El pasado 21 de noviembre se reactivaron las protestas en Guatemala. Hubo en la capital, así como en diez departamentos y en embajadas en varios países. Esta vez con un nuevo tono, diferentes a las que han venido ocurriendo en los últimos cinco años. Más aguerridas, con una textura jacobina, con desorden y a la vez consistencia, el pueblo se ha ido contra el Gobierno y contra el sistema político.
La aprobación precipitada del presupuesto del Estado para 2021, sin discusión y a media noche, favoreciendo la opacidad, la corrupción y olvidándose de las necesidades sociales, fue la decisiva gota que derramó el jarro que se ha venido llenando durante los primeros 11 meses de mando del presidente Alejandro Giammattei. A esto se suman las declaraciones que el viernes 20 de noviembre diera el vicepresidente Guillermo Castillo, quien le planteó al mandatario que ambos renunciaran. Estas circunstancias han agitado las aguas, pero en verdad es parte de la misma crisis irresuelta desde 2015, cuando el presidente Otto Pérez Molina renunció luego de un año de protestas.
La furia ha permeado en la gente pues los últimos dos gobiernos -Jimmy Morales y ahora Giammattei- han sido una reproducción de las redes de crimen organizado que impiden cualquier reforma. Alrededor de ellos se ha fortalecido una alianza empresarial-política-militar que logró hace un año expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que se niega a ceder cualquier espacio. Se trató de reformar la ley electoral y la administración de justicia para lograr independencia judicial y una apertura política, pero el sistema se atrincheró en una muralla de protección al statu quo.
Con todo esto detrás, decenas de miles fuimos a la plaza central este sábado y al Congreso, y en un acto ante el cual persisten muchas dudas, se incendió una parte del Palacio Legislativo. Ciertas inconsistencias hacen pensar que este hecho fue planeado para justificar la represión policial. El partido opositor UNE y varios medios han denunciado complicidad en el siniestro por parte de la Junta Directiva del Congreso, dirigida por el partido oficial Vamos.
La inacción de la Policía, cuando en otras ocasiones han acordonado la calle del Congreso para que nadie pase por ahí, y que a lo interno del edificio había extintores en el suelo y materiales inflamables justo donde ocurrieron las protestas, y que además grupos antimotines estaban adentro del Congreso antes de que empezara el fuego, levantaron preguntas que el ministro de Gobernación Gendri Reyes se negó a contestar el pasado 24 de noviembre cuando fue interrogado por varios diputados. Las voces que piden su renuncia aumentan mientras el Gobierno no responde.
Luego de la quema del Congreso se dieron empujones y gritos entre manifestantes y antimotines que se calmaron. Pero la represión policial apenas empezaba. La protesta transcurría de lo más calmado en la Plaza Central cuando un río de personas corrió en nuestra dirección huyendo de las bombas. En videos se observa a los policías vestidos de negro y con la cara cubierta por el casco, apuntando al cielo con las armas que catapultan las lacrimógenas.
Al caer la tarde, la paliza se intensificó. Miles de fuerzas especiales se desplegaron por el Centro Histórico apaleando a quien encontraran enfrente. Sacaron a la calle camiones que rociaron agua contra los peatones, arrastraron a mujeres en la vía pública, le reventaron la cabeza a un fotoperiodista, dos personas perdieron un ojo por la violencia estatal. 43 manifestantes fueron capturados acusados de dañar el patrimonio. Todos quedaron libres ante las acusaciones inexistentes de los fiscales, quienes siguieron órdenes de la Fiscal General Consuelo Porras, aliada de Giammattei, para que los criminalizaran. Los jueces independientes no se prestaron a las acciones espurias de los fiscales y de la Policía. Ante las dudas sobre el actuar del Ministerio Público, hay voces que han planteado realizar una comisión independiente para que investigue los hechos.
Esta represión enojó más a la gente. En los días posteriores se han realizado protestas en diferentes puntos del país. Mientras tanto, el presidente convocó a tanques de pensamiento para dialogar sobre el presupuesto, que por ahora ha quedado sin efecto por la presión social, y tres organizaciones rechazaron la invitación para no prestarse al juego gubernamental. Acudieron, nada más, las vinculadas al sector privado.
Al sentirse contra las cuerdas, el Gobierno recurrió a Luis Almagro para soplar la espuma y evitar que el vaso se rebalse. Giammatei activó la Carta Democrática de la OEA azuzando aún más la crisis al asegurar que pequeños grupos buscan darle un golpe de Estado. Este diálogo mediado por la OEA se percibe con desconfianza pues Almagro en coyunturas álgidas ha salido en defensa de los políticos y criticando a la CICIG. Los argumentos para hacer valer la Carta Democrática abonan al discurso de calificar a los manifestantes como terroristas para justificar la violencia estatal, cuestión que las cámaras empresariales han veladamente respaldado. No ha habido ningún empresario hasta la fecha que se haya animado a reprochar tal afirmación.
Los pueblos indígenas también han pedido la renuncia del presidente y al pedirle cita no fueron recibidos. Esto enoja más pues se percibe la preferencia del Gobierno a responder únicamente a sus aliados. Las movilizaciones continuarán y se espera que la de este sábado 28 de noviembre agarre todavía más fuerza. El empuje social, cinco años después, ha salido con más garra y ha aprendido distintas lecciones, como que las élites en momentos de crisis intentan conducir las rutas hacia fórmulas que desmovilicen las manifestaciones, y además rearticulan redes de impunidad, el elemento que aglutina a los grupos políticos, empresariales y militares.
Ellos le apuestan a ganar tiempo, dejar que diciembre apague a la población y mantener control de las instituciones. Por ello se han negado durante seis meses a elegir cortes, a la espera de poder nombrar, en abril 2021, magistrados a su antojo en la Corte de Constitucionalidad, la única independiente hasta ahora. Si esto sucede, el crimen no tendrá contrapesos que le frenen.
La pobreza que han dejado la pandemia y los recientes desastres naturales derivados de las tormentas, en los que el Gobierno ha demostrado una pobre capacidad de respuesta, han abonado al descontento y a la comprensión de que el problema es sistémico y no solamente contra el presidente de turno, quien insiste en taparse los oídos y aplicar la mano dura. El reto de la ciudadanía es mantener la llama social para lograr transformaciones profundas, ya que sin ello se disiparán las posibilidades que se han abierto.
