Recientemente se ha conocido sobre la posible destrucción de documentos relacionados con la investigación de la masacre del Mozote y lugares aledaños, a propósito de la sistemática obstaculización por parte del Órgano Ejecutivo a las diligencias de investigación ordenadas por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, en el marco del enjuiciamiento de los responsables de tales hechos. Aunque esto puede sorprender, realmente este tipo de acciones son consecuentes con la postura oficial, que, a diferencia del resto de políticas públicas, ha permanecido incólume a través de cambios de gobierno, partidos políticos en el poder, ideologías y presidentes por casi 40 años.
Por ejemplo, desde hace algunos años asociaciones y defensores de derechos humanos han intentado obtener, de parte del Ministerio de la Defensa Nacional, información sobre graves violaciones a derechos humanos, como la masacre de San Francisco Angulo, niñez desaparecida durante el conflicto armado, las intervenciones militares a la Universidad de El Salvador o el asesinato de Koos Koster junto con otros periodistas. Sin embargo, la postura oficial fue consistente en sostener la inexistencia de todo registro documental relativo a la época en que ocurrieron los hechos y denegar el acceso a dicha información sin realizar acciones tendientes a su reconstrucción. Adicionalmente, cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública intentó verificar la supuesta inexistencia de la información, el ingreso a los depósitos también le fue impedido por diversos medios, en reiteradas ocasiones.
Frente a esto, es útil reflexionar sobre la forma en que el derecho de acceso a la información pública puede contribuir a la satisfacción de otros derechos, como el acceso a la justicia o el derecho a la verdad, y cómo puede constituir una herramienta en la investigación de graves violaciones a derechos humanos, especialmente frente a la obstaculización a autoridades administrativas y judiciales, para acceder a sus depósitos documentales e instrumentos de archivo en cumplimiento de sus facultades legalmente establecidas.
Al respecto, debe considerarse que el acceso a este tipo de información conlleva un tratamiento jurídico especial, pues además del interés público que reviste a los documentos solicitados, entran en juego una serie de obligaciones estatales de naturaleza internacional, basadas en el derecho de las víctimas, y la población en general, a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos. Como consecuencia, se establece la absoluta prohibición de reserva sobre este tipo de información, y más relevante aún, se impone al Estado la obligación de conservar, proteger e incluso reconstruir toda información que pueda resultar útil para la instigación de actos de esta naturaleza. Por lo tanto, aun en caso de no existir los documentos solicitados, esto no libera a las instituciones de sus obligaciones respecto de la satisfacción de los derechos de las personas y la investigación de los hechos.
La investigación de la masacre de El Mozote y lugares aledaños no ha sido la excepción. Pese a los esfuerzos liderados por las víctimas y el juez de Instrucción de San Francisco Gotera, la respuesta de las entidades militares y civiles ha sido la declaratoria de inexistencia de todo registro y el bloqueo sistemático a las inspecciones ordenadas. Lejos de todo pronóstico, se anunció el súbito hallazgo de documentos relativos al caso. Aunque esto podría parecer alentador, la ilusión rápidamente se desvaneció al descubrirse que aquellas cajas de archivo exhibidas durante una conferencia de prensa únicamente contenían documentos conocidos e incluso ya incorporados al proceso judicial.
A través del tiempo, las autoridades militares comandadas por cada uno de los presidentes desde la firma de los Acuerdos de paz han afirmado ferozmente la inexistencia de todo registro relativo al caso, o a cualquier otro que se relacione con la investigación de casos similares. Sin reflexionarlo, al emitir tan amplias declaraciones han negado la existencia incluso de los documentos más básicos, como cadenas de mando, planes generales, ordenes de superiores y documentos administrativos o financieros, como si durante los 12 años de guerra civil la Fuerza Armada no hubiera gastado un centavo ni realizado actividad alguna.
Estas acciones deben ser analizadas a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia de protección de derechos humanos. En ese sentido, los deberes del Órgano Ejecutivo no se limitan a la exhibición de cajas de archivo en medios de comunicación, sino que exigen un rol activo en las investigaciones, particularmente de aquellas instituciones involucradas en el cometimiento de los hechos investigados. Frente a este panorama, es todavía más importante la verificación in situ de los depósitos documentales y los instrumentos archivísticos, con el fin de tener certeza sobre la existencia de la información, y determinar responsabilidades sobre quienes se han encargado de su ocultamiento o destrucción.
Las obligaciones derivadas de la Ley de Acceso a la Información Pública plantean pocas dudas sobre el camino a seguir, las instituciones gubernamentales se encuentran en la obligación de conservar y reconstruir toda la información relativa a los hechos investigados, así como colaborar con las autoridades administrativas y judiciales que conducen las investigaciones. Esto incluye permitir el mayor acceso posible a sus instalaciones pues, a tenor de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reserva, el secreto de Estado y la seguridad nacional, no pueden ser sostenidas en detrimento de los derechos de las víctimas y la decisión sobre la validez de estos argumentos no puede depender únicamente de la institución a cuyos miembros se les atribuyen los hechos.
La masacre de El Mozote y lugares aledaños constituye el capítulo más oscuro de la historia reciente de nuestro país y de toda Latinoamérica, si en este caso se les permite a las autoridades burlar flagrantemente a la justicia y proteger a los responsables, el panorama resulta muy oscuro y desalentador para la investigación de las masacres de San Francisco Angulo, Tenango, Guadalupe, Metapán, El Calabozo, Canoas, Texistepeque, así como tantos otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. En consecuencia, no se encuentra en juego únicamente el mero acceso a las instalaciones militares, sino la capacidad y voluntad de todo el aparato estatal para procurar justicia a las víctimas de las atrocidades cometidas en el marco de la guerra civil, pues poner candado a los archivos útiles para la investigación de este tipo de casos constituye un bloqueo a la justicia.
En este contexto, la raíz del problema concerniente al acceso a los archivos militares no se relaciona con dificultades de índole normativo, sino que obedece a la decisión institucional de los entes encargados del resguardo de dichos depósitos y su falta de voluntad para satisfacer los derechos de las víctimas y la sociedad en su conjunto. El cierre impuesto por la fuerza a los archivos militares constituye una ofensa para las víctimas que resulta inaceptable en un Estado de derecho, en el que las autoridades gubernamentales deberían estar sometidas a la ley.
Al final, será la historia la que se encargará de poner a cada quien en el sitio que merece, ya sea del lado de las víctimas, en el nefasto bando de los victimarios, o el sombrío y cómodo puesto de los cobardes que no se atrevieron a alzar la voz en nombre de aquellos que fueron silenciados. No debemos olvidar que comparten igual responsabilidad sobre las graves violaciones a derechos humanos quienes masacraron y desaparecieron a las víctimas durante el conflicto armado, como quienes hoy, con sus actos y omisiones, procuran su impunidad.
René Valiente es abogado experto en transparencia y acceso a la información. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Maestro en Derecho Penal Constitucional de la UCA, ha ejercicio la profesión el ámbito penal y administrativo. Se dedica a la cátedra universitaria y al servicio público.
