Publicidad

La confirmación Amy Coney Barrett es un riesgo para los migrantes y solicitantes de asilo

Daniella Burgi-Palomino

 
 

 

Presidente Donald Trump aplaude a la jueza Amy Coney Barrett luego de ser juramentada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia  en una ceremonia realizada en la Casa Blanca. Foto por Brendan Smialowski / AFP.
 
Presidente Donald Trump aplaude a la jueza Amy Coney Barrett luego de ser juramentada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia  en una ceremonia realizada en la Casa Blanca. Foto por Brendan Smialowski / AFP.

La confirmación de la jueza Amy Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el pasado 26 de octubre 2020 se dio apenas unos días antes de las elecciones, empujada por la administración de Donald Trump a pesar de reclamos y votos en contra de su nominación por senadores demócratas. Su aprobación significa que la Corte Suprema tendrá una nueva juez que estaría dispuesta a defender las políticas antiinmigrantes y antiasilo que han puesto en riesgo las vidas de miles de personas en los últimos cuatro años. De cara al número de casos sobre inmigración que podrían llegar a ser decididas por la Corte Suprema, esto es realmente grave.

Amy Coney Barrett se convirtió en la sexta jueza a ser confirmada por presidentes republicanos, frente a una minoría de tres jueces nombrados por presidentes demócratas. Esto implica que el máximo tribunal de los Estados Unidos tendrá una mayoría conservadora no solo en los próximos años, sino las próximas décadas.

Independientemente del resultado de las elecciones presidenciales y de si Trump gana o no, la confirmación de Barrett significa que habrá más apoyo para las políticas antiinmigrantes implementadas bajo su administración y que serán decidas por la Corte Suprema en el futuro.

La trayectoria de la jueza Amy Coney Barrett en las cortes inferiores ha sido corta –fue nombrada por el propio presidente Trump a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito y solo sirvió tres años antes de ser nombrada a la Corte Suprema—pero aun en ese poco tiempo demostró que emite decisiones basadas en interpretaciones bastante rígidas de la ley, sin importar el impacto negativo que estas puedan tener sobre las vidas de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.

Por ejemplo, en 2018, Barrett le negó la protección de asilo a Gerson Alvarenga-Flores, un salvadoreño sobreviviente de un ataque brutal por parte de la pandilla MS-13, por contradicciones menores en su testimonio ante la corte. Otro juez dijo que las discrepancias en su testimonio eran “insignificantes”. Alvarenga-Flores fue deportado y sigue en riesgo de muerte. Barrett demostró que no es capaz de entender el trauma que sufren los solicitantes de asilo y cómo este impacta su capacidad para relatar la persecución que han sufrido, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo, como en el caso de Alvarenga-Flores, quien tuvo que dar su testimonio cuatro años después de ocurrido el crimen.

Esta no ha sido la única vez en que Barrett le negó la protección de asilo a solicitantes en Estados Unidos. En al menos diez casos más, Barrett tomó la decisión de no mandar casos en los que las solicitudes de asilo habían sido negadas para ser revisados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés), a pesar de que los solicitantes compartieron hechos graves de persecución—sentando precedentes sobre las posibilidades que futuros solicitantes tengan para disputar sus casos.

Pero Barrett no solo ha emitido decisiones que resultaron en la deportación de personas que huyen de persecución en sus países, sino que también ha fallado a favor de una de las políticas de la administración Trump que castiga a las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos. Ella votó a favor de mantener la regla de “carga pública”, que busca negarle la residencia permanente a los solicitantes a los que el gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas en un litigio ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, que intentó bloquear su implementación en el estado de Illinois. Afortunadamente, la suspensión de la regla se mantuvo temporalmente, pero su disidencia escrita dejó claro su opinión de que la regla no podría considerarse “irrazonable”. Barrett también votó en contra de un ciudadano estadounidense, quien argumentaba que la visa de su esposa había sido negada incorrectamente por un oficial consular y requeriría una revisión. Esta decisión de Barrett podría impactar las posibilidades que los solicitantes de visas tengan para disputar negaciones arbitrarias en el futuro.

Si bien es cierto que ha habido algunos casos en los que Barrett se alineó con jueces más progresistas para revisar alguna orden de deportación o petición de asilo, de acuerdo a un informe de la organización Accountable.US, en nueve de cada diez casos falló en contra de inmigrantes durante todo su tiempo en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito.

Lamentablemente, el nombramiento de Barrett ha puesto mucho en juego para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, así como para las decenas de miles de solicitantes de asilo, principalmente de Centroamérica, pero también de otros países, que tienen meses engrosando las listas de espera ilegales en la frontera entre Estados Unidos y México y por otras políticas como Quédate en México que la administración Trump ha implementado para restringir el acceso a asilo en Estados Unidos. La implementación caótica de varias de estas políticas y sus violaciones de la ley estadounidense y el derecho internacional han resultado en demandas en las cortes inferiores que eventualmente podrían llegar a la Corte Suprema o que ya están en la lista de consideración. De hecho, algunos nuevos casos en la lista de casos a decidirse por la Corte Suprema incluyen una demanda en contra de la política de Quédate en México y una demanda sobre la inversión de $2 mil millones del Pentágono para la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Afortunadamente la Corte Suprema falló sobre el programa DACA el pasado mes de junio y decidió mantenerlo y bloquear los esfuerzos de Trump de terminarlo, protegiendo a más de 700 000 beneficiarios para que puedan seguir viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Sin embargo, si la administración Trump quisiera terminar el programa nuevamente o si surgieran nuevos litigios, es posible que el caso regrese a la Corte Suprema. Hay varias demandas en contra de la cancelación del TPS, que afecta a más de 300 000 hondureños y salvadoreños, que están moviéndose en las cortes inferiores y que posiblemente podrían avanzar hacia la Corte Suprema. En uno de esos casos, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una decisión que, si no se revisa, podría terminar la protección para los TPSianos hondureños y salvadoreños tan pronto como marzo y noviembre 2021, respectivamente. Los beneficiarios de DACA y TPS siguen enfrentando incertidumbre en medio de todo y es sumamente importante que el Congreso estadounidense apruebe de inmediato una legislación que les dé un camino a la ciudadanía.

En su audiencia en el Senado, previa a su confirmación, Amy Coney Barrett fue cuestionada por el Senador Cory Booker sobre la política de tolerancia cero de separación familiar implementada por la administración Trump y ella se negó a pronunciarse, aun cuando él le preguntó si, como ser humano, consideraba que era una política equivocada. Lamentablemente su trayectoria en materia de derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo es respuesta suficiente y es tan preocupante como su trayectoria en losderechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población LGBTQ+.

Las decisiones que se tomarán en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tendrán repercusiones graves en la comunidad inmigrante en Estados Unidos, para los futuros migrantes y solicitantes de asilo de México y Centroamérica, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales. Desafortunadamente, todo parece apuntar a que la confirmación de Amy Coney Barrett no ayudará a defender estos derechos.


*Daniella Burgi-Palomino es la codirectora del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG por sus siglas en inglés) desde 2019. Lidera campañas transnacionales con organizaciones de lasociedad civil en Estados Unidos, México y Centroamérica a favor de los derechos de los migrantes yrefugiados y defensores de los derechos humanos.


Apoya el periodismo incómodo

Si te parece valioso el trabajo de El Faro, apóyanos para seguir. Únete a nuestra comunidad de lectores y lectoras que con su membresía mensual o anual garantizan nuestra sostenibilidad y hacen posible que nuestro equipo de periodistas llegue adonde otros no llegan y cuente lo que otros no cuentan o tratan de ocultar.
Te necesitamos para seguir incomodando al poder.
¿Aún no te convences? Conoce más sobre cómo se financia El Faro y quiénes son sus propietarios acá.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad