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¿Somos realmente ciudadanos útiles?

Dalia Chévez

 
 

El youtuber Marcelo Larín, asegura haber trabajado durante dos años con un grupo de extraterrestres nórdicos en la constelación del Cisne. En la actualidad, en un plano más terrenal, Larín figura como candidato a diputado por el partido Gana por el departamento de San Miguel. En su febril egocentrismo, Larín se presenta como un redentor político new age. Walter Araujo, por su parte, se niega a desaparecer, su adherencia a Nuevas Ideas es una movida estratégica para blanquear sus “pecados políticos”. El candidato Araujo es una figura polémica y actualmente enfrenta una investigación por un patrimonio no justificado de $1.4 millones. Además, es imposible obviar que fungió como presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, el mismo partido de extrema derecha que Nayib Bukele cuenta entre “los mismos de siempre”.

¿Qué tienen en común estos dos precandidatos? La experiencia y el historial partidario es muy desigual, pero los dos perfiles coinciden en ser escandalosamente vergonzosos por explotar la extravagancia, la prepotencia y la charlatanería. ¿Cómo ha sido posible que hemos llegado a contemplar la posibilidad de designarles a esos dos precandidatos un cargo político? ¿Los partidos han admitido estas candidaturas para saldar deudas internas o más bien los suman porque se benefician del morbo y el ruido mediático?

Como ciudadanos deberíamos hacernos estas y otras preguntas, deberíamos increpar también a los candidatos y exigir información para evaluar si son competentes para los puestos a los que aspiran. Nosotros deberíamos crear plataformas ciudadanas para constatar que en verdad están comprometidos con lo que proclaman en sus discursos. Por ejemplo, el exprecandidato por el partido Vamos, Óscar Carranza, tenía como una de sus banderas la lucha por los derechos de las mujeres, mientras que en sus redes sociales evidenciaba una pobre comprensión del sujeto “mujer” y del feminismo. En su discurso partidario las mujeres éramos un elemento-adorno, un eslabón de una fórmula vacía y trillada, su verdadero posicionamiento continúa siendo patriarcal.

Ciudadanía: condición y actividad compartida

El concepto de ciudadanía ha tenido múltiples interpretaciones a lo largo de la historia y en las diferentes formaciones sociales. Para lo que aquí nos compete, partiré de una noción moderna de ciudadanía que será expuesta de dos maneras: como condición (enfoque jurídico-político) y como actividad (enfoque ético-político).

Como condición, en su dimensión intersubjetiva, la ciudadanía nos permite reconocernos como ciudadanos de un Estado —ciudadanos salvadoreños—, en una colectividad específica, dentro de la cual afrontamos y cargamos una realidad compartida: la realidad salvadoreña. Los ciudadanos poseen facultades para hacer efectivo su derecho político y son nacionales por nacimiento o naturalización. La ciudadanía como actividad, en cambio, implica una práctica: una vivencia ciudadana constante y responsable dirigida a tratar los asuntos públicos de interés común.

El planteamiento de la filósofa española Adela Cortina permite diferenciar cinco dimensiones de la ciudadanía: la política, la social, la económica, la civil y la intercultural. La ciudadanía es un hacer cargado de compromiso ético, es por ello que Cortina insta a que se reactive la “amistad cívica” aristotélica: una vinculación cordial que nos cohesione e incite a luchar juntos para alcanzar el bienestar común. En nuestra calidad de ciudadanos, vinculados a una comunidad política, podemos asumir mayor protagonismo al participar en plataformas civiles o al asociarnos a partidos políticos para incidir en las actividades y agendas del aparato gubernamental. Las responsabilidades de la ciudadanía política no son un manjar reservado para una pequeña élite política-partidaria ni la práctica ciudadana se salda al votar por quienes se postulan a los cargos públicos. La ciudadanía, como un modo de vida político activo, comprende una mayor amplitud de acción y concierne a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El ciudadano —sea mayor de edad o no— puede monitorear a quienes resulten electos, volviéndose un observador crítico de las operaciones de la clase política a través del ejercicio de la contraloría ciudadana; puede hacer uso de su derecho a la libre asociación para participar activamente en movimientos civiles que exijan el respeto de los derechos humanos o que visibilicen las desigualdades e injusticias; puede participar, desde el ámbito comunitario, en la gestión de recursos económicos y humanos que posibiliten una práctica artística activista e incluyente en pro de los más desfavorecidos; puede contribuir en procesos de educación alternativa que animen a experimentar y apreciar las diferencias mediante el ensayo de enfoques pedagógicos que incluyan la interculturalidad y la diversidad… Las posibilidades pueden seguirse listando, para identificarlas debemos permitirnos ensayar un ethos creativo que nos encamine a la innovación social.

La escuela salvadoreña y la formación ciudadana
Según se establece en el artículo 56 de la Constitución salvadoreña “Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles”. A mí me llama particularmente la atención que se especifique “ciudadanos útiles”. Si la condición compartida de “ciudadanos”, por sí sola, no basta ¿cómo podría dimensionarse un proyecto educativo de país que apueste por convertirnos en “ciudadanos útiles”?

La escuela pública salvadoreña debería ser un espacio para la ciudadanía. En ella, podrían implementarse procesos educativos que procuren una cultura ciudadana de corresponsabilidad política acorde a las exigencias del siglo XXI. Sin embargo, desde el modelo de educación bancaria que predomina en nuestro sistema educativo, el cual reduce a los estudiantes a contenedores vacíos para llenarlos con datos archivísticos, es imposible proponer cualquier práctica de ciudadanía. Este tipo de educación doméstica, margina y oprime: es un hacer extremadamente violento que incapacita a los niños y jóvenes para descubrir, criticar y mejorar su realidad. En la experiencia lo constatamos: después de 14 años de formación escolar —repartidos en tres años de Educación Parvularia, nueve de Educación Básica y dos de Educación Media— quienes logramos completar nuestros estudios, al graduarnos fuimos arrojados al quehacer político, con derechos y deberes ciudadanos recién adquiridos al cumplir la mayoría de edad (Art. 71 de la Constitución), sin haber cultivado nuestra dimensión ciudadana en las aulas.

Para implementar un plan de “escuela para la ciudadanía”, debe empezar a entendérseles a las niñas, niños y adolescentes (NNA) no solo como sujetos de derecho, sino como “ciudadanos capaces de ejercer por sí mismos sus derechos de manera progresiva y responsable”, tal como ya lo establece la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador (2013-2023). Para comprender verdaderamente a los NNA como ciudadanos es necesario integrar en el corazón de nuestro sistema educativo público una Filosofía de la Educación liberadora, una que tenga como objetivo “aprender a construir el mundo juntos” (Cortina, 2009).

El peligro del déficit de ciudadanía
En la agenda de la clase política no se contempla la deuda en formación ciudadana; persiste, por el contrario, una concepción capitalista de la educación. El 7 de enero 2020, la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa valoró ampliar, nuevamente, el bachillerato general a tres años. Reinaldo Carballo (PDC) expresó que el objetivo de solicitar tal reajuste era ofrecer “un nuevo perfil, un muchacho que se pueda subir al vehículo de la cuarta revolución industrial” (Magaña, 2020). Es penoso que a estas alturas sigamos embarcados en el mito del progreso lineal e infinito. Somos un país productor de víctimas sacrificiales, porque a ese sistema injusto le ofrecemos nuestros jóvenes, a quienes etiquetamos como mano de obra barata y dócil.

En un sistema de explotación, las vidas de los oprimidos figuran como una jugosa ganancia. Para dejar de ser víctimas y transformarnos en sujetos de la historia debemos evitar caer en la trampa del déficit de ciudadanía. El déficit de ciudadanía sucede cuando aun teniendo el derecho no se alcanzan los beneficios. O, peor aún, cuando preferimos el tutelaje y nos limitamos a confiar ciegamente en los partidos y en el Estado, corriendo el riesgo de volvernos “ciudadanos-siervos” (Capella, 1993).

¿A quiénes beneficia, entonces, que no ejerzamos la ciudadanía?

A los que usan los partidos políticos como instrumentos para el enriquecimiento ilícito. A los que toman decisiones en nombre de la mayoría, pero se niegan a ser evaluados por ella. A los que dicen utilizar “sabiamente” nuestro dinero público, pero se ofenden al escuchar la palabra “transparencia”. A los que nos mal informan para sembrar la desunión y el odio al explotar la simplificación (burda) de los “buenos” y los “malos”. A los que gestionan en beneficio de unos pocos para ganarse su favor, a costa de despojar a los más necesitados. A los que reprimen para quedar de salvadores, en vez de apostar por educar y rehabilitar. A los que usan la máscara del funcionario “cool” para justificar su inmadurez y sus berrinches. A los que se niegan a escribir sus fantasiosos planes políticos mesiánicos, porque alegan que el lenguaje humano “los limita”. A los que les conviene que nos ofusquemos y desanimemos para evitar que imaginemos otros posibles futuros juntos. A los que expolian la cultura de los pueblos indígenas y los que prefieren unas expresiones artísticas oficilialistas, decorativas y mansas. A los que matan o reprimen a los diferentes, porque necesitan de sus “iguales” para seguir gozando de privilegios. A los que la memoria y la verdad no les favorecen porque los descubren como culpables.

Al no practicar la ciudadanía se empobrece y se degenera la democracia. Nada va a mejorar en el país si nos negamos a cargar con la cuota de realidad e historia que nos corresponde. Es por ello que en esta coyuntura urge dejar de sufrir pasivamente y empezar a exigir y construir —en nuestra calidad de ciudadanos activos— una escuela pública útil que de verdad forme ciudadanos salvadoreños reflexivos, resilientes, responsables, críticos, deliberantes y creativos.

Nuestra corrupta clase política y nuestra precaria realidad puede ser material de buenos memes, pero la burla no debe distraernos. Si aspiramos a otro El Salvador, más justo y con mayores oportunidades, alineado en una comprensión de desarrollo más humano, debemos comenzar a aprender y enseñar la ciudadanía para empoderarnos y responsabilizarnos de nuestra condición política.

Dalia Chévez es licenciada en Filosofía con una maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación (UCA). Trabaja como docente, tallerista y gestora independiente.
 
Dalia Chévez es licenciada en Filosofía con una maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación (UCA). Trabaja como docente, tallerista y gestora independiente.


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