En los últimos días se ha dado a conocer por medio de reportajes periodísticos que mujeres detenidas en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos han sido esterilizadas sin su conocimiento o consentimiento. Esta violación a sus derechos reproductivos hace parte de la creciente desvalorización de las vidas de mujeres inmigrantes, a través de políticas estatales que socavan poco a poco los derechos fundamentales a la salud y la justicia.
Los casos de histerectomías, ligaduras de trompas y extirpaciones de ovarios sin el consentimiento de las mujeres, aunque aterradores, no son una excepción. Estados Unidos tiene una larga historia de violentar los derechos reproductivos y sexuales de mujeres indígenas, negras, puertorriqueñas, mexicanas, y blancas pobres. La esterilización forzada ha sido un instrumento de control estatal de larga travesía y hoy nos encontramos nuevamente con tal abuso. Esta vez es perpetrado en contra de mujeres inmigrantes detenidas, uno de los grupos más vulnerables en el país.
Miles de mujeres huyen cada año de sus países por causa de la violencia de género. Llegan a Estados Unidos buscando protección en forma de asilo, pero terminan hacinadas en centros de detención. La situación en centros de detención es preocupante. Ya varios estudios y reportajes, incluso algunos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), han sacado a la luz condiciones alarmantes de insalubridad, hacinamiento, brotes de paperas, influenza y piojos, descuido al cuidado de menores, falta de atención médica incluso en casos de cáncer, violencia sexual, entre otros. El Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha determinado que tales condiciones representan una crisis de salud pública.
En el contexto de la pandemia por covid-19, estas condiciones se han agudizado, pues las autoridades no se han preocupado por garantizar la salud de las personas detenidas. Y sus redes de transporte aéreo utilizadas para mover a personas detenidas o deportadas también les maltratan y son focos de transmisión de covid-19 a más comunidades. El 90 % de los inmigrantes detenidos son originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y México.
Hasta esta fecha se han reportado 600 casos activos y por lo menos 6 muertes. El gobierno estadounidense no ha mostrado ningún interés por la salud de estas personas e incluso les ha negado cuidados médicos críticos. Tras varias investigaciones, la organización internacional Physicians for Human Rights (PHR), ha denunciado lo que llaman tortura y negligencia médica extrema en centros de detención y en contra de personas que buscan asilo. En su afán por expandir el sistema carcelario que atrapa cada vez a más inmigrantes, el gobierno estadounidense vulnera el derecho universal a la salud y tratamiento médico, de mujeres, hombres y niños centroamericanos y mexicanos.
Las mujeres en detención, quienes han llegado hasta ahí en su afán de huir de las múltiples violencias que experimentan en sus países, terminan siendo revictimizadas en estos centros donde se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. Esto pone en relieve la brutalidad del sistema migratorio. Las experiencias de mujeres centroamericanas que buscan asilo son de especial atención para nosotras. Como sociólogas salvadoreñas investigando temas de inmigración y violencia, también apoyamos a estas compatriotas centroamericanas. Lo hacemos a través de trabajo pro-bono, testificando en cortes en Estados Unidos, apoyando empíricamente sus solicitudes de asilo, presentando nuestros estudios para respaldar los argumentos de los abogados para que el gobierno les otorgue asilo.
El proceso para determinar si un caso merece asilo se basa en conocer ampliamente lo que han vivido las mujeres y por qué buscan asilo. Leemos sus casos en detalle, a veces las entrevistamos para aclarar preguntas y luego escribimos nuestras declaraciones para argumentar por qué merecen protección legal y por qué no deben ser deportadas. Trabajamos el tema de violencia de género, en muchos casos lo que se conoce por violencia doméstica, pero también muchos otros tipos de violencia que las mujeres sufren por solo el hecho de ser mujeres.
Los cuerpos de estas mujeres son evidencia de los estragos que la violencia les causa, como cicatrices, mutilaciones e inmovilidad permanente en piernas y brazos. El nivel de abuso y violencia que han sufrido es contundente. Las experiencias de todo tipo de violencia –física, sexual, psicológica—que han sufrido estas mujeres adquieren niveles superlativos, tanto que en ocasiones hasta los mismos jueces se conmueven.
Estas mismas mujeres además ahora corren el riesgo de ser sometidas a procedimientos médicos que usurpan sus derechos al ser detenidas mientras esperan que sus solicitudes de asilo sean evaluadas.
La muerte de Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, representa un riesgo inminente para los derechos reproductivos y sexuales más que nunca en la historia de este país, y, por tanto, los derechos de las mujeres inmigrantes se vuelven aún más frágiles. El 17 de septiembre se publicó la historia de “María”, una salvadoreña a quien le realizaron una histerectomía sin su consentimiento y que se encontraba en detención en 2017 porque solicitaba asilo.
Tras pasar siete meses en detención esperando una decisión sobre su caso de asilo, fue deportada a El Salvador en abril del 2018. Es muy probable que no obtendrá la justicia que por derecho le corresponde. Casos como el de “María” y otras tantas mujeres que salieron de sus países buscando seguridad, que sufrieron violencia en el camino y que fueron detenidas, maltratadas y finalmente esterilizadas sin su consentimiento representan distintos ciclos de violencia que no debemos ni podemos permitir que sigan ocurriendo. Erradicarlos requiere cambios en el sistema, tanto de justicia de género en Centroamérica como de migración y derechos reproductivos en Estados Unidos.
*Cecilia Menjívar es socióloga salvadoreña. Se desempeña como profesora de la Universidad de California, en Los Ángeles, y en junio 2020 fue nombrada Presidenta de La Asociación Estadounidense de Sociología. Ha sido ampliamente reconocida como una de las académicas de inmigración más influyentes, así como una de las pioneras más notables del campo interdisciplinario de los estudios centroamericanos.
*Leisy Ábrego es profesora y directora del programa Chicana/o and Central American Studies en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
