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Asamblea orteguista aprueba la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”

El parlamento controlado por el FSLN justificó la iniciativa como un instrumento para defender la soberanía nacional de injerencias foráneas. La normativa, señalada como antidemocrática por Estados Unidos, exige a personas e instituciones que reciben fondos del exterior registrarse como "agentes extranjeros" ante las autoridades nicaragüenses y reportar todo movimiento de dinero. 

AFP/Confidencial

 
 

El parlamento de Nicaragua aprobó este jueves una polémica ley de regulación de "agentes extranjeros", dirigida a controlar los recursos externos que reciben personas y organismos de fuentes internacionales, contra la que ya se habían posicionado Estados Unidos y el Parlamento Europeo.

La nueva ley, impulsada por la bancada oficialista, fue sometida a votación este jueves, un día antes de lo anunciado, y tras dos horas de debates fue aprobada con 70 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

Criticada desde el exterior al considerarse un intento del gobierno de Daniel Ortega por controlar los fondos de las organizaciones civiles, el grupo parlamentario sandinista justificó la iniciativa como un instrumento para defender la soberanía de injerencias foráneas.

La normativa exige a entidades que operan en Nicaragua bajo orden o supervisión de un organismo externo a registrarse como "agentes extranjeros" ante el ministerio de Gobernación.

Ello incluye a consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleadores de servicios de información y consultores políticos, entre otros.

Fueron exceptuados de la ley los medios de comunicación social internacionales y corresponsales, así como las agencias de cooperación, organismos humanitarios y entidades religiosas acreditados.

El artículo 14 de la Ley establece que quienes reciban fondos extranjeros no podrán realizar actividades que, discrecionalmente, el Gobierno podrá decidir si intervienen en “temas de política interna y externa” y agrega que “tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua”.

El pasado martes 13 de octubre, la vicepresidenta y vocera oficial Rosario Murillo, alegó que la paz de Nicaragua ha sido interrumpida “desde fuera”, en alusión a supuetas intervenciones desde el extranjero para afectar al régimen.

“Se nos ha interrumpido la paz desde fuera, siempre desde fuera, y en complicidades que siempre se han denunciado”, señaló Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega, a través de medios del Gobierno.

En sintonía con la posición del Gobierno, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez señaló que "no puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos",en alusión a un supuesto complot de organizaciones extranjeras que financian a entidades locales para hacer campaña contra el gobierno de Ortega.

Acotó que la ley busca "evitar que recursos externos sean usados en injerencia" electoral.

"Nosotros no estamos agrediendo los derechos de nadie (...) Si esta ley le sirve a Estados Unidos para defender su soberanía e imperio, ¿por qué no podemos tener una ley parecida?", cuestionó Gutiérrez.

La ley despertó fuertes críticas en la comunidad internacional, lo que el legislador sandinista calificó como un "vulgar rasero, con el que nos quieren medir a nosotros".

Los 14 diputados del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opusieron a la norma porque "el concepto de soberanía no puede estar por encima del derecho de las personas", sostuvo el legislador Maximino Rodríguez.

Su compañera Adilia Salinas manifestó, de su lado, que no es delito para las entidades obtener apoyo financiero en el exterior para realizar su trabajo organizativo.

La legislación fue aprobada casi un año antes de que se celebren elecciones presidenciales y legislativas en Nicaragua, en las que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de Daniel Ortega, buscará su tercera reelección sucesiva desde 2007.

Wálmaro Gutiérrez la califica de “deuda histórica”

El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, defendió la aprobación de la Ley alegando que es una “deuda histórica”, que tenían los legisladores para con el “pueblo de Nicaragua”, de aprobar una ley para defensa de la “soberanía del país”.

Además alegó que la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros “no se nos ocurrió a nosotros (el Gobierno)”, sino que revisaron legislaciones de países norteamericanos, asiáticos, europeos entre otros para tomar como referencia y aprobar la Ley en el plenario.

El también diputado del FSLN y vicepresidente de esa Comisión, José Figueroa, defendió la Ley alegando que fue “consultada” con diferentes sectores, aunque solo mencionó instancias gubernamentales.

Según Figueroa, las consultas se realizaron con el Ministerio de Gobernación (ejecutor de la Ley), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Todas estas, instancias que obedecen a las directrices del Gobierno de Daniel Ortega.

Por ello, el diputado liberal Walter Espinoza aseguró que se abstendría de votar, pues no fueron consideradas ningunas de las organizaciones que propuso para que se incluyeran en el proceso de consultas.

“Desde el momento que entramos en el proceso de las consultas lamentablemente no fue más allá de solo tener a los funcionarios públicos del Gobierno. Sin embargo, estemos bien claros de algo, y el pueblo nicaragüense estamos claros de algo, que esto es parte de un punto más de agenda para Nicaragua de las persecuciones”, dijo el diputado.

Y agregó: “esto es un punto más de agenda para Nicaragua de las persecuciones. ¿Ustedes creen que van a detener al pueblo nicaragüense hagan lo que hagan?”.

El diputado indígena de Yatama Brooklin Rivera dijo en el plenario que esta ley afecta los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes porque “amenaza con cárcel” a todos los organismos que destinen fondos para la defensa de los derechos de estos sectores vulnerables del país.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió este viernes que la ley otorga al presidente Ortega un "control totalitario" y pidió a la comunidad internacional "acciones urgentes" para rechazarla.

Ortega "ejercerá control totalitario sobre la ciudadanía en general, medios de comunicación, organizaciones cívicas, de derechos humanos y movimientos sociales a través del control/espionaje de todas las actividades", expuso el Cenidh en un comunicado.

"Esta nefasta ley viene a coartar por completo los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses y a acentuar el estado de terror ya existente en el país", dijo el Cenidh, crítico de Ortega.

El Cenidh, cuyas oficinas y finanzas fueron intervenidas en diciembre, consideró que Ortega tiene "nula voluntad" para resolver la crisis política que persiste en el país desde 2018, cuando estallaron protestas antigubernamentales.

Las manifestaciones fueron violentamente reprimidas y dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.

"Pedimos a la comunidad internacional, acciones urgentes y rigurosas", señaló el centro de derechos humanos.

EUA rechaza nueva ley

Un día después de aprobada, Estads Unidos calificó la ley para controlar fondos extranjeros como "otra movida autoritaria" del presidente Daniel Ortega contra los opositores.

"Ayer (jueves) la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Agentes Extranjeros dirigida contra la oposición prodemocracia y medios independientes; otra movida autoritaria de Ortega para silenciar a sus críticos", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Michael Kozak.

"Los nicaragüenses no serán libres hasta que puedan expresarse y organizarse sin temor", añadió en Twitter.

Estados Unidos y el Parlamento Europeo condenaron la semana pasada el proyecto de ley por considerar que restringía las libertades, y amenazaron con nuevas sanciones al entorno de Ortega, ya objeto de medidas punitivas por corrupción y abusos de derechos humanos, si era aprobado.

Esta nota fue construida con reportes de AFP y de Vladimir Vásques para Confidencial. 


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