El ministro de Hacienda retó este miércoles 23 de septiembre a los diputados de la comisión especial de la Asamblea que investiga los gastos de la pandemia. Esta es la segunda vez que Alejandro Zelaya desoye el llamado para que transparente el uso de los más de $3 mil millones de dólares que el gobierno ha tenido a su disposición para enfrentar la pandemia.
'Señores diputados hagan lo que quieran, usen todas las herramientas legales que ustedes consideren necesarias para hacerme perder el tiempo', escribió en su cuenta oficial en Twitter, luego de que la Comisión lo convocara, por tercera vez, a rendir cuentas el miércoles 30 de septiembre. Si no acude, la Asamblea puede llamarlo con apremio.
Según la Comisión, que esperaba al ministro para que explicara el uso de fondos durante la emergencia, y 'la colocación de títulos y préstamos', Zelaya pidió 15 días para presentar un informe que explique la colocación de letes y cetes en el marco de la pandemia. Aún así, los diputados señalaron que el ministro desoyó la convocatoria. En Twitter, Zelaya argumentó que está preparando el proyecto de presupuesto 2021, que sería presentado el martes 29.
De fondo, el Gobierno Bukele se sigue resistiendo a transparentar hacia dónde fue a parar parte de los más de $3 mil millones que ha tenido disponible para enfrentar la pandemia por covid-19. Casi la mitad de ese dinero provino de deuda a corto plazo adquirida con la banca local, misma a la que se le otorgaron concesiones a cambio de financiarla.
El gobierno anunció el 21 de septiembre que había adquirido una nueva deuda por $645 millones de dólares en concepto de deuda de corto plazo. El anuncio ocurrió cinco días después de que el entonces presidente del Banco Central de Reserva revelara en un informe a la misma comisión especial de la Asamblea que el gobierno había dispuesto de más de $3 mil millones entre marzo y agosto 2020 para atender las necesidades por la pandemia. Para esta nueva colocación de Certificados de la Tesorería (cetes) el Estado revalidó las concesiones otorgadas por el Estado a los bancos, que incluyen la modificación de la reserva de liquidez a cambio de que sean estos quienes financien los conocidos “créditos puente”.
Para enfrentar los efectos de la pandemia, la Asamblea autorizó al gobierno, entre marzo y abril, que adquiriera deuda por hasta $3000 millones de dólares. Desde mayo, sin embargo, el presidente y sus funcionarios lanzaron una campaña en redes sociales que responsabilizaba a los diputados de no tener fondos, pese a que la responsabilidad de buscar ese dinero es del Ministerio de Hacienda.
En junio, el entonces ministro del ramo, Nelson Fuentes, presentó un informe ante la comisión de Hacienda que contradecía la campaña gubernamental. En ella daba cuenta de la estrategia de financiamiento en el marco de la pandemia, en donde explica la adquisición de deuda a corto plazo que posteriormente sería cancelada con la emisión de bonos en el mercado internacional. En ese informe se explicaba también el traslado de $544.9 millones de la caja fiscal al Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para financiar las necesidades producto de la emergencia por la covid-19 y la tormenta Amanda. Así mismo, se informó del traslado de $26.1 millones entre ministerios, destinados para el pago de salarios y el funcionamiento de la Anda y del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que se convirtió en el Hospital El Salvador.
El pasado 16 de septiembre, Nicolás Martínez, entonces presidente del Banco Central de Reserva, desmintió nuevamente el argumento del presidente Bukele respecto a que no habían tenido “un centavo partido por la mitad” para enfrentar la pandemia. En su informe se reveló, además, que los bancos en El Salvador han sido los grandes ganadores de la crisis, ya que han sido los principales acreedores de la deuda a corto plazo.
Entre enero y agosto de este año, el Ejecutivo tuvo acceso a $3 251 276 257.37, de los cuales casi la mitad, $1 595 000 millones, se obtuvieron por medio de la colocación de Letras del Tesoro del Estado (letes) y Certificados de la Tesorería (cetes) con bancos en El Salvador a unas tasas de interés que rondaron entre el 4.5 % y el 9.5 %. El resto son producto de la colocación de bonos en el mercado internacional y de donaciones. Un día después del rendimiento de su informe, Martínez presentó su renuncia “por motivos de fuerza mayor”.
Si bien el informe presentado por Hacienda en la Asamblea daba pistas de en qué se usaría parte del dinero, el destino de los fondos transferidos al Fopromid aún no ha sido transparentado. Cuando los diputados preguntaron a Martínez, él dijo en su defensa que el BCR no dispone de esa información, ya que la designación de fondos es potestad del Ministerio de Hacienda. El Faro consultó al exministro Nelson Fuentes por este dinero, y se limitó a responder “Yo veía recursos, no pagos”.
Endeudamiento riesgoso
Los resultados de las subastas públicas de la Bolsa de valores de El Salvador dan cuenta de un total de $844,905,200 millones colocados en concepto de letes entre el 27 de marzo y el 21 de agosto, con tasas de interés que van desde el 5.5 % a 9.5 % para ser pagados en un año. La primera colocación se dio un día después de que la Asamblea autorizara la adquisición de deuda por los primeros $2000 millones.
Esto también coincidió con la modificación de la reserva de liquidez que los bancos entregan diariamente al Banco Central de Reserva.
La reserva de liquidez es un porcentaje exigido a los bancos para que, en caso de crisis, exista disponibilidad de dinero para que los ahorrantes puedan retirar su dinero. O de que, en caso de que un banco quiebre, exista un colchón de emergencia para responder a quienes tenían depositado su dinero en él.
Modificar ese porcentaje, según expertos consultados por este periódico, debilita el sistema financiero, ya que supone menor disponibilidad de fondos para enfrentar una crisis en la que los ahorrantes decidan retirar su dinero de los bancos. Aunque este no es el escenario inmediato, los expertos aseguran que es una medida riesgosa que ese dinero se utilice para endeudar al Estado, en específico a tasas de interés tan altas.
Adquirir este tipo de deuda es normal para afrontar problemas de liquidez mientras se obtienen fondos de la venta de bonos en el mercado internacional. Sin embargo, la compra de letes se dio bajo dos condiciones particulares: la modificación de la reserva de liquidez y el establecimiento de una tasa de interés del 9.5 %. La primera colocación que se hizo en el contexto de la pandemia, el 27 de marzo, ascendió a poco más de $426 millones.
El 24 de marzo 2020, tres días antes de que los bancos compraran estos letes, el Banco Central de Reserva modificó los requerimientos de reserva de liquidez de depósitos que los bancos locales están obligados a entregar diariamente. Con esa modificación, el Estado autorizó que los bancos pasaran de entregar el 21.7 % a solo el 9.9 %. Aunque los bancos bajaron sus reservas solo al 17.2 % de los depósitos, tienen la puerta abierta para bajarla un 7.4 % más.
Martínez explicó ante la Comisión de Hacienda que se había otorgado esta medida a partir de que cinco bancos estaban teniendo problemas para cumplir con esta obligación. El 20 de septiembre, El Faro pidió a la Asociación Bancaria Salvadoreña una declaración sobre el proceso de negociación de la tasa de interés de la compra de letes del 27 de marzo 2020 y que especificara si se había hecho por medio de ellos o de manera específica con ciertos bancos. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. También se le preguntó por estos detalles al exministro de Hacienda, así como por su plan para cubrir la deuda de corto plazo para disipar los escenarios de riesgos, pero tampoco se pronunció sobre esto.
La reducción de este porcentaje le permite a los bancos tener mayor margen de uso del dinero de sus usuarios con dos propósitos: que se utilice para promover el acceso a créditos y para financiar al Estado con deuda de corto plazo. Los bancos aprovecharon esta flexibilización para lo segundo y a cambio negociaron una tasa de interés del 9.5 %, cinco puntos arriba de la tasa a la que se habían comprado letes el 23 de marzo de 2020.
En términos sencillos, estos mecanismos cumplen al Estado la misma función que una tarjeta de crédito, la cual le permite generalmente cubrir la brecha no financiada del Presupuesto General de la Nación, mientras se consiguen esos fondos por medio de préstamos internacionales y la colocación de bonos. En el contexto de la pandemia, y ante la caída del 20.2 % de los ingresos fiscales, esto le permitió al Ejecutivo pagar salarios, por ejemplo.
“Al bajar el porcentaje de la reserva de liquidez, el riesgo no lo asumen los bancos, sino el Estado”, explica Ricardo Castaneda, Coordinador para El Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ya que es el Ejecutivo quien tiene que garantizar la entrada de dinero por medio de financiamiento externo. El Salvador, agrega, no está en riesgo inminente, pero si no se consigue el dinero de manera rápida, este puede ir creciendo.
Hasta agosto de este año, los préstamos internacionales a los que ha tenido acceso El Salvador ascendían a $1643 millones. Sin embargo, este acceso podría verse limitado a partir de la calificación de riesgo de país, que para julio de este año se mantenía en B3 y B-, según las calificadoras Moody’s y Fitch Ratings, que en el medio son conocidos como “bonos basura”. Ambas se refieren a un riesgo especulativo mayor, derivado de la tensión política entre el Ejecutivo y los demás órganos de Estado, el déficit fiscal y los bajos niveles de inversión.
Para Óscar Cabrera, expresidente del BCR (2014-2019), que se haya flexibilizado la reserva de liquidez no es nada raro, ya que “es la única herramienta que dispone el BCR para atenuar una crisis”. Sin embargo, señala que en el fondo hay un cuestionamiento ético para los bancos, ya que la tendencia que han seguido estas instituciones es ocupar el dinero de los ahorrantes para invertir en títulos valores, poniendo en detrimento la promoción del acceso a crédito para las empresas, las personas naturales y la industria. “Cualquier Junta Directiva de un banco que vea que hay letes con una tasa de interés del 9 % a pagar en un año va a priorizar la compra de estos a otorgar un préstamo que le supone solo un 6 % de interés a más años plazo”.
Si bien estas transacciones significaron un beneficio para aliviar las finanzas del Estado y contar con recursos para la emergencia, en el mediano y largo plazo se convierten en problemas para los ciudadanos. La ganancia de la implementación de estas medidas es exclusiva para las instituciones bancarias, ya que además de disponer de mayores fondos, reciben una tasa de interés superior a la que estas pagan anualmente a los usuarios por sus ahorros, que ronda entre el 1 % y el 2 %. Mientras tanto, la recaudación que hace el Estado por medio del IVA y el Impuesto sobre la renta se destina para pagar más deuda en lugar de destinarse a inversión social: salud, educación, subsidios, etc.
“Se trata de medidas que retrasan el golpe a la economía. Al rentabilizar más a los bancos, el país se endeuda más. Los bancos ponen los recursos y el Estado obtiene los fondos, pero el pencazo hay que pagarlo”, opina Rommel Rodríguez, investigador del área de Macroeconomía y Desarrollo de Funde. Agrega que para evitar que la compra de letes sea de beneficio principal para los bancos, la negociación debería de estar mediada por organismos técnicos, ya que los detalles de estas negociaciones no está disponible vía Ley de Acceso a la Información.
Para evitar que el peso del pago de la deuda recaiga sobre quienes tienen menos recursos, el Icefi ha propuesto aprobar un impuesto extraordinario de solidaridad y responsabilidad social y empresarial para los próximos diez años, el cual consiste en que los trabajadores con dependencia laboral que tienen ingresos mayores de $50 000 y las actividades lucrativas con ganancias superiores a los $2 000 000 paguen un porcentaje mayor del ISR.
Este miércoles 23, a la comisión especial de la Asamblea tampoco asistieron para explicar el uso de los fondos de emergenia, en primera convocatoria, los ministros de Salud, Francisco Alabí; y de Agricultura, Pablo Anliker. 'La inasistencia del Gobierno refleja que no quieren rendir cuentas', dijo Yanci Urbina, del FMLN.
Todos los partidos políticos en la Comisión, a excepción de Gana, representada por el diputado Guillermo Gallegos, concluyeron que los funcionarios del gobierno tienen que rendir cuentas ante la Asamblea, de no hacerlo, ya no aprobarán más créditos internacionales.
Desde marzo, e Ejecutivo de Nayib Bukele se ha negado a transparentar el uso de los fondos de la emergencia e incluso boicoteó al comite que fiscalizaría $2 mil millones destinados para atender la covid 19. Los ministerios, además, han presentado informes escuetos a la Asamblea y el presidente Bukele llegó a decir en mayo que solo la Corte de Cuentas de la República (CCR)podía fiscalizar al Ejecutivo. Sin embargo, cuatro meses después, Zelaya y Bukele también cuestionaron el rol del ente contralor, luego de que Radio YSKL anunciara una auditoría a Hacienda.
El martes 22, Radio YSKL informó que representantes de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) sostuvieron una reunión con los magistrados de la Corte de Cuentas en la que solicitaron se auditara a Hacienda por la falta de tranferencia de fondos a las 262 alcaldías del país. Según Comures, Hacienda adeuda la transferencia de cuatro meses del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), y tampoco ha transferido $75 millones obtenidos a través de un préstamo con el Banco Interameriano de Desarrollo.
En respuesta, Zelaya cuestionó en Twitter a los magistrados recién electos por la Asamblea Legislativa. 'Están acabando con la imagen de la Corte de Cuentas. Con esto los magistrados entran oficialmente y de lleno en la campaña electoral 2021. Los actuales magistrados no están al servicio de la nación, sino de los interesess de los diputados que los eligieron', dijo. El presidente Bukele secundó: 'Ya todo lo que hacen es campaña política'.
*Con reportes de Roxana Lazo
