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El Faro presenta amparo Constitucional contra Hacienda por solicitud de datos no tributarios

El viernes 11 de septiembre, El Faro presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema una demanda de amparo por la agresiva auditoría del Ministerio de Hacienda que recibe desde hace dos meses. El periódico considera que la intención de esta fiscalización excede lo tributario y solicitó medidas cautelares para evitar que Hacienda le siga exigiendo información no contable, relacionada con el funcionamiento interno del medio. También, adelantándose a posibles acciones legales, el miércoles 9 este periódico entregó voluntariamente a la Fiscalía parte de los documentos publicados que sustentan su investigación sobre la negociación del gobierno con la Mara Salvatrucha.

 
 

Los abogados de Trípode SA de CV, sociedad propietaria del periódico El Faro, presentaron este viernes 11 de septiembre ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de amparo por la auditoría a la que le está sometiendo el Ministerio de hacienda a este periódico. En su demanda, el periódico argumenta que la citada auditoría incluye solicitudes de información que exceden el interés tributario, como los libros completos de actas de Junta Directiva de El Faro, que incluyen discusiones de índole editorial, o los informes intermedios de ejecución de proyectos con fundaciones y organismos internacionales de cooperación.

El Faro, según el escrito presentado a la Sala de lo Constitucional, considera que el Ejecutivo está “utilizando el poder de fiscalización del Estado con fines distintos a los recaudatorios”, y advierte que sus acciones pueden derivar en “una forma de censura o restricción indirecta a las libertades de expresión e información”. La demanda incluye la solicitud de medidas cautelares para evitar que el periódico sea sancionado, o incluso sean allanadas sus oficinas, mientras se analiza su obligación o no de entregar toda la información solicitada por Hacienda.

El pasado 20 de julio, el departamento de investigación penal de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda informó a El Faro de la apertura de un proceso de auditoría tributaria a su contabilidad de los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018. Desde un inicio, El Faro brindó en los plazos solicitados los datos y documentos relacionados con temas contables y tributarios. Entre la información proporcionada a las autoridades están los estados financieros (balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio), conciliaciones bancarias, planillas de personal, contratos, y las facturas o recibos que respaldan todos los ingresos y gastos del periódico en los citados años, entre otra documentación.

Sin embargo, el periódico objetó desde un primer momento que la auditoría se remontara a ejercicios anteriores a los tres años que, por ley, pueden ser sometidos a auditoría. Y cuestionó que los requerimientos incluyeran todos sus libros de actas de Junta Directiva. Por ello presentó apelaciones a los requerimientos, que fueron desestimadas por el Ministerio.

Nuevos requerimientos

El pasado 3 de septiembre, en medio de una campaña de acusaciones contra El Faro por parte del presidente de la República, que llamó a este periódico “basura” y le acusó de planear una “cortina de humo” con sus publicaciones, Hacienda hizo un nuevo requerimiento de información. En él exige al periodico intercambios de carácter privado con organizaciones internacionales que lo financian, o la identidad de todos los suscriptores que son parte del programa de "Excavadores ciudadanos”. Este periódico considera que estos datos tampoco tienen relevancia tributaria y teme que puedan ser usados por el gobierno con fines distintos a los que corresponden a una auditoría.

Arnau Baulenas, uno de los abogados de El Faro, teme que la intención de fondo sea “la restricción a la libertad de expresión”. “Hacienda puede iniciar un proceso de fiscalización contra cualquier empresa o persona, pero con los fines que establece la ley”, explicó Baulenas. “No se puede aprovechar de tener la potestad de iniciar un proceso de auditoría para pedir que se le entregue información que no tiene relevancia para su investigación, y que tiene un impacto mayor por ser la empresa auditada un periódico, un medio digital”.

La demanda de amparo hace referencia a varias resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para señalar que “dentro de las restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión se comprende también el uso de las facultades legales de la Hacienda Pública, con una clara desviación de poder que no busca recaudar los ingresos tributarios del Fisco sino amedrentar, acosar o incluso configurar arbitrariamente la comisión de supuestos delitos”. Esta fiscalización a El Faro sucede en un momento en el que diversos medios de comunicación y periodistas independientes han denunciado ataques cibernéticos, seguimientos, robos selectivos y campañas de acoso desde el entorno gubernamental.

Jose Luis Sanz, director de El Faro, coincide en que parte de la información solicitada por el Ministerio de Hacienda “parece estar alejada” del objetivo normal de una auditoría. “Nuestros abogados y asesores tributarios temen que las solicitudes puedan ir dirigidas a afectar, de alguna manera, las operaciones del periódico o de las personas y organizaciones que sostienen nuestro funcionamiento”, afirmó Sanz.

Esta no es la primera auditoría que El Faro enfrenta en los últimos años. En 2018, durante el Gobierno de Salvador Sánchez Ceren, Hacienda ya abrió una auditoría a la contabilidad del ejercicio 2015 de Trípode SA de CV, de la que finalmente el ministerio desistió. Aquel año, este medio llegó a enfrentar de forma simultánea hasta tres auditorías por parte del Gobierno: una de Hacienda, otra del Ministerio de Trabajo y otra más del Ministerio de Economía.

El Faro pidió a Vilma Chávez, encargada de comunicaciones del Ministerio de Hacienda, una reacción a la solicitud de amparo realizada por El Faro, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

En Nicaragua, el sábado 12 de septiembre, el Gobierno de Daniel Ortega embargó a través de su Dirección General de Ingresos (DGI) el Canal 12, uno de los pocos medios televisivos libre de control estatal en el país, después de imponerle de manera irregular una multa de 21 millones de córdobas (unos 600.000 dólares al cambio oficial) por presunta evasión de impuestos. En los últimos meses, el régimen nicaragüense también auditó e impuso una multa millonaria a Canal 10, que deberán pagar ocho millones de córdobas según el periódico El País . Ambos medios han sido críticos en los últimos dos años con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejecutivo. La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado el embargo .

Documentos de la negociación con la MS-13

También a través de sus abogados, seis días después de la publicación de la investigación “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral” , El Faro entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) parte de la documentación en su poder que sustenta el reportaje.

Tras haber anunciado la apertura de una investigación sobre las revelaciones hechas por El Faro, la Fiscalía allanó el lunes 7 de septiembre la sede central de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), así como las penitenciarías de Izalco, en Sonsonate, y Zacatecoluca, en La Paz, para incautar documentos y computadoras. Ante estas actuaciones, el miércoles 9 de septiembre, a las 11:30 de la mañana, el abogado Arnau Baulenas presentó en las oficinas de la FGR un documento dirigido al fiscal general, Raúl Melara, con el que este periódico le proporciona copia de los documentos oficiales ya publicados.

José Luis Sanz explicó que, a lo largo de los años, en múltiples ocasiones la Fiscalía ha solicitado formalmente al periódico copias notariadas de documentos ya publicados para incorporarlos a sus expedientes de investigación de posibles casos de corrupción, revelados a través de investigaciones periodísticas. Aclaró sin embargo que el periódico nunca comparte información que comprometa a sus fuentes o que vaya más allá de los datos o hechos publicados, y que en este caso la información se entregó “por iniciativa propia”.

“Vista la campaña de descrédito que se ha abierto desde el Ejecutivo contra nuestra publicación, y la celeridad con la que está actuando la Fiscalía, nos pareció prudente adelantarnos a la segura petición de esos documentos”, dijo el director de El Faro.


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