La existencia de periodistas y medios independientes es crucial para supervisar, investigar y cuestionar las acciones realizadas por las administraciones públicas. Es por ello que los gobiernos están llamados a generar garantías para el cumplimiento de la libertad de expresión, prensa y el acceso a la información. En El Salvador, sin embargo, la situación actual plantea más bien retrocesos.
Datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señalan que con la llegada de Nayib Bukele al Ejecutivo el número de vulneraciones desde ese órgano del Estado aumentó en 381.25 % en su primer año de gobierno (61 casos respecto a los 16 reportados en el último año de Sánchez Cerén). Las vulneraciones se centran en bloqueos de acceso a la información pública, ataques y acosos digitales, declaraciones estigmatizantes y despidos injustificados en el sistema de medios del gobierno.
Los ataques a la prensa, lamentablemente, no son cosa nueva. La APES tiene registros desde 2017. Lo novedoso en el escenario actual, además de la frecuencia con la que suceden, es que desde Capres se ha instalado una narrativa que se repite sin alteraciones en las dependencias del Estado, lo cual restringe y vulnera el ejercicio periodístico.
Las agresiones iniciaron desde el primer día que Bukele asumió el cargo, cuando el batallón presidencial restringió la labor de un periodista de El Diario de Hoy durante la toma de posesión. Posteriormente, las vulneraciones se han dado de forma sistemática para impedir que la prensa tenga acceso de primera mano a información o bien que pueda cuestionar la gestión gubernamental. Impedir el ingreso a periodistas de Factum y El Faro a conferencias de prensa o que la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil obliguen a periodistas a eliminar material gráfico de sus equipos, son parte de las vulneraciones registradas por APES en los últimos meses.
En el ámbito digital, el escenario es peor, ya que es el mismo presidente Bukele, por medio de su cuenta en Twitter, quien arremete contra la prensa y medios de comunicación. Al utilizar adjetivos como “panfletos”, “medios vendidos”, “plumas pagadas”, el mandatario da luz verde para que sus mismos funcionarios, simpatizantes y cuentas anónimas afines realicen ataques contra medios y periodistas que han publicado investigaciones que transparentan actuaciones irregulares y cuestionan al gobierno. Las expresiones de violencia hacia el gremio periodístico van desde deslegitimar la labor hasta amenazas de muerte, y las mujeres periodistas se llevan la peor parte al recibir mensajes con una elevada carga misógina.
Es preocupante que el presidente de la República, en lugar de garantizar la libertad de expresión, estigmatice e implemente una retórica en la que la única prensa válida es la que está a favor de su gobierno. Este tipo de discursos no corresponden a un país democrático en el que se debe respetar la libertad de expresión, de prensa y el pluralismo. El Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza ha dicho, incluso, que “si un presidente determina qué medio le gusta y qué no, sería otra forma de censura”, y agregó que al estigmatizar a los medios “pierde la democracia, porque esto tiene dos caras: los medios son la forma para que los ciudadanos puedan contrastar información y acceder a diversas fuentes”.
Lamentablemente el actual gobierno impulsa una narrativa para colocar a la prensa en el lugar que no merece. Se insulta y se ataca por formas anónimas, se recortan presupuestos de la pauta publicitaria gubernamental, se niega información pública y han aumentado las vulneraciones de parte de los elementos de seguridad pública, tal y como APES ha registrado y denunciado. La Federación Internacional de Periodistas, Amnistía Internacional, el Comité de Protección a Periodistas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras entidades que promueven la defensa de los derechos humanos, ya han manifestado su preocupación antes esta situación.
El periodismo tiene como finalidad el interés público, por ende, tanto el presidente Bukele como sus funcionarios no deberían de atentar contra la prensa y los medios independientes. Por el contrario, deberían de proteger la independencia de su funcionamiento; atacarlos únicamente significa retrocesos para la democracia.
Una de las formas para garantizar que la prensa sea respetada es que el resto de los órganos del Estado tomen un papel activo en la defensa del gremio. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa debe iniciar con prontitud la discusión de la propuesta de Ley de protección integral para personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la información, que fue presentada en octubre del 2018 por la Mesa de Protección a Periodistas. Este anteproyecto plantea mecanismos de protección frente a la violencia social, obliga a que el Ministerio de Seguridad y Justicia elabore protocolos para prevenir y atender casos de abuso policial hacia periodistas, propone que el Ministerio de Trabajo realice acciones para garantizar el respeto de sus derechos laborales y establece que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer elabore mecanismos de atención oportuna para casos de violencia hacia mujeres periodistas.
Asimismo, deben proponerse mecanismos de regulación de otorgamiento de la pauta publicitaria gubernamental para que esta deje de utilizarse como premio o castigo, pues esto conlleva a la autocensura. Al respecto, la CIDH plantea que la pauta gubernamental debe ser entregada de forma transparente y equitativa, y aclara que los contenidos que se difundan no deben ser de carácter propagandístico, más bien se debe promover información útil para la sociedad.
Es urgente que la Fiscalía General de la República (FGR) instale una unidad especializada para atender e investigar de forma eficiente los casos de vulneraciones hacia periodistas, tal y como ha ocurrido recientemente contra los periodistas Julia Gavarrete y Óscar Luna, a quienes les fue hurtado su equipo de trabajo dentro de sus mismas casas, casos de los cuales no se han comunicado avances.
Desde la APES nos mantendremos vigilantes y monitorearemos el respeto de los derechos del gremio periodístico y acompañaremos a colegas que están sufriendo ataques perpetrados por el mismo Estado. Mantendremos una voz fuerte y contundente para visibilizar las denuncias ante los organismos internacionales que ya han manifestado una serie de sugerencias al Estado salvadoreño por medio del Informe Periódico Universal (EPU) y del informe preliminar de la visita in loco de la CIDH. En ambos documentos se recomienda propiciar un entorno de trabajo seguro para los periodistas y el respeto de la independencia de los medios de comunicación, en particular, la independencia editorial. También piden garantizar el respeto a los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública, y evitar la estigmatización y la desacreditación de periodistas, para ello el Estado debe asegurar que las declaraciones de las autoridades públicas sean respetuosas de su labor.
Los únicos gobernantes que le tienen miedo a la prensa libre e independiente son aquellos que esconden intenciones antidemocráticas. Ejemplos vivos de esto son Daniel Ortega en Nicaragua, Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Iván Duque en Colombia, Lenin Moreno en Ecuador, y Nicolás Maduro en Venezuela. De continuar con su dinámica antiprensa, Nayib Bukele está a pocos pasos de convertirse en lo que alguna vez cuestionó.
