El exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, renunció al cargo porque en sus últimos tres meses de trabajo, entre mayo y julio de 2020, recibió presiones de la Presidencia de la República y, según dos integrantes del Gabinete, del mismo presidente Nayib Bukele, para congelar los salarios de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia como una medida de presión para que el Legislativo aprobara un préstamo. Además, desde la Presidencia se le solicitó impulsar una persecución fiscal contra críticos del presidente Bukele y realizar cambios presupuestarios sin respaldo ―transferencias de fondos sin aprobación del Legislativo y sin decretos de emergencia aprobados―, peticiones que el ministro incumplió o cumplió a medias por considerar que podían constituir acciones delictivas. Estos hechos provocaron la renuncia de Fuentes el 28 de julio pasado. El Faro mostró esta información al exministro para conocer su opinión y, tras verla, él respondió que prefería no hacer ningún comentario.
El Faro logró reconstruir la renuncia de Fuentes y el ascenso a la cúpula del Ministerio de Hacienda de miembros de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, gracias al testimonio de dos miembros del actual Gabinete y de dos auditores de la Dirección General de Impuestos Internos (DGGI) que pidieron anonimato por temor a perder sus trabajos. Este periódico también entrevistó a dos exdirectores de Hacienda y otros dos exempleados del Ministerio que trabajaron para este Gobierno.
Los dos auditores que aún trabajan dentro de Hacienda aportaron pruebas de su trabajo. Mostraron documentos oficiales, requerimientos, material pasado que procesaron y hasta una copia del año pasado de lo que ellos aseguran era el mapa que les guiaba a todos: el plan anual de fiscalización, un documento que les era enviado cada fin de año y que indicaba las prioridades de trabajo anual. “Este año, a mitad de año, aún no teníamos nada para guiarnos, solo órdenes verbales”, explicó uno de los auditores. “La comanda es encontrar irregularidades, aunque no las haya, aunque no exista fundamento”, agregó.
Todos los testimonios, recabados en los últimos dos meses de manera independiente uno del otro, coinciden en que Hacienda se ha convertido en una herramienta de chantaje político: se dirigen indagaciones por evasión de impuestos contra críticos del presidente Bukele, se priorizan o atrasan asignaciones presupuestarias como forma de presión y se ha hecho despidos en el Ministerio por el temor de ciertos funcionarios de Gobierno a que se descubran anomalías en su manejo del dinero destinado a enfrentar la pandemia por covid-19, así como información de las empresas que han ganado esos contratos (Registro Único de Contribuyentes RUC). “La paranoia los persigue. Me despidieron porque estaban pensando en cómo quitarse el peligro de que alguien que no es de su confianza pueda entrar a esa información”, cuenta un exempleado que atestiguó lo ocurrido en los últimos meses de trabajo de Fuentes.
La renuncia de Fuentes, juramentado como ministro de Hacienda de esta administración el 3 de junio de 2019 y el único miembro del gabinete del último gobierno del FMLN que conservó su puesto en esta administración, comenzó a gestarse el 18 de mayo de 2020. Ese día, el presidente Bukele amenazó en una conferencia de prensa con congelar los salarios de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia como una medida de presión para que los diputados incorporaran al presupuesto de 2020 un préstamo de $389 millones negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “No vamos a hacer transferencias al Órgano Judicial, no vamos a hacer transferencias a la Sala de lo Constitucional, que vean ellos cómo pagan sus salarios. Vamos a priorizar medicamentos, alimentos y salarios de los que están en primera línea (…) ¿Qué es más importante, la compra de medicamentos e insumos médicos o pagarle a los diputados?”, dijo el mandatario.
Un día después de esa amenaza, el 19 de mayo de 2020, el ministro Fuentes se negó a retener los fondos de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia porque consideró que eso podía constituir un delito. El ministro desobedeció una orden presidencial y, según dos fuentes del Gabinete y un empleado de Hacienda, la noche del 19 de mayo estuvo al borde del despido. Esa noche, uno de los directores de Hacienda escribió por la aplicación WhatsApp el siguiente mensaje a uno de los periodistas de El Faro: “Tenemos una gran incertidumbre en el ministerio porque todo apunta a que el ministro (Fuentes) va renunciar. Él ha sido muy cuidadoso con las transferencias. Todo lo ha tratado de documentar, de respaldar y eso le ha generado problemas”, escribió.
La inestabilidad en los cargos del ala financiera de este gobierno es evidente. En poco más de un año ha habido dos ministros de Hacienda y tres presidentes del Banco Central de Reserva.
“El problema de Nelson (Fuentes) es que nunca se quitó la camisa de técnico y, quiérase o no, el de ministro es un cargo político” dice una fuente del Gabinete de Bukele, que asegura que, de saberse que conversa con periodistas de El Faro, sería destituido de inmediato. “A él se le pidió congelar los salarios y no lo hizo. Es una medida extrema, pero es una herramienta que tiene el Gobierno porque los diputados no quieren aprobar los fondos. Creo que no era el momento para tomar una medida tan drástica (congelar salarios), yo lo hubiera hecho más adelante”, opina.
Además de bloquear los fondos a los otros dos poderes del Estado, el presidente Bukele solicitó a Fuentes un plan especial para combatir la evasión de impuestos, pero el ministro no presentó una propuesta concreta. Aquella petición de Bukele a Fuentes incluía lineamientos para priorizar la auditoría a algunas entidades que el presidente considera opositoras a su gobierno. Ese plan contra la evasión, en la práctica, significaba una persecución fiscal disfrazada como un programa de recuperación de impuestos. Ante los atrasos injustificados del ministro Fuentes en la entrega del plan, el presidente ordenó quitarle poder y cedió el protagonismo a dos subalternos leales a Bukele: el entonces viceministro de Ingresos, José Alejandro Zelaya Villalobos, hoy ministro de Hacienda, y el director general de Impuestos Internos, Douglas Pablo Rodríguez, actual presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Casa Presidencial empezó a hablar directamente con Zelaya y Rodríguez, saltándose al entonces ministro.
“Cuando se trata de pagar impuestos nadie está libre de pecado. Decime vos: ¿a quién le gusta pagar impuestos? Lo que te puedo decir es que desde hace un año se está estudiando cómo mejorar la recaudación fiscal. Se ha pensado en un plan contra las offshores y la fuga de dinero hacia paraísos fiscales. El plan es combatir la evasión fiscal, pero no te puedo negar que se comenzó a aplicar contra críticos del gobierno y en eso tiene mucho que ver la personalidad del presidente”, aseguró una fuente del Gabinete. También explicó que además de tener en la mira a las offshores, el Gobierno prepara otros cuatro paquetes para mejorar los ingresos.
Zelaya y Rodríguez, fundadores del partido Nuevas Ideas, comenzaron a liderar el plan contra la evasión de impuestos cuando Fuentes aún era ministro. Tanto los dos miembros del Gabinete consultados como un exempleado de Hacienda entrevistado por El Faro relatan que, en sus últimos meses de trabajo, Fuentes se convirtió en un ministro sin ministerio. “El Ministerio de Hacienda estaba partido en dos. Por una parte estaba Nelson Fuentes, que era ministro pero que no tenía control ni del Viceministerio de Ingresos que dirigía Zelaya, ni de la Dirección General de Impuestos Internos que dirigía Rodríguez, ni la Dirección General de Aduanas que dirigía Gustavo Villatoro (nombrado el 28 de julio de este año como Superintendente del Sistema Financiero). A Nelson Fuentes le quitaron la gobernanza del ministerio y la baja sinergia del viceministro era evidente”, relata una de las fuentes. Tres de las personas consultadas coinciden en que desde finales de mayo Zelaya, Rodríguez y Villatoro dejaron de reportar su quehacer al entonces ministro Fuentes y su comunicación pasó a ser directa con Casa Presidencial.
Un tercer roce que impulsó la renuncia de Fuentes fue el intento de hacer modificaciones al presupuesto estatal sin contar con respaldo legislativo. El 27 de julio de 2020 Fuentes compareció ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde reconoció que, durante la emergencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) había reorientado fondos públicos sin contar con el aval de la Asamblea Legislativa.
Alegando que la Ley de Administración Financiera del Estado les permitía una reorientación “temporal”, Hacienda autorizó que el MAG utilizara $15,448,050 para pagar los anticipos de contratos a proveedores de maíz, arroz y frijol para canastas solidarias, y el pago de la primera entrega de las 33 toneladas métricas de maíz blanco compradas a una empresa de Sinaloa, México. Los diputados de la Comisión de Hacienda llamaron a Fuentes y al titular del MAG, Pablo Anliker, para que explicaran por qué usaron para ello dinero de salarios y de otros proyectos como el Plan de Agricultura Familiar, paquetes agrícolas y fertilizantes.
El ministro Anliker no acudió a declarar ante la Comisión legislativa alegando que esperaba los resultados de su examen de Covid 19; Fuentes sí lo hizo, y confirmó ante los diputados que el MAG había usado dinero de salarios para la compra de granos básicos a la empresa mexicana. Un día después, el 28 de julio de 2020, el ministro Fuentes presentó su renuncia. Según la versión oficial, lo hizo por motivos personales.
“Eso de las transferencias y las compras raras que estaban pasando en el Gobierno no se podía ocultar. Cuando renunció Nelson Fuentes quitaron a la encargada de Comunicaciones, Rosa Mixco, y cerraron los accesos (informáticos) a la Dirección General de Impuestos Internos, a la que nosotros teníamos acceso. Era claro que querían controlar la información”, cuenta uno de los empleados de la DGII que habló con El Faro.
A mediados de octubre, El Faro contactó por correo al exministro y le citó para mostrarle algunos párrafos de este texto donde se explica su salida de Hacienda y conocer su valoración. Fuentes respondió escuetamente que prefería no hacer ningún comentario.
Con la renuncia de Fuentes, el Ministerio de Hacienda empezó a funcionar sin riendas. Dos semanas antes de que Zelaya asumiera el cargo, el 16 de julio, en plena pandemia, auditores de la DGII fueron llamados a trabajar en una lista especial de posibles casos de evasión de impuestos. Oficialmente, el gobierno lanzó el plan contra la evasión de impuestos el 3 de octubre de 2019 y lo reactivó en plena pandemia, una semana después que El Diario de Hoy publicara una investigación que relacionaba al viceministro Zelaya con una empresa que ganó contratos con el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. En redes sociales se le conoció a estas denuncias como #juevesdeevasores. Esta campaña de Hacienda consiste en que una vez por semana, los jueves, el ministro anuncia en público y presenta ante la Fiscalía nuevas denuncias por supuesta evasión contra empresas nacionales, como parte de la estrategia gubernamental de afirmar que el poder económico tradicional es enemigo de la ciudadanía.
Y en su segundo mes como ministro de Hacienda, Zelaya ejecutó una orden que su antecesor se negó a cumplir: a finales de septiembre de 2020, Hacienda retrasó el pago de salarios de 2,200 empleados de la Asamblea Legislativa: “Pondremos un centro de acopio, para recolectar víveres, para los diputados de ARENAFRENTE”, se burló el presidente Bukele el 1 de octubre por medio de su cuenta en Twitter.
La mañana del 23 de octubre, El Faro llamó a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Hacienda para obtener una versión del ministro Zelaya. A la persona que atendió la llamada se le explicaron los principales hallazgos del reportaje y se le insistió en la necesidad de obtener una respuesta por medio de una entrevista, llamada telefónica o correo electrónico. La empleada de comunicaciones dijo que la nueva jefa de comunicaciones, Alicia Quezada, no se encontraba en la oficina, pero que le haría llegar el mensaje. Ese mismo día, por la tarde, se le solicitó el número telefónico de Quezada, la encargada de prensa. “Aún no tiene celular asignado”, respondió la empleada, pero prometió comunicarle el mensaje. Sin embargo, no hubo respuesta alguna, como es costumbre cuando este medio solicita entrevistas a funcionarios públicos de cualquier dependencia estatal.
Este periódico también llamó a la oficina de prensa del BCR y al celular del encargado de comunicaciones, Luis Liévano, para obtener una versión del exdirector de impuestos internos, Rodríguez. Hasta el cierre de esta nota, no habían respondido a las solicitudes.
Los empleados de la familia Bukele
Para entender el funcionamiento del aparato burocrático que mueve al fisco hay que relatar algunos de los principales cambios que bajo esta administración sufrió el corazón del Ministerio de Hacienda: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), una estructura con más de 500 empleados especializados y que en buena medida había sobrevivido con escasos cambios a los gobiernos de los últimos 30 años.
El 2 de septiembre de 2019, Nayib Bukele nombró como Subdirector Integral de Grandes Contribuyentes de la DGII a Douglas Pablo Rodríguez, fundador del partido Nuevas Ideas y encargado de la Comisión Nacional Electoral del partido del presidente. Fue el primer delegado de confianza del partido oficial en asumir un puesto clave en esta dirección y su ascenso en el aparato gubernamental resultó meteórico: apenas un mes después, el 1 de noviembre, le encomendaron la Dirección General de Impuestos Internos, un cargo que, según tres empleados con más de diez años de experiencia cada uno en el ramo, requiere de una experticia que solo se adquiere en la misma institución. Rodríguez, contador de profesión, tenía solo un mes en Hacienda.
Nueve meses después, el 30 de julio de este año, Douglas Pablo Rodríguez ascendió de nuevo, esta vez al cargo de Viceministro de Ingresos tras la renuncia de Nelson Fuentes como ministro. Ocupó ese cargo menos de dos meses: el 19 de septiembre fue nombrado presidente del Banco Central de Reserva (BCR).
Este nuevo nombramiento llegó tras la abrupta renuncia de otra pieza clave en el aparato financiero del Estado, Nicolas Alfredo Martínez, un economista con bachelor en matemáticas y economía de la Universidad de Wisconsin y una maestría en Finanzas de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, que se había hecho cargo del BCR el 13 de diciembre de 2019 tras otra renuncia, la de su predecesor Carlos Federico Paredes. Martínez dejó el cargo solo 24 horas después de haber dado unas explosivas declaraciones también ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea: en ellas aceptó públicamente que el Ejecutivo había dispuesto de miles de millones de dólares para enfrentar la pandemia. Esa afirmación contradecía frontalmente la narrativa gubernamental, repetida a menudo por el presidente Bukele y el ministro Zelaya, de que el Ejecutivo no contó, por culpa de los diputados de oposición, con fondos necesarios para la crisis. Douglas Rodríguez asumió el cargo de presidente del BCR de inmediato, 24 horas después de que Nicolás Martínez rindiera su declaración ante los diputados.
Según el artículo 25 de ley orgánica de esta institución, el Banco Central de Reserva exige que su presidente tenga “10 años de experiencia en materia económica y financiera”. Según su hoja oficial de vida, Rodríguez se graduó en 2010 de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica. Entre 2012 y 2015 trabajó ad honorem en la Alcaldía de Nuevo Cuscaltán, mientras Bukele era alcalde. Cuando Bukele fue elegido alcalde de San Salvador, Rodríguez fue nombrado primero administrador general de cementerios, y después jefe de la delegación distrital V.
El cargo que Rodríguez tuvo como Director General de Impuestos Internos hoy es ocupado por otra persona de confianza de la familia Bukele con historia laboral en sus empresas. Su nombre es Rubén Nehemías Ordoñez, y asumió como jefe de la DGII el 19 de agosto de este año. La versión pública de su currículum dice que en 2015 se graduó como “Licenciado en Contaduría Pública en la Universidad de El Salvador” y que “se desempeñó en la empresa privada desde el año 2010 hasta el año 2020 con cargos de asistente contable, contador, director financiero y consultor independiente”.
Ordoñez está a cargo de una estructura de más de 500 personas, principalmente auditores y expertos en impuestos y finanzas. “Mire, él nunca se presentó ante nosotros, casi no lo conocemos, ni como auditor ni como contador ni como funcionario”, dice uno de los empleados que tiene a cargo Ordoñez, y que ha trabajado en Hacienda desde hace más de una década.
Según documentos oficiales del mismo portal de Transparencia del Estado, Ordoñez pasó gran parte de su vida profesional trabajando para las empresas de los hermanos Bukele. Fue director financiero de Obermet en abril de 2017, la sociedad de la familia Bukele Ortez que alberga una de sus agencias de publicidad: 4am Saatchi.
Esta agencia, hasta hace un año manejada por el hermano menor del presidente, Yusef, aportó parte de su personal para ejecutar la campaña electoral de 2019: 'Había otros equipos, como Botón Celeste, que tenían autonomía. Creo que eso fue una de las claves de la campaña: existían muchas producciones orgánicas que se hacían virales y nosotros no controlábamos', dijo a El Faro Karim Bukele en febrero del año pasado, en referencia al trabajo de su agencia.
Obermet fue uno de los principales contratistas de publicidad de los 10 años de gobierno del FMLN. Recibió contratos de las administraciones del entonces partido de Bukele por más de 30 millones de dólares. En un contrato de licitación de una campaña de publicidad de ANDA por casi 400,000 dólares, ganada por Obermet, Ordoñez aparece como contraparte junto a otro de los tres hermanos más cercanos del presidente: Yusef Bukele, que sin tener cargo alguno en esta administración ha sido pieza clave en el reclutamiento de personal del gobierno en el área económica y de finanzas.
Para este reportaje, El Faro habló también con dos funcionarios del Ministerio de Hacienda y dos exempleados expertos en el área de fiscalización, una de las principales tareas de la Dirección General de Impuesto Internos. Según estas fuentes, más que Ordoñez, el protagonista de las auditorías abiertas por este Gobierno contra opositores políticos y ejecutor del actual plan antievasión es Mario Ernesto Menéndez Alvarado, un veterano auditor del Ministerio de Hacienda que, según explicaron dos fuentes que trabajan junto a él, creció políticamente durante los diez años de gobiernos del FMLN, pero que hoy promueve la bandera de Nuevas Ideas.
Mario Menéndez es uno de los dos hombres que aparece cada semana al lado del ministro Zelaya cuando este presenta casos a la Fiscalía durante los jueves de evasores. Fue director de Cobros y Deudas en Hacienda durante la gestión del FMLN y, según tres auditores consultados por El Faro, fue el encargado, por órdenes del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, de auditar a las empresas de Bukele durante la campaña presidencial de 2019. “Hay que ser honestos en eso, la unidad que perseguía opositores nació y creció con el FMLN”, dice un empleado que habló con El Faro y que ha trabajado por años con Menéndez.
La cacería de Hacienda
“El 16 de julio, tengo clara esa fecha, yo recibí la instrucción de presentarme a trabajar. La recibimos todos los auditores que habíamos estado trabajando desde casa durante la cuarentena. Nos metieron en un edificio con aire acondicionado y aún así nos hicieron trabajar”, recuerda un auditor del Ministerio de Hacienda que dice tener claro que será despedido este año, porque está seguro de que lo identifican como un empleado que no está alineado con la actual forma de operar del Ministerio, y que habló con El Faro con la condición de no revelar su nombre.
“Son dos alas gigantes, en una hay 60 y en otra 60, nos han formado en grupos pequeños y nos han dado casos sobre los que no podemos comentar nada ya que nos amenazan con despedirnos. Yo ya tengo claro que seré despedido, por eso creo que es mejor que se sepa lo que está pasando”, aseguró este auditor.
Otra persona que trabaja con él confirma y se queja de lo mismo. “Nunca, y eso que yo he trabajado con distintos jefes, hemos tenido un nivel de estrés como este, es terror sicológico. Nos obligan a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo técnico. Los expertos en fiscalización saben que les piden encontrar y recuperar fondos a cualquier costo y en tiempos récord. Les piden encontrar evasión casi que a la fuerza”, cuenta el auditor, experto en detectar errores, sean por mala fe o por negligencia, en las declaraciones de los contribuyentes.
“Hay una Dirección de Grandes Contribuyentes, ahí están los que tienen más experiencia, son los expertos en empresas millonarias como Súper Selectos y así… En esos casos hay casi que dos auditores dedicados de lleno a una sola sociedad”, explicó el empleado de Hacienda. “De ahí está la Dirección de Medianos Contribuyentes. Ahí están aquellos con un perfil de ingresos muy alto también. Otra subdirección es la de Otros Constribuyentes, ahí están ustedes (Trípode S.A. de C.V, empresa propietaria de El Faro), Factum y otros que hoy son perseguidos. Esta se activa por razones especiales. Por ejemplo: si su tributación disminuye de un año para el otro en $60,000, aunque ustedes tengan la explicación, ahí se enciende un foco. Pero entiendo que no es su caso, solo es un ejemplo de lo que deberían ser los casos especiales. Hoy son los más urgentes del Ministro”, asegura.
El Faro habló con este auditor y con uno de sus colegas en el Ministerio de Hacienda para que explicaran cómo se define cuáles son los casos urgentes de fiscalización. “Todo es de dedo, todo es político”, afirmó uno de ellos. “Yo me doy cuenta porque tengo un compañero que me ha dicho que lo han amenazado. Él lleva casos como el de El Faro, que son encargados desde arriba sin ningún criterio”, explicó el otro.
¿Cómo puede probar eso?, se le preguntó al auditor. “Yo no tengo los documentos, solo puedo decirle que he sido testigo de cómo se ha transformado la unidad. Le puedo dar los nombres de las personas que llevan los casos. Solo se los dan a los de confianza. Yo creo que no soy de confianza. Le puedo decir algo más: antes todo estaba documentado, hoy todo se los dicen verbalmente, supongo que para que no quede rastro.”
