En Centroamérica se viven momentos complicados. En los últimos años se ha palpado un deterioro de ciertas garantías, como la libertad de expresión y el derecho de asociación. Los gobiernos han empleado maniobras para criminalizar bajo la apariencia de mayores controles administrativos. Esto se debe, en parte, a que se ha ampliado la conciencia de los pueblos respecto a la forma en que las redes del crimen operan inmiscuyéndose en cavernas privadas, públicas, bancos, jueces, fiscales. Mucho de esto ha sido revelado por los medios independientes que son una de las luces más luminosas que han despertado a la ciudadanía y que por eso mismo se convierten en siluetas a las que deben apuntarles.
En la misma semana, incidentes notables ocurrieron en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Una carta de congresistas de Estados Unidos puso el dedo sobre el autoritarismo de Nayib Bukele con relación al acoso contra El Faro y otros medios. Además, Michael Kozak, subsecretario de Estado para América Latina, el jefe de los embajadores estadounidenses de la región, instó a respetar a los periodistas en El Salvador. Mientras tanto, en Guatemala, Miguel Martínez, el funcionario más cercano al presidente Alejandro Giammattei (y de quien se dice que es su pareja), denunció a Plaza Pública antes de que se publicara el reportaje donde se demuestra que Martínez y Giammattei son socios en una empresa. Días después, policías capturaron al periodista Sonny Figueroa, quien ha sido uno de los más críticos fiscalizadores del gobierno guatemalteco. Un juez decretó la inexistencia de pruebas en su contra y ordenó investigar a los policías que lo detuvieron supuestamente por alterar el orden público y ofrecer sobornarlos.
En Nicaragua la represión mediática ha cobrado un triste grado de cotidianidad. Luego de los videos que vimos sobre los allanamientos a El Confidencial, se ha desatado una serie de operaciones que se intentan enmarcar en la legalidad, pero que en el fondo obedecen a una política de represión a la crítica pública. El pasado sábado 12 de septiembre, el gobierno de Ortega embargó al Canal 12, uno de los que aún se salvan de la intervención oficial, argumentando impago de impuestos.
Este panorama refleja que algunos medios -muchos de ellos desde plataformas digitales y que han sido ninguneados por funcionarios- representan una fuerza crítica que interpela de frente al poder. Ante esto, los ataques a la prensa se desarrollan en varios niveles. Se dan los intentos por asfixia económica, estigmatización a reporteros y directores, difamación desde las redes sociales, imposición de requisitos administrativos de fachada, denuncias penales, entre otros. La creatividad que no tienen para resolver los problemas nacionales sí la demuestran en mecanismos para amedrentar simulando cuestiones legítimas.
En contra las de las organizaciones sociales suceden cuestiones similares. En Guatemala la primera iniciativa de ley que el presidente Giammattei impulsó fue una norma contra las ONG, que en una cláusula facultaba al gobierno a suspender organizaciones que “alteraran el orden público”. El Congreso la aprobó con mayoría calificada y con estruendosos aplausos del sector privado, quienes a menudo urgen a la Fiscalía a perseguir a líderes comunitarios que se oponen a la construcción de megaproyectos. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad la suspendió por violar derechos fundamentales. Esta ley se inspiraba en normativas aprobadas en abril de 2019 en Nicaragua, donde se ha utilizado este instrumento legal no solo para cancelar a agrupaciones sociales, sino para ir contra medios de comunicación con la débil explicación de que están constituidos como asociaciones.
La última fase de la criminalización contra la sociedad civil y medios de comunicación son las capturas y eventuales sentencias condenatorias por casos montados. El inicio de esta se da desde una construcción narrativa que busca justificar estas acusaciones espurias. Por eso vemos que en las redes sociales los gobiernos invierten una cantidad exorbitante de dinero para difamar desde cuentas sin nombre y desde los famosos netcenters o trollcenters. De esta forma tratan de insertarse en la cabeza de la persona calumniada para que evite continuar con su labor de denuncia, envían mensajes a los demás para que “no se metan” en este tipo de actividades e intentan deslegitimar su voz.
Los apoyos internacionales han sido relevantes y más necesarios que nunca, pues a lo interno de los países los sistemas de justicia han sufrido considerables atropellos. En El Salvador, la CICIES resultó una pantomima, en Honduras se expulsó a la MACCIH y se han aprobado amnistías para liberar a sindicados poderosos, en Guatemala se bloqueó la renovación de la CICIG; mientras que en Nicaragua continúan las detenciones arbitrarias. Esto provoca que las fiscalías sirvan a los caprichos de los gobernantes, por lo que la judicialización de casos contra activistas y reporteros es una realidad y corre el riesgo de agravarse.
Escribo esto desde un impulso centroamericanista por caminar hacia una auténtica libertad que casi dos siglos después no se ve clara en un mundo en el cual las élites usan los nacionalismos, como en el pasado, para legitimar prácticas autoritarias. En los últimos cinco años se han dado revueltas sociales en Guatemala, Honduras, Nicaragua, parte de una oleada de personas que insistimos en reivindicar una libertad indiscutible, una de la que no hemos gozado plenamente en estos 199 años.
Existen innegables avances, sí, ya que hace tres décadas escribir un texto como este era una sentencia de muerte. Pero ahora el silenciamiento se arma con triquiñuelas jurídicas y con la cooptación de los grandes consorcios de noticias que se caracterizan por difundir la propagando oficial. La libertad de expresión en estos momentos se encuentra en un riesgo desconcertante con el objetivo de que se diga únicamente lo que estas élites quieren, y no más que eso.
