Guatemala. El Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala reportaron que 2,065 migrantes hondureños aceptaron regresar 'voluntariamente' a su país durante el fin de semana para evitar ser arrestados por infringir leyes migratorias y sanitarias contra la COVID-19, pero que otro centenar continúa disperso rumbo a las fronteras con México, país que ya desplegó un cerco militar en sus fronteras.
El ingreso abrupto de la primera caravana de migrantes después de la pandemia –las autoridades calculan que estaba conformada por 3 mil migrantes– llevó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a decretar la noche del jueves pasado un estado de prevención por 15 días en seis departamentos. El mandatario ordenó “que sean detenidos todos los hondureños que hayan entrado ilegalmente al país” y que sean entregados a las autoridades hondureñas en la frontera de Corinto, una zona con plantaciones de banano y palma africana.
Hasta la noche del domingo cuatro de octubre de 2020, las autoridades reportaban que otros 300 miembros de la caravana se habían entregado voluntariamente, mientras que otros cientos de migrantes, repartidos en dos grupos, continuaban dispersos en su camino hacia la frontera con México. La mayor parte se mueve en la zona norte guatemalteca,en dirección de la frontera El Ceibo, en el departamento de Petén, mientras que un grupo más pequeño camina, bajo aguaceros, hacia la frontera de Tecún Umán, en el suoreste del país.
Al iniciar su camino en Guatemala, el viernes 2 de octubre, los migrantes no encontraron fuertes operativos policiales. Sin embargo, tras recorrer cientos de kilómetros se encontraron con un retén de policías y soldados en el poblado de Poptún que les bloqueó el paso y más de un millar de hondureños permanecían a la orilla de la carretera mientras dialogaban con los uniformados para que les permitieran continuar a la frontera.
Entretanto, México anunció el despliegue de cientos de militares y agentes migratorios en la frontera sur para contener la entrada de la caravana migrante. “Va a haber cientos de personal de migración, Guardia Nacional y de Fuerzas Armadas', dijo a periodistas Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración (INM). 'No van a pasar', reiteró Garduño, tras verificar una extensa formación de agentes migratorios en la ribera del río Suchiate, que divide a México y Guatemala.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado unos 26.000 soldados en la frontera sur tras las amenazas de su par estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles si no se frena el flujo de migrantes indocumentados.
Pese a los cercos militares en Guatemala y México, decenas de hondureños todavía recorren el camino rumbo al norte, alegando que en su país de origen son víctimas de la violencia de las pandillas y del narcotráfico, así como de otros problemas estructurales como la falta de empleos y de servicios básicos como la salud y la educación. 'Yo voy a seguir, claro que voy a seguir', dijo Omar Ramos, de 29 años. Sin un futuro prometedor, tras perder su empleo en un taller de pinturas de autos por la pandemia, Ramos dejó a su hijo de 10 años en Honduras y se unió a la caravana. 'En Honduras no hay trabajo y la violencia está dura también. Hay muchos muertos y no hay nada más que hacer que migrar', dijo.
Los migrantes hondureños entraron a suelo guatemalteco en estampida, rompiendo una barrera militar, sin que personal sanitario les pudiera realizar pruebas de COVID-19 ni tomarles la temperatura. Las autoridades de salud guatemaltecas dieron entonces la voz de alarma por el peligro de contagio, y Giammattei citó 'la actual emergencia sanitaria' para justificar la orden de detener a los migrantes.
