Beatriz, mujer joven salvadoreña, es el nombre, rostro y memoria que permanece en la lucha por los derechos de las mujeres en El Salvador. Ser mujer en un país, en una región, que mantiene una gran deuda por garantizar los derechos de las mujeres es una condena a la cual tenemos que resistir todos los días. Beatriz nos recuerda que la consigna a favor de nuestra vida nos une y dignifica, a pesar de las violencias que sobrevivimos en el camino.
Beatriz vivía en la zona rural del Bajo Lempa. A los 18 años le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico, agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune crónica, que daña diversas partes del cuerpo. En febrero de 2013 confirmó un embarazo de 11 semanas, que fue catalogado de alto riesgo por la condición de salud particular de Beatriz, así como por un diagnóstico que confirmaba condiciones del feto incompatibles con la vida.
En esas condiciones, la interrupción del embarazo era la opción para preservar la vida de Beatriz con la mejor calidad posible y resguardar su integridad, que se encontraba en riesgo. Después de conocer el peligro que enfrentaba, Beatriz decide interrumpir su embarazo, porque quería vivir. Fue entonces que la violencia institucional en El Salvador se hizo evidente y se agravó por el estigma y discriminación que acompañaban sus circunstancias. Beatriz fue sometida a 81 días de tortura física y psicológica, poniéndola en grave riesgo innecesario de empeoramiento de falla renal, agravamiento del lupus, exponiéndola a una preeclampsia grave y posible muerte materna.
La solicitud de interrupción del embarazo de Beatriz fue tratada como un asunto burocrático; como un asunto de escritorio en el cual diversas instancias de gobierno opinaban y recomendaban, como si la vida de una mujer no estuviera en riesgo. Y si bien es cierto que desde la Procuraduría General de la República se llegó a decir que debía privar el criterio médico, el mismo personal de salud manifestó estar impedido para interrumpir el embarazo, por ser un procedimiento contrario a las leyes salvadoreñas.
Con apoyo legal, Beatriz interpuso un recurso de amparo para demandar su derecho a la salud y a la vida y sus representantes solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Este hecho, provocó una movilización social y mediática que mantuvo a Beatriz bajo mirada de todo el país y la región. Fue señalada, victimizada y sujeta de amenazas y hostigamientos; conductas basadas en total estigma y discriminación por desafiar los estereotipos que se mantienen sobre el cuerpo de las mujeres: ser madres. Asimismo, el gobierno salvadoreño quedó fuertemente expuesto ante la poca capacidad de respuesta frente a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, ya que Beatriz se mantenía en inminente riesgo. Por ello, el 20 de mayo de 2013, se solicitaron medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mas de un mes después, la Sala de lo Constitucional rechazó el recurso de amparo alegando que, al hospitalizar y medicar a Beatriz, el personal médico estaba garantizando su derecho a la salud y a la vida, y señalando además el impedimento absoluto para autorizar un aborto dado por la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción.
Un día después de este fallo, la Corte IDH otorgó las medidas provisionales a Beatriz, pero no fue sino hasta el 3 de junio cuando se realizó la interrupción del embarazo mediante una cesárea. Tal y como se había diagnosticado, el desenlace fue fatal: la recién nacida presentaba ausencia total de calota craneana y tejido cerebral, murió 5 horas después de nacer. Ni la salud, ni la vida de Beatriz volvieron a ser las mismas.
El Salvador es uno de los pocos países del mundo donde el aborto está prohibido actualmente en todas sus circunstancias. Lo anterior se agrava cuando la violencia estructural expone la discriminación múltiple y sistémica, no solo por razón de género, también por razón de edad y estrato social. Son las mujeres jóvenes, mujeres rurales y mujeres empobrecidas, las víctimas de esta violencia ejercida por el Estado, y son las más vulneradas cuando por complicaciones obstétricas, viven emergencias extrahospitalarias.
Esta deuda frente a los derechos de las mujeres ha sido reconocida por instancias internacionales de protección a los derechos humanos, no solo evidenciando una política discriminatoria contra las mujeres, sino también reconociendo el papel del personal de salud frente al respeto y garantía de este derecho. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresó graves preocupaciones por el incumplimiento del deber de confidencialidad del personal médico al reportar los casos de mujeres que han enfrentado complicaciones obstétricas, y por su negativa a realizar intervenciones diligentes frente a estos casos por temor a las represalias políticas y penales. De manera enfática, el Comité recomendó al Estado la revisión de los casos -de manera expedita-, de las más de 17 mujeres (“Las 17 y más”) que están condenadas hasta por 40 años de prisión por delitos relacionados al aborto.
Los esfuerzos del movimiento feminista salvadoreño, apoyado por el movimiento de mujeres en la región, por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos han sido constantes y han traspasado fronteras, su eco ya se escucha en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En los próximos meses, la Corte IDH conocerá el caso de Manuela, otra joven que salvadoreña fue condenada por el delito de homicidio, cuando en realidad había sufrido una emergencia obstétrica. Manuela murió en prisión a sus 33 años de edad.
Y a estos casos, se suman otros. A la fecha, al menos 23 mujeres y jóvenes continúan encarceladas por esta política criminal y discriminatoria por razón de género. El Salvador continúa negando la desigualdad estructural que viven las mujeres en el país, y aún así, decide criminalizarlas y condenarlas por las realidades que viven.
Lo anterior hace evidente que no estamos hablando de casos aislados, sino de una conducta reiterada y sistémica en la que el Estado salvadoreño decide no atender las desigualdades estructurales que mantienen a las mujeres en estas situaciones de riesgo inminente. La salud sexual y reproductiva forman parte de los derechos sexuales reconocidos a nivel internacional, y adoptados por instrumentos de vanguardia de los que El Salvador es parte, tales como el Consenso de Montevideo y la Agenda 2030. Estos acuerdos políticos multilaterales, que tienen como eje central el respeto de los derechos humanos como elemento clave para el desarrollo sostenible, enfatizan que, en tanto no se garanticen los derechos sexuales y se les reconozca como inherentes a la vida digna, la condición de desigualdad estructural mantendrá a las mujeres una innegable desventaja.
Los derechos de las mujeres deben dejar de ser usados como un discurso con capital político que favorezca postulaciones, tendencias y gobiernos. Las mujeres existimos y resistimos en una región que no reconoce la deuda que tiene con nosotras, no solamente en términos de salud sexual y reproductiva, sino en vivir una vida libre de violencia y discriminación. Estamos condenadas por habitar nuestros cuerpos en una región que nos violenta sistemáticamente. Beatriz es una de las muchas mujeres que decidió retar a un sistema que nos mantiene en desventaja; hoy simboliza la lucha, fuerza y perseverancia que nos mantiene de pie todos los días, trabajando por un país menos desigual para nosotras y todas.
Con dolor en estas palabras, decimos que Beatriz no supo que la CIDH admitió el conocimiento de su caso, ya que el 8 de octubre de 2017, falleció por complicaciones de salud a consecuencia de un accidente, su cuerpo no tenía las mejores condiciones para resistir una batalla más. Tenía 27 años.
Beatriz: tu valentía ha creado una oportunidad para que el Estado salvadoreño asuma sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y legisle a favor de la vida de las mujeres, asegurando que la igualdad ante la ley y la no discriminación sean principios inherentes a la política pública interna. Las mujeres salvadoreñas tienen derecho a vivir.
Te guardamos en nuestra memoria y te nombramos en la lucha permanente por los derechos de las mujeres. Por ti, somos y seguimos.
*Liliana Caballero es la oficial de incidencia de Cejil Mesoamérica.
