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Legisladores republicanos a Bukele: “Nos preocupa el alejamiento del Estado de derecho en El Salvador”

Seis congresistas republicanos señalaron al Gobierno salvadoreño su preocupación por el retroceso en el Estado de derecho, el uso del Ejército el 9F, el incumplimiento a sentencias judiciales y las negociaciones con la Mara Salvatrucha-13. El nuevo emplazamiento a Bukele ocurre menos de dos semanas después de que congresistas demócratas dijeran estar alarmados por los ataques del Gobierno a periodistas y medios de comuncación independientes.

 

 
 

Seis congresistas republicanos enviaron una carta al presidente Nayib Bukele para cuestionarlo por lo que ellos perciben un retroceso en el Estado de derecho en El Salvador. La carta, de fecha 23 de septiembre, es inédita en el sentido de que todos los remitentes son miembros del partido de Donald Trump, del cual Bukele se ufana de ser aliado. Hace 12 días, una carta similar fue enviada a Bukele por la contraparte, cuando 12 congresistas del Partido Demócrata señalaron su alarma por los atropellos a la libertad de prensa en El Salvador.

“Nos preocupa lo que parece ser un lento pero firme alejamiento del Estado de derecho y de las normas democráticas por las que nuestro continente ha peleado enérgicamente”, dice la misiva, firmada entre otros por Mario Díaz-Balart, representante por Florida y quien acompañó a Trump en una conferencia para anunciar nuevas sanciones contra el Gobierno de Cuba el mismo día en el que fue suscrita la misiva. 

Los congresistas mencionaron que algunas de las preocupaciones también han sido señaladas por altos ejecutivos de la Corporación Reto del Milenio “quienes específicamente han hecho referencia al uso de su Gobierno de tropas del Ejército para intimidar a la Asamblea y a los esfuerzos para socavar sentencias judiciales que señalan potenciales inconstitucionalidades en el uso del poder para entrentar la pandemia”.

La carta hace referencia a la incursión que soldados del Ejército hicieron el 9 de febrero a la Asamblea Legislativa junto con el presidente Bukele para forzar la aprobación de un préstamo para el plan de seguridad. El Gobierno de Bukele también ha desafiado las sentencias de la Sala de lo Constitucional y, más reciente, el Ministerio de la Defensa impidió la inspección de archivos militares ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, un paso clave para acceder a la verdad en el juicio por las masacres de El Mozote, ocurridas en 1981.

Pero la carta no se queda ahí. Los congresistas también señalan su preocupación por reportes de que el Gobierno salvadoreño se ha embarcado en “un riesgoso proceso de negociación” con la MS-13, “la más grande y peligrosa pandilla en Estados Unidos”. Según los congresistas, algunos de ellos exinvestigadores del FBI, ese proceso “podría estar legitimando a la MS-13”, y sí como también “empoderarla a futuro”.

“Como usted sabe –escriben los congresistas- la MS-13 ha sido designada por su propio Gobierno como una organización terrorista en El Salvador y, además, está activamente involucrada en el tráfico de droga, el tráfico de menores, y ha aterrorizado con violencia extrema y brutal distintas comunidades en Estados Unidos”.

El Faro reveló hace tres semanas que documentos oficiales describen una negociación entre el Gobierno y los cabecillas de la MS-13, en la que la disminución de homicidios por parte de la pandilla tiene como respuesta beneficios carcelarios de parte de la administración penitenciaria.

Como parte de su recuento de hechos por los cuales los congresistasdijeron sentirse preocupados está el hecho de que la administración Bukele “eligió arbitrariamente como blanco una empresa subsidiaria de una compañía estadounidense, allanando sus oficinas e interrumpiendo sus operaciones”. La empresa en cuestión es Intratex, cuyo representante legal fue detenido en agosto bajo cargos de evasión de impuestos. En julio, la empresa fue cerrada por orden del Ministerio de Trabajo, que brindó argumentos contradictorios sobre la razón de la clausura. La empresa se dedica a fabricar productos textiles.

La carta, de cinco párrafos, también hace hincapie en que desde el Congreso se envía dinero de cooperación a los Estados y oficinas que “trabajan diariamente para promover los valores de fortalecimiento democrático, cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en el continente”. Los congresistas David P. Joyce; Mario Díaz-Balart, Rodney Davis, Brian Fizpatrick, Alex X. Mooney y Francis Rooyen dicen que por su compromiso con esos valores han mostrado su rechazo a las “dictaduras” que actualmente existen en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Por décadas El Salvador ha sido un miembro de la comunidad de países libres y en democracia en el continente. Es nuestro deseo que este importante legado continúe por el beneficio de los estadounidenses, salvadoreños y los países vecinos de la región”, finaliza la misiva.

El 11 de septiembre, una docena de senadores democrátas envió una carta increpando a Bukele por los ataques a la libertad de prensa. Los legisladores respaldaron las denuncias de la Asociación de Periodistas de El Salvador y señalaron, en particular, su preocupación por los ataques a periodistas de El Faro, Gato Encerrado y Revista Disruptiva. Para los congresistas y senadores estadounidenses, “una prensa libre es un pilar central de cualquier democracia y es de suma importancia que nuestros países redoblen nuestro compromiso de proteger a los periodistas en el desempeño de su valiente trabajo todos los días”.


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