A poco más de un año de instalada la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes), el ente llamado a impulsar el combate contra la corrupción y la impunidad, hasta ahora ausente y silencioso, ha asomado la nariz.
Desde su lanzamiento el 6 de septiembre 2019, aparte de algunas declaraciones de su Comisionado Designado Ronalth Ochaeta, algunas reuniones con varios actores y firma de convenios con algunas instituciones, ha predominado el hermetismo y la falta de transparencia, en particular de su rol en la investigación de casos de corrupción.
En el medio, pasó la emergencia por covid-19, y lo que se vio fue la presencia de Ochaeta en algunas conferencias de prensa en donde el presidente Nayib Bukele se comprometió a fiscalizar los fondos de la ayuda de emergencia. Lo demás fue silencio ante el estallido de los escándalos de corrupción en el uso de fondos para la emergencia sanitaria. La Fiscalía General de la República (FGR) inició procesos en el caso de El Chaparral asegurando que no fue en colaboración con la Cicíes, a pesar de que el presidente la República aseguró que era uno de los casos que investigaría.
Ha sido hasta ahora, en el marco de sorpresivos allanamientos a varios ministerios como parte de la investigación de irregularidades en las compras públicas por la emergencia de covid-19, que el fiscal general Raúl Melara ha informado que las investigaciones fueron producto de la colaboración con Cicíes.
En el escenario actual, la anunciada colaboración abre la interrogante de si la Cicíes puede jugar un papel más decisivo en el combate a la corrupción a pesar de sus limitaciones; y si la FGR puede jugar ese rol independiente y fuerte en el combate a la impunidad que siempre se le ha exigido.
Contar con una Cicies más parecida a la extinta Comisión Contra la Impunidad guatemalteca es fundamental para fortalecer y empujar la labor de entidades como la Fiscalía, sometida tradicionalmente a los vaivenes del entramado político. No hay duda de que siendo la Policía la que obstaculiza las investigaciones, como ocurrió en los allanamientos, una colaboración FGR-Cicíes resulta esencial, tal como ocurrió en Guatemala.
El presidente Nayib Bukele prometió durante su campaña electoral el establecimiento de una Comisión siguiendo el ejemplo de la Cicig. Implementada con el acompañamiento de la ONU, logró impulsar casos emblemáticos contra la corrupción que provocaron el desmantelamiento de redes criminales y llevaron al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y altos funcionarios de gobierno, incluido un presidente. La terminación del mandato de la Cicig por parte del presidente Jimmy Morales en 2019, no fue por ineficacia o falta de necesidad de la Comisión, sino por la incomodidad que su independencia y autonomía generó a las cúpulas de poder y al mismo presidente, quien era investigado por financiamiento ilícito de su campaña.
La Cicíes-OEA hasta ahora ha hecho poco por parecerse a la Cicig. Fue creada por acuerdo Ejecutivo y no pasó por la Asamblea Legislativa, como sí lo hizo la guatemalteca, lo que implica que su mandato no obliga a todos los órganos del Estado, por lo que debe firmar convenios con cada uno. Su mandato es limitado y solo se refiere a los actos de corrupción y ciertos delitos, sin llegar al desmontaje de redes criminales.
La Cigig tenía claro en su mandato la autonomía funcional, financiera y el compromiso de transparencia. Por su parte, la Cicíes-OEA, aunque según el Acuerdo Marco debe ser “independiente”, fue financiada por el gobierno para su instalación e impone la obligación de presentar “informes extraordinarios” a solicitud del gobierno cuando este así lo solicite o de “entregar información extraordinaria que el gobierno le requiera”, lo cual le resta autonomía.
De igual forma, tal como está planteado el Acuerdo Marco, la Cicíes-OEA solo actúa cuando lo solicita el Gobierno o la FGR y no establece mecanismos para recibir denuncias de la ciudadanía, además que debe mantener en reserva de la información, lo que le limita la difusión de las investigaciones.
Eso llama a recordar que desde hace varios meses hay una propuesta de ley presentada a la Asamblea Legislativa por varias organizaciones para dar un marco legal a la Cicíes, con más competencia y autonomía. No es un camino fácil, pero hoy que todos hablan de combatir la corrupción desde la oposición, es hora de tomarles la palabra y pedirles que lo demuestren con hechos.
*Abraham Ábrego es el director del Programa de Acompañamiento a Víctimas en Fundación Cristosal.
