El 26 de mayo de 2020, el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía se convirtió en el primer inmigrante en fallecer por complicaciones relacionadas a covid-19 bajo la custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en Inglés). Escobar padecía de hipertensión y diabetes. En total, ocho personas han muerto por coronavirus en centros de detención hasta la fecha, un poco más de la tercera parte de las 21 que murieron bajo la custodia de las autoridades en 2019, y la cifra anual de muertes más alta desde 2005.
Durante años, las políticas de detención y deportación han despojado a los inmigrantes de sus derechos y dignidad. Antes de la pandemia, ICE tenía en su custodia un promedio diario de 50 000 personas en centros de detención en todo Estados Unidos. Estas instalaciones, operadas en gran parte por corporaciones con fines de lucro, albergan inmigrantes mientras ICE determina si se permitirá que estas personas se reúnan con sus seres queridos o serán deportadas a su país de origen.
Una de las compañías privadas más grande es Core Civic, que tiene bajo su control 77 centros de detención en todo el país. El fin último de dichas corporaciones es obtener ganancias y lo hacen mediante la detención masiva de inmigrantes, recortando costos y explotando a las mismas personas detenidas para hacer ciertos trabajos, como la preparación de alimentos, la comisaría y el mantenimiento del lugar. Este ha sido uno de los grandes problemas del que los activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes hemos señalado por décadas es la negligencia médica.
Core Civic opera el Centro de Detención de Stewart, localizado en un pequeño pueblo en el sur del estado de Georgia. Stewart es uno de los centros más grandes en el país con una capacidad para dos mil personas. Este centro es famoso por el sinnúmero de quejas y violaciones a los derechos de los inmigrantes. Roberto, un salvadoreño con quien estuve en contacto durante su detención en Stewart, me explicó que presentó una solicitud de atención médica porque tenía los síntomas de covid-19. Al no recibir atención durante dos semanas, exigió ser visto por el personal médico protestando pacíficamente. Él se rehusó a salir del área médica hasta que lo atendieran. Los guardias lo mandaron a confinamiento solitario como castigo. Al rehusarse a entrar en la celda los guardias lo estrellaron contra el suelo. No solo se negaron a brindarle atención médica y a hacerle la prueba de coronavirus, sino que también lo atacaron con un uso excesivo de la fuerza.
Finalmente fue deportado en junio 2020 sin recibir la atención médica. Al llegar a El Salvador, le hicieron la prueba y resultó positivo. Ahora corre el riesgo de perder la vista en un ojo debido a un coágulo de sangre a raíz del ataque del que fue víctima.
No es un accidente que tres de las ocho muertes por covid-19 sucedieron en Stewart. La primera víctima de ese centro fue el guatemalteco Santiago Baten Oxlaj, quien murió el 24 de mayo. La segunda persona fue el costarricense Freddy Guillen Vega, quien murió el 10 de agosto; y más recientemente el mexicano Cipriano Chávez Álvarez, quien murió el 21 de septiembre del presente.
Los tres tenían en común que habían sido diagnosticados con condiciones médicas que les ponían en riesgo inminente al contraer el coronavirus. Es claro que ICE nunca debió haberlos puesto bajo custodia. Cipriano Chávez tenía un historial de diabetes, enfermedad renal e hipertensión. Murió 15 días después de ser enviado a Stewart. Freddy Guillén era una persona de 70 años, también con antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, entre otros. Fue trasladado a Stewart el 15 de julio, donde se le realizó una prueba de covid-19 y el resultado fue negativo. El 31 de julio, comenzó a tener síntomas, que nunca fueron tratados. Murió el 10 de agosto, el mismo día de su cumpleaños número 70. Santiago Baten Oxlaj fue examinado por el personal médico de Stewart y reconocieron que tenía antecedentes de diabetes tipo II. Según el CDC (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés), tener diabetes tipo II aumenta el riesgo de enfermedad grave por covid-19. Santiago tenía 34 años de edad al momento de su muerte.
El Refugio, la organización de la que soy parte, fue fundada hace 10 años principalmente para visitar a personas detenidas en el centro de detención de Stewart y documentar los atropellos a los derechos humanos. Durante todos estos años hemos escuchado, de primera mano, los abusos y negligencias que las personas detenidas sufren. La muerte de Santiago, Freddy, y Cipriano no son noticias nuevas. Ellos se suman a la lista de un total de ocho personas que han muerto en este centro de detención, siete de los cuales han muerto en los últimos tres años. Todos ellos se suman a un total de más de 214 inmigrantes que han muerto bajo la custodia del Departamento de Inmigración y Aduanas desde que se empezaron a documentar estas muertes.
Estos inmigrantes no fueron considerados como seres humanos. Ellos merecían ser tratados con dignidad y recibir la atención médica necesaria. ICE es parte de un sistema de detención cruel e inhumano. La mera existencia de ICE y los centros de detención son una amenaza para la vida de los inmigrantes. Durante esta pandemia, ICE y centros como Stewart son una amenaza a la salud pública.
Lo peor de todo sobre las muertes en detención es que nadie se hace responsable. La corporación se lava las manos diciendo que siguen todos los protocolos necesarios. ICE, al anunciar la muerte de personas bajo su custodia, siempre dice que “las muertes bajo custodia de ICE, estadísticamente, son extremadamente raras”. Los activistas y personas que abogamos decimos que una muerte es demasiado, sobre todo cuando se pudieron prevenir.
Hoy en día el movimiento en pro de la abolición y desmantelamiento de ICE está tomando auge en los Estados Unidos. Hay quienes piensan que solo es necesario hacer reformas. Claro está que ICE y las corporaciones no tienen la capacidad para proteger a quienes están bajo su cuidado. No han sido capaces de proteger y proveer la atención mínima ni antes ni durante la pandemia, es más, las condiciones sólo se han agravado. Mientras haya ganancias de por medio, nunca se velará por el bienestar de los inmigrantes detenidos. Las reformas no van a volver a la vida a más 214 personas. Tampoco le van a regresar los meses y años que las personas pasan en detención y, mucho menos, remediaran el trauma de la detención o el terror que ICE causa al pueblo inmigrante. ICE no puede reformarse, debe ser desmantelado.
En medio de esta pandemia las personas detenidas no tienen la habilidad de protegerse de ser contagiados por el coronavirus. Las transferencias entre centros de detención siguen dándose y solo es cuestión de tiempo para que nuevas tragedias vuelvan a ocurrir. Al 8 de octubre, Stewart tenía un total de 362 casos de personas que dieron positivas por covid-19 de acuerdo a cifras oficiales. Los activistas advierten que las cifras podrían ser más altas ya que ICE no tiene un proceso rutinario de pruebas para el coronavirus. Las muertes en detención se pueden prevenir y quienes están a cargo deben rendir cuentas.
En el contexto salvadoreño, hay preguntarse qué ha hecho el gobierno de El Salvador para exigir justicia por los connacionales que sufren atropellos como los que vivió Roberto. ¿Qué se ha hecho para demandar justicia para la familia de Carlos Ernesto Escobar, quien falleció por covid-19 en un centro de detención en California? ¿Está el gobierno salvadoreño interesado en conocer el caso de las mujeres que han sido víctimas de esterilización forzada en los centros de detención de Estados Unidos? El silencio dice mucho, más aún cuando el Ejecutivo ha sido incapaz de parar las deportaciones de connacionales provenientes de los Estados Unidos durante esta pandemia.
