La asamblea de representantes de asociaciones de periodistas para elegir la terna de donde saldrán dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se adelantó un día y se desarrolló en secreto sin la posibilidad de que personas particulares, periodistas y organizaciones como el Grupo Promotor de la LAIP pudieran presenciar la votación como observadores.
La votación había sido programada para el miércoles 2 de septiembre, según el acta del cierre de inscripción de candidaturas que el 21 de agosto la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó en su sitio web. La Secretaría es la oficina responsable del proceso de votación del sector de periodistas. A finales de agosto, la Secretaría cambió la fecha de la asamblea y lo notificó solo a los representantes de las dos organizaciones convocadas.
Según Mauricio Cácares, presidente de la Cámara de fotógrafos, camarógrafos, reporteros y técnicos de El Salvador (Cafocares) ellos fueron notificados del cambio de fecha “un día de la semana pasada”. La Secretaría les informó por llamada y correo electrónico que la asamblea se llevaría a cabo el martes 1 de septiembre y no el miércoles 2, como estipuló el acta de cierre de inscripción de candidaturas.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su reglamento establecen en el artículo 53 y 64, respectivamente, que la convocatoria de la asamblea debe hacerse 'por lo menos' con 15 días de anticipación. Según una circular publicada por Casa Presidencial en febrero, se trata de días hábiles, con lo cual, si la convocatoria fue el 21 de agosto, la asamblea no podía efectuarse antes del viernes 11 de septiembre.
El adelanto en la fecha es solo la primera de una serie de irregularidades denunciadas en este proceso. El Grupo Promotor de la LAIP y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la asociación que intentó participar en la elección pero que terminó excluida, reclamaron la violación de al menos dos artículos de la LAIP y otros cuatro del reglamento. Señalan que se incumplieron requisitos de ley como la cantidad mínima de asociaciones participantes requerida, que es de tres; los plazos a tomar en cuenta para la inscripción de candidaturas y la celebración de la asamblea, así como también la insuficiente transparencia y publicidad del proceso.
Los dos representantes de gremiales que participaron en la asamblea del martes 1 y que tenían derecho a voto son Mauricio Cáceres, en representación de la Cafocares y, Antonio Fuentes, de la Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (Aspies), que fueron las únicas dos instituciones que la Secretaría permitió que se inscribieran. Ambos tenían derecho a votar por un comisionado propietario y un comisionado suplente. Sin embargo, la LAIP establece, en el artículo 53, que el resultado de la asamblea es la selección de una terna para propietarios y otra de suplentes, para que la Presidencia de la República designe finalmente a uno por cada categoría.
Es decir, es imposible que en la asamblea del 1 de septiembre se haya elegido una terna para comisionado propietario y una terna para comisionado suplente, si ambas asociaciones solo tienen derecho a un voto. El presidente Bukele debía poder elegir de entre una terna, no de entre una pareja. Se intentó obtener una postura por parte de Aspies a través del directivo Mauricio Fuentes pero al cierre de la nota no respondió ni llamadas ni mensajes.
La APES, una de las asociaciones más grandes de periodistas, fundada en 1936, quedó excluida del proceso. El 20 de julio, la APES había informado a Casa Presidencial que necesitaba más tiempo para obtener sus candidatos y poder inscribirlos al proceso. Cinco días antes, el 15 de julio, la oficial de información de la Presidencia, Gabriela Gámez, notificó electrónicamente a las tres asociaciones –incluyendo la APES- que la Secretaría había reanudado el proceso para elegir a los comisionados y brindó hasta el 22 de julio para que las asociaciones interesadas inscribieran sus candidatos. El proceso había sido suspendido en marzo ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La asamblea del martes 1, a juicio del Grupo Promotor y de la APES, viola el artículo 53 de la LAIP y los artículos 63 y 64 de su reglamento, que ordena a las asociaciones participantes a buscar sus propias candidaturas en el plazo de 60 días, de cara a la asamblea de todo el sector. Es decir, que si la notificación de la reapertura del proceso ocurrió el 15 de julio, a partir de ahí corren 60 días hábiles para que las gremiales participantes seleccionen a sus candidatos que luego propondrán a la Secretaría. 'Dicha convocatoria servirá como un llamamiento para que cada Entidad Proponente inicie su proceso interno para elegir a los candidatos que serán propuestos e inscritos posteriormente...', dice el artículo 63 del reglamento.
A juicio de la APES, no se brindó el plazo para que las asociaciones elijeran a sus aspirantes. 'El proceso se ha retomado como si no hubiera pasado nada, [la Secretaría de Comunicaciones] agarró el plazo como quedó antes de entrar en la cuarentena cuando esta circunstancia ameritaba iniciar nuevamente el proceso. Por ejemplo, algunas solvencias de los aspirantes ya se vencieron', señaló Susana Peñate, de la junta directiva de la APES, en conferencia de prensa este miércoles.
Angélica Cárcamo, presidenta de la asociación, agregó que la Secretaría no informó personalmente sobre la asamblea que iba a desarrollarse el 2 de septiembre y mucho menos sobre el último cambio de fecha. La fecha original, 2 de septiembre, fue descubierta por la APES durante un monitoreo rutinario en el sitio web de Casa Presidencial a finales de agosto. En ese sitio web, aparece un documento fechado 21 de agosto en el que hacen la convocatoria para el día 2. “La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, que cuenta con un equipo de trabajo que publica cada declaración de sus funcionarios, no fue capaz de hacer público el proceso de elección de comisionados al IAIP por parte del gremio de periodistas”, reclamó Cárcamo.
Consultado sobre las anomalías en las fechas de la convocatoria, Mauricio Cáceres, de Cafocares dijo que no le extrañó que la asamblea se haya hecho el 1 de septiembre y no el 2, porque esa fue la fecha inicial que se había manejado, 'que posteriormente lo cambiaron para el 2 de septiembre', pero que finalmente quedó establecida para el martes 1 de septiembre.
Según Cáceres el proceso no ha sido irregular y le extraña que APES se queje, porque a todas las asociaciones les dieron el mismo tiempo y las mismas oportunidades para participar. La presidenta de la APES señaló que la asociación comienza el proceso de selección de candidatos cuando la Secretaría convoca al proceso y por eso esperaban que a partir de julio se contaran 60 días. Explicó que en febrero comenzaron a hacer el proceso interno para elegir candidatos, pero que el mismo fue suspendido en marzo por la pandemia. Luego, en julio, la reanudación del proceso, dijo Cárcamo, coincidió con el proceso interno para elegir nueva junta directiva, de la cual iba a emanar una convocatoria a asamblea de socios para votar por sus representantes a ser presentados ante la Secretaría de Comunicaciones. 'Buscábamos idoneidad y por eso nuestros socios nos mandataron a que eligieramos una terna de propietarios y una de suplentes, que no fuera solo una candidatura única', dijo Cárcamo.
El 31 de julio, la credencial de la junta directiva de APES se venció y procedieron a elegir nuevas autoridades, lo cual ocurrió a mediados de agosto. La APES se encontraba en el proceso de elegir a sus candidatos para la terna que propondrían a la Secretaría cuando se dieron cuenta que la asamblea se desarrollaría el 2 de septiembre. El martes 1, la APES envió un nuevo escrito a la Secretaría en el que pedía que se declarara desierto el proceso por el incumplimiento de plazos, y por carecer de la publicidad que exige el artículo 74 de la LAIP. Ni la APES ni el Grupo Promotor que había pedido ser observador se enteró que la votación se llevó a cabo el 1 de septiembre. Ni la convocatoria ni la realización de la asamblea trascendieron a la luz pública. Solo Casa Presidencial y las dos asociaciones participantes sabían del cambio.
En la elección no hay límites para la cantidad de candidatos a proponer y cuando ya están inscritos ante la Secretaría, esta convoca a una Asamblea General donde se eligen tres aspirantes para comisionado propietario (una terna, de la cual el presidente de la República, finalmente, elegirá a uno); y otros tres, para designar al suplente. Esa terna se elige así: cada asociación, a través de su presidente, tiene un voto de oro, es decir, que elige a un candidato que pasará automáticamente a la siguiente etapa que es de donde elige el presidente.
Por eso es necesario que haya al menos tres entidades proponentes, porque de lo contrario no se completa lo que exige la ley: que en la Asamblea resulte electa una terna para propietario, y otra terna para suplente. En la asamblea de este martes 1, según el representante de Cafocares, ellos votaron por un representante para propietario y uno para suplente. Según Cáceres, Aspies hizo lo mismo, pero no puede detallar nombres porque el resultado de la votación fue secreta, según dijo. Propuestos a elección, según la convocatoria de la Presidencial de la República, solo estaban cinco personas:
Luis Javier Suárez fue propuesto por Aspies para comisionado propietario. Desde octubre de 2019 hasta julio pasado fue gerente de operaciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). De octubre de 2014 a mayo de 2019 fue jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y de agosto de 2011 a agosto de 2012 fue oficial de información del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Gerardo José Guerrero Larín fue propuesto por Aspies para comisionado suplente. Entre 2013 y agosto de 2020 ha sido el jefe del Departamento Jurídico y de Resoluciones Catastrales de la alcaldía municipal de San Salvador. Desde enero de 2008 a diciembre 2009 fue jefe del Registro Público de Vehículos Automotores del Viceministerio de Transporte, una dependencia de Obras Públicas. Entre febrero y junio de 2010 fue responsable de atención al ciudadano en el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Jackeline Mirella Cáceres fue propuesta como comisionada propietaria por Cafocares. Ella ha sido periodista desde 1990. Su inicios fueron en el Canal 10 de televisión. Trabajó 26 años en El Diario de Hoy, donde llegó a fungir como editora de la sección Sucesos.
Claudia Castillo también fue propuesta como comisionada propietaria por Cafocares. Ella fue fotoperiodista de El Diario de Hoy y del periódico Más! entre 2007 y 2015. Actualmente trabaja en la UCA y es responsable de hacer visitas a centros educativos para incentivar a estudiantes que se matriculen en la institución.
Luis Alvarado fue la propuesta para comisionado suplente de Cafocares. Fue subjefe del noticieron Teleprensa de Canal 33 y trabajó en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia durante el gobierno anterior. Trabajó como jefe de prensa de ElBlog.com. También trabajó como productor multimedia en La Prensa Gráfica, ha sido locutor radiofónico y ha trabajado en televisión: como jefe de internacionales en TCS y como productor local en el país para la televisión pública alemana.
Aspíes, junto a Cafocares, son las mismas dos asociaciones que participaron de una primera elección celebrada en Casa Presidencial en febrero pasado. En aquella elección, Aspies postuló como candidato a comisionado suplente del IAIP al comunicador Juan Carlos Turcios, hombre de confianza del ministro de Gobernación Mario Durán. En la elección, a recomendación de la Secretaría de Comunicaciones, cambiaron las fichas y Rodríguez Turcios se convirtió en candidato a comisionado propietario. Bukele lo juramentó el lunes 10 de febrero, un día después de haber irrumpido en la Asamblea Legilastiva acompañado por militares y policías fuertemente armados. Rodríguez Turcios duró apenas 48 horas en el cargo. Renunció luego de las constantes recusaciones por falta de independencia en su contra. Quienes pedían que fuera apartado fueron los solicitantes de información durante las audiciencias programadas por el Instituto de Acceso a la Información.
El resultado de la asamblea de este martes 1 no se conoce y tampoco se ha hecho público por parte de la Secretaría de Comunicaciones, dijeron a El Faro representantes de Cafocares y de la APES. El Faro buscó una postura de la Secretaría a través de un mensaje de celular a su titular, Sofía Medina, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El presidente Nayib Bukele tiene 30 días hábiles para seleccionar a los dos nuevos funcionarios. Sin embargo, la APES anunció este miércoles que impugnará el resultado de la asamblea ante la Sala de lo Constitucional a través de un amparo. Si la Sala otorga una medida cautelar, el proceso podría quedar en suspenso, a espera que la Sala emita una resolución definitiva.
La asamblea a puerta cerrada se desarrolló menos de dos semanas después de que Capres removiera a la comisionada suplente Cesia Mena, por supuestos vínculos materiales con el FMLN. Mena sustituyó al comisionado propietario Alirio Cornejo quien desde junio de este año se reportó enfermo. A través de un comunicado difundido el 31 de agosto, el IAIP cuestionó la decisión de la Presidencia y exigió que se respete el debido proceso para pomover la separación de uno de sus miembros, además de respeto a la autonomía de la institución.
