El documento afirma que el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker; el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, son algunos de los personajes cercanos al Gobierno que acosan a los periodistas a través de redes sociales.
El 13 de agosto, con 59 votos, la Asamblea Legislativa creó la “comisión especial para investigar el acoso que están sufriendo periodistas”. Los miembros designados para esta comisión fueron Emilio Corea y Ricardo Godoy, de Arena; Javier Valdez y Karina Sosa, del FMLN; Rodolfo Parker, del PDC; y Leonardo Bonilla, no partidario. La propuesta surgió luego de reiteradas denuncias de la prensa sobre el acoso y bloqueo que estaban recibiendo principalmente por el presidente.
El informe agrega que existen otros actores que no son funcionarios públicos pero que se suman a la lista de principales instigadores de odio y acoso contra los periodistas a través de redes sociales: Walter Araujo y Carlos Hermann Bruch, ambos candidatos a diputados por el partido Nuevas Ideas para las elecciones de febrero de 2021.
La comisión plantea que “una forma de atacar a los medios y periodistas es a través de las redes sociales donde estos, haciendo uso de las cuentas oficiales del Órgano Ejecutivo, se encargan de acosar, deslegitimar, desacreditar, amenazar a periodistas a través de mensajes”.
El Ejecutivo inició sus bloqueos contra la prensa en septiembre del año pasado, cuando por órdenes de Ernesto Sanabria se negó el acceso a periodistas de El Faro y de Revista Factum para una conferencia de Bukele. “Bloqueos a medios de comunicación y periodistas a las conferencias de prensa, entrevistas a funcionarios y restricciones al acceso a la información pública es considerado una forma de restringir la libertad de expresión y de prensa”, dice el informe. Agrega que los principales señalados de bloquear a la prensa son el secretario de prensa y la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina.
En septiembre, la comisión convocó a todos los funcionarios del Ejecutivo que fueron acusados de hostigamiento a la prensa, pero ninguno asistió. Entre los convocados estaban Anliker, Zelaya, Sanabria y Medina. Según la Constitución, en el artículo 132, “todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa”. Los parlamentarios afirman en el documento que “ante la falta de colaboración de los funcionarios” decidieron dejar registro de la inasistencia y emitir el informe.
En teoría, si un funcionario no llega a comparecer a una comisión de la Asamblea al tercer llamado, los diputados tienen la facultad de mandarlo a traer con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), pero esa opción parece poco eficiente bajo este Gobierno.
El 30 de septiembre, la comisión especial que investiga los títulos valores pidió el apoyo del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, para llevar al ministro de Hacienda a rendir cuentas por el uso de más de tres mil millones de dólares que se usaron durante la pandemia, y ya que el funcionario había ignorado los repetidos llamados de los diputados. Arriaza Chicas incumplió la orden y ahora enfrenta un proceso de antejuicio para que la Fiscalía pueda procesarlo por el delito de incumplimiento de deberes.
El Faro buscó a los funcionarios que no asistieron a la comisión para tener una explicación sobre su inasistencia, pero sólo Sanabria contestó el mensaje y sin responder a las preguntas. Este periódico preguntó a Sanabria sobre las conclusiones del informe, el funcionario se limitó a responder el mensaje de texto con emojis de un rostro riéndose con lágrimas en los ojos.
El informe de la comisión exige a Anliker y a Sanabria “que cesen los ataques directos de estigmatización realizados contra medios de comunicación y periodistas debido a su trabajo y línea editorial”. Sanabria es un funcionario reciclado de gobiernos anteriores. Ha sido vinculado a Herbert Saca Vides, el operador político de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes.
“El gobierno de Bukele usa recursos públicos para atacar a periodistas”
El escrito legislativo señala que “existe uso de recursos públicos para atacar a periodistas y opositores por parte del actual gobierno presidido por Nayib Bukele”. Además, emplaza a Bukele, sus ministros, viceministros y demás funcionarios públicos del Ejecutivo a que “cese el uso de recursos públicos para atacar”.
Durante las sesiones de la comisión desfilaron periodistas de diferentes medios: La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Revista Factum, El Faro y Gato Encerrado. Según el informe, todos los periodistas coincidieron en que los medios digitales que se encuentran bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) “son utilizados para atacar, deslegitimar, desacreditar y para mentir contra aquellos que hacen un trabajo que va en contra de la versión oficial del gobierno”.
La comisión llamó a Douglas Anselmo Castellanos, director del CONAB, el 22 de octubre, y ante los cuestionamientos él aseguró que “la institución no tiene injerencia en la línea editorial de los medios”. Emilio Corea, presidente de la comisión, le preguntó si los medios de comunicación administrados por el CONAB reciben pauta gubernamental. Castellanos respondió que no podría decir en concreto si se está recibiendo pauta publicitaria de parte del gobierno. “Constantemente se participa en licitaciones... esas licitaciones, las instituciones públicas pueden estar requiriendo los servicios de publicidad o no”, respondió.
El CONAB administra, conserva y destina los bienes y activos decomisados por ser adquiridos con fondos de procedencia ilícita . Entre los medios que están bajo la tutela del CONAB está Diario La Página, Orbita TV, canal 25 y Orbita FM. Los diputados convocaron a las autoridades de La Página, Orbita TV y Orbita FM, pero al igual que los funcionarios del Ejecutivo no asistieron.
Excesos de Hacienda
El Ministerio de Hacienda ordenó una auditoría a la contabilidad de El Faro por un periodo mayor al ordinario y contemplado sólo para casos excepcionales. Los asesores legales y tributarios del periódico denuncian que los requerimientos exceden lo solicitado y convierten a esta en una auditoría anómala. Esto fue retomado por la comisión.
Según el veredicto legislativo, las auditorías solicitadas por Hacienda constituyen “una posible restricción indirecta al derecho a la libertad de expresión y prensa”. Además, señala que “de comprobarse la ilegalidad ordenada por Alejandro Zelaya podría estar en un ilícito”. El artículo 320 del Código Penal dice que “el funcionario que realizare cualquier acto ilegal o arbitrario será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) publicó el 23 de septiembre un comunicado condenando la situación de acoso y los intentos de criminalización que viven periodistas bajo la administración de Bukele. “Los ataques contra El Faro suceden en un contexto en el cual la libertad de expresión y el trabajo independiente de la prensa se ha visto menoscabada”, dice el escrito.
En septiembre, miembros de El Faro y de Revista Factum revelaron que han tenido intervención en sus comunicaciones. Óscar Martínez, editor de El Faro, aseguró que durante la cobertura de una investigación reciente -Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral- pudieron comprobar que las comunicaciones telefónicas del equipo de periodistas estaban intervenidas y que había seguimientos físicos constantes de parte de vehículos y personas que vestían de particular.
La Asamblea considera que de comprobarse que las comunicaciones de los periodistas han sido intervenidas “se podría estar incurriendo en el posible cometimiento del ilícito”. El Código Penal, en los artículos 184,186 y 302, establece que puede ser sancionado con multas que van desde treinta a cincuenta días de multa, hasta seis años de prisión e inhabilitación del cargo.
Acoso contra las mujeres
La comisión legislativa concluye que bajo la administración Bukele ”las periodistas por su condición de mujeres se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, al acoso, maltrato, insultos y discriminación”.
La periodista independiente Carmen Rodríguez arrancó la discusión sobre el acoso contra las mujeres contando que ha sido víctima de ataques por parte de Ernesto Sanabria. La comisión apunta que Sanabria podría estar incurriendo en el ilícito de expresiones de violencia. El artículo 55 de la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres dice que cualquier persona que realice conductas de burla, desacreditación e infunda imágenes con contenido de odio “será sancionado con multa de dos a veinticinco salarios mínimo”.
Mariana Belloso, editora de La Prensa Gráfica, compareció en la comisión y afirmó que el acoso de ella comenzó a partir de un tuit de diciembre del año pasado donde invitaba a sus seguidores a que escucharan al presidente hablar sobre el Plan Control Territorial. La periodista explicó que Bukele tomó su tuit y lo llevó a su cuenta. “Había escrito cosas más duras contra el Gobierno, pero nunca las tomaron”, explicó. Belloso agregó que había notado una diferencia en los ataques contra mujeres periodistas y contra hombres. “Tomaban mis fotos y decían que yo era amiga de pandilleros o a veces me insultaban como mujer”. “Toman mis videos y los viralizaban en las redes o hacían montajes”.
Ángelica Carcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), sostiene que “las expresiones de violencia hacia el gremio periodístico van desde deslegitimar la labor hasta amenazas de muerte, pero las mujeres periodistas se llevan la peor parte al recibir mensajes con una elevada carga misógina”. Según datos de la APES, con la llegada de Bukele al Ejecutivo el número de denuncias desde ese órgano aumentó en 381.25 %. En el primer año de este gobierno, la asociación ha registrado 61 casos. Las vulneraciones se centran en bloqueos de acceso a la información pública, ataques y acosos digitales, declaraciones estigmatizantes y despidos injustificados en el sistema de medios gubernamentales.
La Asamblea Legislativa certificará a la Fiscalía para que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte de los funcionarios del Ejecutivo. Además, los diputados darán aviso a organismos internacionales, como: La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de la Alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía internacional, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Secretaría de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y al Congreso y al Senado de Los Estados Unidos.
