En un estudio reciente, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) buscó recopilar información detallada y contextualizada sobre los motivos y lugares de salida de los migrantes forzados. Específicamente, se quiso entender de qué manera las violencias generadas por distintos actores o estructuras de opresión se convierten en factores de desplazamiento. Para responder a esta inquietud, entre agosto y noviembre de 2019, se realizaron 134 entrevistas semiestructuradas a migrantes forzados del Triángulo Norte, facilitadas por intermediarios, como casas de migrantes y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Dada la naturaleza sensible de los temas abordados, se puso énfasis en la ética de investigación, particularmente por medio del modelo iterativo del consentimiento. Esto implica que la obtención del consentimiento informado no se considera como un evento único, sino como una relación investigador-participante sensible a las necesidades, preocupaciones y valores de los participantes. En términos prácticos, el consentimiento iterativo requiere que los investigadores brinden garantías continuas de que la participación en la investigación es voluntaria, anónima y confidencial, y ofrece a los colaboradores un cierto grado de control sobre el proceso de investigación.
Las personas entrevistadas para este estudio reconocieron que la migración no se reducirá si los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) no experimentan cambios significativos y duraderos. Al mismo tiempo, se mostraron escépticos respecto a la factibilidad de las transformaciones, debido a la complejidad de las problemáticas y la percibida cooptación de las instituciones de gobierno.
Los migrantes opinaron que cualquier ciudadano debería poder vivir con dignidad y hacer respetar sus derechos humanos. Pidieron trabajos estables, con una mejor remuneración y las prestaciones de ley, así como una mayor inversión en servicios públicos e infraestructura, sobre todo en zonas rurales. Algunas personas hicieron hincapié en que se debería dar prioridad a la inversión social, no a la inversión en seguridad. También se pidieron más apoyos para familias pobres y madres solteras, la construcción de viviendas y la creación de comedores infantiles.
En el tema de la seguridad pública, las opiniones arrojaron importantes diferencias acerca de las respuestas ante las pandillas y el papel de las Fuerzas Armadas. Algunas personas reconocieron que las políticas de seguridad deberían atacar las raíces sociales del crimen y las pandillas. También era recurrente la sensación de que el problema de las pandillas se había salido de control y requería acciones más drásticas. Se consideró que se deberían fortalecer las políticas de Mano Dura, desplegar más soldados, encarcelar o, incluso, eliminar a todos los pandilleros.
Varias personas afirmaron que, si bien los policías deberían estar mejor pagados para ser menos corruptibles, no se puede ignorar la limitada presencia del Estado en grandes partes de Centroamérica. Explicaron que para evitar que el problema de las pandillas se salga de control en algunas de sus comunidades se formaron grupos de autodefensa civiles.
Muchos de los entrevistados se mostraron preocupados por la calidad de sus gobiernos. Exhortaron que el poder se ejerciera a favor de los ciudadanos y que se combatiera la corrupción. Dijeron que se necesitarían políticos más responsables y sensibles ante las necesidades de los ciudadanos. Para propiciar un giro en la mentalidad de los gobernantes, creen que se debería dejar de votar por políticos de escasa o nula integridad y exigir una nueva clase política.
Los hondureños fueron enfáticos en que era imprescindible un cambio de gobierno. Se mostraban convencidos, no obstante, de que el presidente Juan Orlando Hernández difícilmente podía ser removido del poder, a pesar de estar implicado en el narcotráfico, debido a su control sobre los instrumentos de represión, y el apoyo de los Estados Unidos y organismos internacionales.
Entre los salvadoreños, en cambio, era notable una visión inesperadamente positiva de la administración del presidente Nayib Bukele. (Inesperada, en vista de los gestos autoritarios del gobernante, las revelaciones de actos de corrupción, y la continuación de las fallidas políticas de Mano Dura.) Opinaron que, en su primer año de gestión, el presidente estaba haciendo un buen trabajo y aplaudieron su disposición a reprimir a los pandilleros. Supusieron que Bukele, efectivamente, tenía nuevas ideas y que rompía con prácticas del pasado por no estar afiliado a ninguno de los dos partidos políticos tradicionales, ambos empañados por acusaciones de corrupción. Están confiados, además, en que no robaría fondos públicos, como algunos de sus antecesores, por ser una persona afluente sin la necesidad de vaciar las arcas públicas.
La escasez de recursos y voluntad política para emprender políticas sostenibles hace que las perspectivas de reforma en Centroamérica sean inciertas. Mientras tanto, los migrantes requieren asistencia y protección por parte de los países de tránsito y destino. Conscientes de episodios de discriminación y hostilidad contra extranjeros, las personas entrevistadas pidieron que se muestre comprensión y paciencia hacia quienes huyen de la violencia y la inestabilidad en sus países. Quienes se han encontrado con pandilleros entre la población refugiada, sugirieron que los albergues deberían establecer mayores controles para evitar que los solicitantes de asilo estén expuestos a peligros.
En su mayoría las propuestas se enfocaron en diversas políticas, sobre todo en las áreas de migración y asilo. Las personas pidieron que hubiera menos dificultades para regularizarse y menos represión en las rutas migratorias. Sin embargo, fue amplio el sentir de que los migrantes son un negocio tanto para el crimen organizado como para los Estados. Las personas que fueron víctimas de extorsión, en el contexto de supuestas infracciones de tráfico o de secuestros simulados en centros de detención migratoria en México. Agregaron que se deberían instituir medidas más estrictas para reducir la corrupción entre policías y agentes de migración.
Otros manifestaron que el proceso de refugio debería acelerarse. Además, los solicitantes de asilo y los refugiados deberían contar con mayores facilidades para acceder a servicios públicos y a viviendas; en el caso de esto último, solicitaron asistencia con avales y depósitos de la renta. También, dijeron, se debería sensibilizar mayormente a la población mexicana sobre los derechos humanos de los migrantes para evitar discriminación, por ejemplo, en contrataciones para empleos. Los centroamericanos pidieron no ser tratados de manera diferente a los ciudadanos mexicanos por el simple hecho de ser migrantes.
Tenían claro que la migración desde Centroamérica no se detendrá mientras existan desigualdades e injusticias. En este sentido, los entrevistados señalaron que una política migratoria de contención, como la que impulsan Estados Unidos y México, no sólo es ineficaz, sino que también expone a las personas a graves peligros.
Reconocieron que entre quienes cruzan las fronteras de manera irregular hay personas que huyen de la ley o buscan hacer daño. Pero la mayoría de migrantes no autorizados, aseguran, serían buenas personas que no buscan perjudicar a nadie. Los gobiernos de los países de tránsito y destino deberían mostrarse más empáticos con los migrantes y entender que salen de sus países para no morirse de hambre o ser asesinados por las pandillas. Insistieron en que si los gobiernos de México y Estados Unidos entendieran las historias de las personas y sus necesidades, reconocerían que los migrantes centroamericanos merecen una oportunidad para una vida mejor.
Esto implicaría garantizar un mayor acceso a refugio, así como crear más opciones de migración legal, sobre todo a Estados Unidos. Los permisos de trabajo temporales reducirían los riesgos en el camino al norte, pero, en opinión de algunos entrevistados, no se están otorgando debido al racismo dirigido hacia los migrantes latinos. Como seres humanos, y por sus valiosas contribuciones a las economías locales, las personas desplazadas se merecen un trato más digno y respetuoso.
Las respuestas de los migrantes evidencian el abandono de sus Estados no solo para garantizarles una vida digna dentro de sus países de origen, sino también para luchar por que en los países de tránsito y destino de sus habitantes estos reciban un trato digno y libre de violencia y discriminación. Mientras las condiciones estructurales que obligan a los migrantes a dejar de manera forzada sus países no sean atendidas con políticas públicas sostenibles y enfocadas en el bienestar social, más que en la represión, el flujo centroamericano hacia el norte no se detendrá.
*Sonja Wolf es catedrática CONACYT adscrita al Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México.
