Cuando el endeudamiento del Estado se encuentra en números rojos tras los compromisos adquiridos para enfrentar la pandemia por la covid-19, el Gobierno de Nayib Bukele pide 7,453.5 millones para 2021 y un financiamiento vía deuda por $1,342 millones.
La medida, que según el Gobierno es crucial para financiar un presupuesto que apuesta por servicios esenciales en Educación, Salud y Seguridad, ha entrado ya al análisis legislativo y se convierte, desde ya, en el nuevo escenario de batalla de cara a las elecciones legislativas de febrero.
De un lado del ring, está un Ejecutivo que resiste a rendir cuentas por el uso de más 3 mil millones de dólares durante la emergencia; por el otro, una Asamblea en la que los principales partidos de oposición ya vaticinan que no concederán más endeudamiento si no hay una explicación clara del presupuesto y una rendición de cuentas claras sobre los fondos de emergencia.
En el preámbulo de las discusiones, los ánimos llegan cargados. El Ministerio de Hacienda desafía a la Asamblea Legislativa y a la Fiscalía General de la República al retener los salarios para el Órgano Legislativo, una medida que a juicio del presidente Mario Ponce es constitutiva de delito.
El 30 de septiembre, de hecho, la fecha tope para que el Ejecutivo presentara el proyecto de presupuesto, el ministro Alejandro Zelaya fue recibido por un grupo de sindicalistas que le reclamaban por sus salarios no devengados en el último mes. “Presidente Bukele y ministro de Hacienda, ¡con la comida de nuestros hijos no se juega!”, gritaron miembros del sindicato de los empleados de la Asamblea Legislativa al ministro de Hacienda.
En respuesta a los sindicalistas, Zelaya dijo que esos salarios no podrían pagarse si no hasta que los diputados aprueben nuevos préstamos. Zelaya argumentó falta de fondos en las arcas del Estado en esta ausencia en las transferencias, único en la historia reciente del país; y aseguró haber propuestas de pagos escalonados: empleados, asesores y diputados. El ministro Zelaya incluso solicitó al presidente Mario Ponce acceso a los datos de los empleados, asesores y diputados contenidos en planillas de la Asamblea Legislativa antes de pagar los salarios, según un documento revelado por El Diario de Hoy.
La oposición señala que Hacienda está haciendo un uso político del tema y expertos señalan que no es coherente que se argumente una falta de fondos. ¿La razón? Los fondos para salarios ya estaban asignados en el presupuesto 2020 y no tendrían que haber sido tocados durante la emergencia. Además, plantean expertos, de existir un hueco ya debería de contarse con recursos luego de la colocación de 645 millones en Certificados del Tesoro (cetes) realizados hace una semana.
Este 1 de octubre, 1 después de la presentación del presupuesto y de las declaraciones del ministro Zelaya, el presidente de la Asamblea anunció que han girado una notificación a la Fiscalía por posibles delitos, entre estos actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. “Particularmente el orientado a sufragar las remuneraciones de los empleados legislativos, así como para cumplir con el pago a proveedores de diversos bienes y servicios, cuyos pagos dependen de la asignación mencionada”, dice el aviso.
Las prioridades son educación, salud, seguridad y deuda
Con un escenario económico más favorable, para el ejercicio del 2020 la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto de 6 mil 713.2 millones de dólares. El presupuesto propuesto para 2021 es $1,027.4 millones mayor.
De aprobarse, Educación recibiría un presupuesto de $1,320.4 millones (281.2 millones más que en 2020), que según Zelaya representaría un 5 % del PIB para Educación.
El nuevo Gobierno anunció que retomaría una propuesta original de los gobiernos del FMLN para llevar computadoras a las escuelas del país. “Cada niño tendrá una computadora de verdad, si tres niños hay en un hogar, tres computadoras van a haber”, prometió el secretario privado Ernesto Castro. Este proyecto tendrá un coste de $214 millones. El gobierno de Bukele también apuesta un aumento de $100 para los salarios de los profesores.
Salud, con un incremento de 276.4 millones, llegaría a 1,034.4 millones con apuestas para contratar de manera permanente a todos los empleados que prestaron servicios temporales para la pandemia. Entre ellos, doctores, enfermeros y personal de apoyo. El nuevo presupuesto del Hospital de El Salvador sería de $60 millones y otros $40 millones para la Red Nacional de Medicamentos.
Para Seguridad planean destinar $655.3 millones. “Continuaremos con el Plan Control Territorial”, dijo Zelaya. Aparte de esos fondos se repartirá 5.4 millones para remodelar la Academia de Seguridad Pública y otro millón para su funcionamiento.
Destacan en el proyecto incrementos significativos en el recién creado ministerio de Vivienda, dirigido por Michelle Sol, esposa del secretario privado y parte del círculo más íntimo que rodea al presidente Bukele; y en Gobernación, hasta ahora dirigido por Mario Durán, quien ha anunciado que competirá por la alcaldía de San Salvador en los comicios de febrero.
Vivienda, con un incremento de 383.5 %, pasará de $12.5 millones aprobados en 2020 a $60.4 millones para el próximo periodo. En Gobernación el incremento es del 111 %: de $67.2 a $142.1 millones.
Para 2021, el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública llegará a 1,161.5 millones.
En una conferencia brindada desde la Asamblea Legislativa, el ministro Zelaya primero dijo que todo el presupuesto sería ejecutado con el fondo general de la nación; pero luego aclaró que “no ha habido ningún presupuesto que se ejecute sin financiamiento externo”.
Hasta agosto, según el Banco Central de Reserva, el país lleva acumulados más de 21 mil millones en deuda.
El ministro, sin embargo, no dio detalles sobre hojas de ruta para frenar el endeudamiento. Hacienda estima que alcanzarán $5,696.5 millones en ingresos corrientes, $475.2 millones más respecto al presupuesto 2020. De ese monto, $5,169.9 millones se obtendrían a través de impuestos, aunque el ministro insistió en que no se crearán nuevos impuestos sino más recaudaciones a través del IVA.
Según Zelaya, también esperan una reactivación de la economía y percibir más fondos de un plan antievasión que, asegura, ha permitido obtener $181 millones en lo que va de 2020. Sin embargo, el escenario económico en el que basa Hacienda sus estimaciones es complicado. El 1 de octubre, el Banco Central de Reserva reveló que la economía cayó un 19. 2% en el primer semestre de 2020 respecto al primero de 2019; y se mantiene la proyección de que en 2020 la economía salvadoreña caerá entre 6.5 % y 8.5 %.
