El Estatus de Protección Temporal (TPS) existe gracias al activismo de la comunidad de inmigrantes de salvadoreños en Estados Unidos. Los “tepesianos”, como ellos mismos se autodenominan, se han organizado durante décadas para velar por sus derechos. Ante el inminente riesgo de una cancelación definitiva del TPS y la deportación de sus beneficiarios, es indispensable regresar a las bases. Este programa se creó gracias al activismo de base de los mismos migrantes y aliados que en los años 80 desafiaron las políticas de la Casa Blanca. La vía para encontrar una solución permanente a esta población no es un mesías ni favoritismos. La solución está en respaldar la abogacía que los tepesianos y las organizaciones aliadas han desarrollado durante años.
En 2017, el presidente Trump anunció por primera vez su intención de poner fin al TPS para obligar la deportación de sus beneficiarios. Lo hizo como parte de su objetivo de combatir la inmigración indocumentada de personas de color, esa que le generó tanto rédito electoral. Hace unos días, el 14 de septiembre del 2020, la corte de apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos dictaminó que la Administración Trump puede continuar con su plan de poner fin a este estatus. La decisión deja al borde de la deportación a unos 300 000 inmigrantes de El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití. La justificación oficial para terminar con el TPS es que se trata de un estatus temporal y que las condiciones que justificaron la protección de los salvadoreños durante años ya han cesado.
Hay quienes creen que el TPS fue una protección brindada por el Gobierno de Estados Unidos a los salvadoreños únicamente después de que el país fue tremendamente golpeado por el huracán Mitch a finales de los 90, y posteriormente por los terremotos de enero y febrero del 2001. Bajo esta lógica, la protección temporal podría haber terminado en cuanto el país se recuperó significativamente de estas catástrofes. Pero la batalla por terminarlo inició casi 20 años después. Realmente, el origen del TPS se remonta años antes de dichas catástrofes naturales. Nace de la preocupación de gente común por brindar una solución humanitaria a los refugiados salvadoreños, y está estrechamente relacionado con la intervención de Estados Unidos en la guerra civil de El Salvador.
Como ya ha sido documentado, en su intento por combatir el comunismo, el gobierno de Estados Unidos financió significativamente dicha guerra, y entrenó y asesoró al gobierno militar salvadoreño. El conflicto armado desplazó a más de un millón de personas y se estima que la mitad de ellas huyó hacia Estados Unidos. Al llegar a ese país, los salvadoreños buscaron asilo político, pero el 98 % de sus solicitudes fueron denegadas.
Históricamente, la figura de asilo y refugio de ese país ha sido utilizada como una herramienta de política exterior, más que como una herramienta humanitaria. En la administración del presidente Reagan se favoreció, en su mayoría, a solicitantes que provenían de países con gobiernos comunistas, pero solían negárselo a quienes huían de países apoyados por Estados Unidos, donde este había contribuido en generar las condiciones que forzaban a las personas a huir. El Salvador era uno de esos países.
Los refugiados salvadoreños comenzaron a ser catalogados intencionalmente como migrantes económicos. Y a pesar de que las condiciones en El Salvador eran frágiles y riesgosas, comenzaron a ser deportados a lo que podía ser una condena de muerte. La necesidad de una solución comenzó a ser evidente. Las comunidades religiosas y activistas sociales se vieron forzadas a responder y los migrantes se comenzaron a organizar. En un vecindario de Boston, un pequeño grupo de personas de la comunidad conformó el Comité para Centroamérica de Jamaica Plain (JPCOCA, por sus siglas en inglés) para discutir qué podía hacerse ante la intervención de Estados Unidos en El Salvador y su negativa de dar protección a los refugiados salvadoreños. Su plan fue convencer al congresista Joe Moakley a ayudar a los refugiados salvadoreños a recibir un estatus legal en Estados Unidos. Carly Goodman, profesora de La Salle University cuenta en un artículo en el Washington Post que la pequeña organización trabajaba cada sábado recolectando firmas en una mesa afuera de la oficina de correos. Se aliaron con organizaciones locales de inmigrantes, como Centro Presente, Oficina Hispana, American Friends Service Committee, entre otras, para convencer al congresista de brindarles su apoyo.
Así fue como un movimiento de base comunitaria afrontó las políticas establecidas por la Casa Blanca para apoyar a los refugiados salvadoreños. Abogados y activistas desafiaron las políticas de Reagan en las cortes y ante el Congreso. Presentaron una demanda colectiva en 1985 en contra de la administración Reagan, en nombre de los refugiados salvadoreños y guatemaltecos. En 1990, el arduo trabajo de los activistas, organizaciones de base y de Moakley, el congresista aliado, dio resultados. Ese año, bajo presión, el Gobierno de Estados Unidos acordó brindar por primera vez el Estatus de Protección Temporal a los salvadoreños que huían de las condiciones en El Salvador.
Aunque la meta era una solución más permanente, el TPS supuso un alivio para frenar las deportaciones. Para 1992, se estima que unos 187 000 salvadoreños vivían con TPS en Estados Unidos. En 2001, tras los dos terremotos azotaron el país, el programa se amplió y permitió que más salvadoreños fueran acogidos bajo este estatus. Para el 2016, un aproximado de 195 000 salvadoreños tenían la protección.
La capacidad organizativa de las comunidades en USA es poderosa. En el pasado y en el presente han influenciado la opinión pública y frecuentemente promueven cambios en las políticas de este país. La historia del TPS no es la única. Recientemente, por ejemplo, la Política de Tolerancia Cero, impulsada por Trump y que propiciaba la separación de familias migrantes en la frontera, fue frenada con activismo de base, la influencia de los medios y las organizaciones de abogacía legal que retaron a su propio gobierno en las cortes.
El liderazgo de la comunidad de inmigrantes salvadoreños es evidente en el frente de la batalla legal para defender el TPS. En 2018, un grupo de organizaciones, incluyendo la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, liderada por el salvadoreño Pablo Alvarado, presentó una demanda contra el gobierno federal en nombre de nueve titulares del TPS y cinco hijos de tepesianos nacidos en USA. Uno de los demandantes es Crista Ramos, una adolescente hija de una madre salvadoreña en peligro de deportación. Hasta la fecha, ha sido esta demanda la que ha frenado la intención de Donald Trump de terminar con el TPS.
Para encontrar una solución para los salvadoreños amparados bajo el TPS, el Gobierno de El Salvador debe capitalizar el liderazgo de las comunidades migrantes y de sus aliados. Para ello, necesita reconocer su lucha y sumarse a sus esfuerzos. Fue el activismo salvadoreño el que hace muchos años desafió a la Casa Blanca para lograr algo que parecía imposible: crear un nuevo estatus migratorio en Estados Unidos, el TPS. Será ese mismo activismo el que enfrente los retos actuales. “Hoy más que nunca, a luchar” es la consignia de la Alianza Nacional por el TPS para decir que no se detendrán hasta lograr la residencia permanente.
