserción escolar de muchos.
La caída de homicidios es un avance importante, pero persisten otros retos. Para mantener la seguridad de los salvadoreños y, sobre todo, para resolver de raíz las causas principales de las pandillas se deben crear políticas sociales que permita la incorporación de jóvenes al mercado laboral y garantizar que más estudiantes puedan terminar sus estudios. El presupuesto de Educación sigue siendo uno de los más bajos, comparado con el resto de la región, y los esfuerzos para generar oportunidades laborales, además de ser escasos y que muchos todavía permanecen en papel, tampoco han logrado ser masivos. Las capacitaciones por medio de Insaforp o ferias de trabajo aún dejan a muchos jóvenes a un lado. Para que la caída en los niveles de criminalidad sea sostenida a través del tiempo, el nuevo gobierno debe propiciar oportunidades para los más vulnerables. Debe de poner especial atención a los retos que la pandemia supone y que podría motivar a que jóvenes sin empleo continúen realizando actos delictivos. Es en momentos difíciles como estos en donde se debe proteger a los más necesitados.
