La Fiscalía General de la República ha concluído que el director de la Policía Nacional Civil rehusó cumplir con sus deberes ante la Asamblea Legislativa. Al hacerlo, el fiscal general Raúl Melara considera que este violó la ley y debe enfrentar en tribunales comunes un proceso por incumplimiento de deberes, que según el Código Penal se castiga con una pena de prisión de entre cuatro y seis años.
El 2 de octubre pasado, Arriaza Chicas incumplió una orden de la Asamblea Legislativa en la que se le solicitó llevar por apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya hacia una comisión especial que investiga la asignación de fondos durante la pandemia por covid-19.
El requerimiento de solicitud de antejuicio y la petición de desafuero contra Arriaza Chicas, convertido en viceministro por el Gobierno Bukele en medio de la investigación fiscal por este caso, fue presentado el martes 10 a las 10:30 a.m. a la Asamblea Legislativa.
Un día más tarde, dirigentes de las bancadas de Arena, FMLN y PDC aseguran que cuentan con 58 votos que ya están listos para que este jueves 12 se someta a consideración del pleno la creación y aprobación de una comisión de antejuicio, el primer paso requerido en el procedimiento de desafuero. Será dicha comisión la que determine si la solicitud de la Fiscalía cumple méritos.
Cronología de un incumplimiento
Una comisión especial de la Asamblea convocó cuatro veces al titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que compareciera para explicar la colocación de títulos valores y el uso de fondos durante la cuarentena. Zelaya, sin embargo, desoyó los llamados y se resistió a la cita donde se le pedía rendir cuentas sobre el uso de más de 3 mil millones de dólares. Cuatro veces fue convocado por la Comisión y cuatro veces dejó esperando a los diputados.
El 30 de septiembre, la diputada Yanci Urbina, en su carácter de secretaria de la comisión, remitió a Arriaza Chicas una nota solicitando hiciera llegar al ministro de Hacienda por apremio a una sesión convocada para el 2 de octubre pasado.
El artículo 132 del reglamento interior de la Asamblea Legislativa dice que “ninguna persona puede excusarse de concurrir a las citas que le haga la Comisión Especial, la cual podrá obligar la comparecencia por apremio”. También el artículo 56 de la misma ley establece que “la comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”.
Arriaza Chicas respondió al escrito de Urbina el 2 de octubre con un argumento que según la Fiscalía estaba “al margen de sus facultades legales”.
El director de la Policía dijo a los diputados que no llevó a Zelaya por apremio porque luego de haber consultado con el ministro, concluyó que este no había incumplido a los llamados de la Asamblea y por tanto “a su juicio existía una causa justificada y que no se configuraba el supuesto para hacer comparecer al ministro por medio de las fuerzas públicas”, según el requerimiento.
Para la Fiscalía, Arriaza Chicas tomó “atribuciones que no son conferidas por la ley” por haber realizado valoraciones sobre las justificaciones del ministro Zelaya.
“El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”, reza el artículo del Código Penal invocado por la Fiscalía.
El presidente Bukele nombró como viceministro de Seguridad Pública a Arriaza Chicas el 15 de octubre, diez días después de que los diputados pidieran a la Fiscalía que iniciara investigación contra el funcionario. En el mismo mes, el Ministerio de Justicia y Seguridad encabezado por Rogelio Rivas modificó el organigrama de la cartera de Estado y agregó una plaza que no contemplaba: la plaza que fue otorgada al director de la Policía.
Cuando el presidente otorgó el segundo cargo a Arriaza Chicas, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) presentó al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia por “desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren incompatibles entre sí”, según lo indica el artículo seis de la ley.
La ley de la Policía establece que “el Cargo de Director General de la Policía Nacional Civil es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultura”.
El Faro buscó una reacción del director de la Policía, pero el encargado de prensa del funcionario dijo que “el director ha decidido no dar ninguna declaración al respecto”.
Las aritméticas anuncian desafuero
La Asamblea Legislativa que discutirá el desafuero en la próxima plenaria apunta a que, sin haber confirmado la comisión de antejuicio, los diputados de oposición ya cuentan con 58 votos para quitarle el fuero a Arriaza Chicas.
Julio Fabián, subjefe de fracción de Arena, respaldó la aritmética con 33 votos de su partido. “Podemos contar con los 33 votos que son de nosotros, los otros sabemos como votan”, dijo, en alusión a los cuatro diputados disidentes en la bancada: Felissa Cristales, Arturo Magaña, Milena Mayorga y Gustavo Escalante.
Fabián agregó que todo apunta a que en la plenaria del jueves 12 los diputados conformen la comisión de antejuicio para apresurar el proceso de desafuero.
El subjefe de bancada del FMLN, Schafik Hándal, aseguró que los 23 votos de ese partido también están listos. “El director de la PNC tiene que responder por las acusaciones para dejar sentado un precedente de que nadie está por encima de la Constitución”, dijo. El jefe de fracción del PDC, Rodolfo Parker, sumó dos votos de una bancada de tres diputados. Al igual que Arena, el partido demócrata cristiano se dividió cuando Bukele llegó a la presidencia. El diputado Reinaldo Carballo, de San Miguel, decidió sumarse a apoyar todas las iniciativas que llegaran del Ejecutivo.
En el PCN, el jefe de bancada, Antonio Almendáriz, dijo a El Faro que aún no tenía claridad si la bancada dará sus votos. “No lo hemos hablado en el partido y tampoco quisiera participar en esa comisión”, agregó.
Gana, el partido que llevó a Bukele al Ejecutivo, no dará los votos para desaforar a Arriaza Chicas. Guillermo Gallegos dijo que “no haber cumplido una citaciones de apremio no es muy contundente como para quitarle el fuero”.
El director de una PNC desdibujada
El presidente Nayib Bukele se pronunció un día después de la solicitud de la FGR. “El Fiscal es de ellos, ya lo sabíamos, pero nunca pensé que llegaría a pedir un antejuicio contra eldirector de la PNC, el único que de verdad ha luchado contra la delincuencia”, posteó en su cuenta de Twitter. Pero lo cierto es que bajo la administración de Arriaza Chicas, la Policía ha sido protagonista de actos arbitrarios, según han denunciado organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Al inicio de la pandemia, la PDDH denunció que la PNC cometió “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos en la cuarentena. Además, para la militarización del Salón Azul del 9 de febrero, Arriaza Chicas ordenó quitar la seguridad a los diputados por doce horas.
El mismo día que Fiscalía presentó la solicitud de desafuero, agentes policiales bloquearon el acceso a los fiscales que allanaron el Ministerio de Salud para recolectar información por los casos de posible corrupción denunciados en las compras de la pandemia. El fiscal general, Raúl Melara, condenó los obstáculos. El Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos se pronunció ante los hechos. “Apoyo firmemente a Raúl Melara ante las acciones contra la corrupción y la impunidad”, postearon en sus redes sociales. “Las instituciones gubernamentales, incluida la Policía Nacional, deben permitirle realizar su trabajo sin interferencias”, concluyó el pronunciamiento.
