La ministra de Turismo enfrentará un juicio de cuentas por el pago no justificado de $764,135.90 a 21 hoteles y una casa de un primo del ministro de Salud, Francisco Alabí, que fueron contratados para que funcionaran como centros de cuarentena para casos sospechosos de covid-19 sin que exista a la fecha, a juicio de la Corte de Cuentas, certezas de si esos hoteles y casas particulares cumplieron con su cometido: aislar por 30 días a ciudadanos sospechosos de portar el coronavirus.
La cartera que dirige la ministra Morena Valdez también realizó 13 desembolsos con “excesos” de pago (sobreprecios) en servicios de hostelería que no incluyeron alimentación por $171,217.6 a Hotesa S.A. de C.V, una cadena de hoteles fundada por José Adán Salazar Umaña, el empresario señalado como líder del Cártel de Texis e investigado por lavado de dinero en El Salvador. La empresa, bajo administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) mientras se resuelve el litigio por lavado de dinero contra Salazar Umaña, recibió pagos por encima del precio del mercado gracias a una orden interna de Turismo a favor de los servicios prestados por entidades estatales. Sin embargo, consultado por la Corte de Cuentas, el Conab respondió que Hotesa y sus hoteles operan y se lucran como una entidad privada y no puede considerarse como una proveedora de servicios estatales. Estas irregularidades fueron detectadas por la Dirección de Auditoría 3 de la Corte de Cuentas y han servido de base para abrir el primer juicio de cuentas relacionado con gastos de la pandemia contra funcionarios del Gabinete Bukele.
Las irregularidades por pagos en exceso o no justificados suman $764,135.90. Incluyen los 21 desembolsos a hoteles de los que no hay constancia de su utilización como como centros de contención y un desembolso por alquiler de vivienda. De estos, destaca el arrendamiento por $19,500 de una vivienda en Santa Tecla de José Ángel Montoya Quiñonez, primo del ministro de Salud. El Faro y la Revista Gato Encerrado revelaron en julio los alquileres a favor de los familiares del funcionario, y ahora la Corte de Cuentas destaca que en esos procesos no existió constancia de un contrato ni certeza de que el inmueble haya sido utilizado como centro de contención.
A mediados de noviembre de 2020, Roberto Anzora presidente del ente contralor, anunció que la ministra Valdez iría a juicio de cuentas por pagos en exceso a hoteles. El Faro tuvo acceso al informe que detalla los hallazgos del equipo de auditores y en él se narra cómo Valdez, y el administrador de todos esos contratos, Marvin Antonio López Esquivel, quien intentó sin éxito correr como candidato a concejal para la alcaldía de Soyapango por el partido Nuevas Ideas, pagaron por el uso de recintos que no tienen rastros de haber operado como centros de cuarenta en los registros del Ministerio de Salud (Minsal). Los auditores, además, detectaron sobreprecios en compra de mascarillas y otros insumos por $5,238.
Los auditores compararon documentos sobre los centros de contención que usó Salud y las órdenes de compras de paquetes de alojamiento adjudicados a hoteles por Turismo. “Determinamos que el Ministerio de Turismo efectúo pagos por alojamientos contratados, los cuales no figuran en los reportes que el Ministerio de Salud confirmó como utilizados por cada centro de contención”, dice una de las conclusiones del informe.
Centros de cuarentena sin rastros en Salud
A principios de marzo, cuando el Gobierno cerró el aeropuerto internacional, determinó que todas las personas que hicieran su ingreso al país iban a ir a una cuarentena obligatoria en centros de contención habilitados en todo el país. El primer modelo, sin embargo, fue desarmado en menos de una semana, debido a las condiciones insalubres de los recintos. A finales de marzo y principios de abril, el Gobierno dio un giro, cerró momentáneamente algunos albergues y envió a cientos de personas hacia hoteles, hostales y residencias convertidas en centros de contención. El Ejecutivo destinó del Fondo Mitigación y Prevención y Desastres (Fopromid) una partida de $5,905,200 para que Turismo pusiera en funcionamiento los centros de contención y hasta junio la institución había ejecutado $5,305,677.22.
Los auditores han observado esta cifra total por considerar que fue utilizada sin que existan, hasta el momento, explicaciones técnicas para los desembolsos en las coordinaciones interinstitucionales entre Turismo y el Ministerio de Salud. Sin embargo, los auditores solo han enviado a juicio de cuentas a la Ministra Valdez por irregularidades detectadas en 36 desembolsos por $940,681.50 con irregularidades que incluyen pagos por servicios de alojamientos “sin respaldos de su utilización”, pagos en “exceso” por servicios de alimentación y sobreprecios de mascarillas y garrafones de agua.
El 29 de octubre, la Dirección de Auditoría 3 terminó el “Examen Especial al Ministerio de Turismo (Mitur) relativo a los procesos de adquisiciones y contrataciones realizadas, así como al manejo, ejecución y liquidación del presupuesto asignado, para afrontar la emergencia nacional por el Covid-19, del 1 de enero al 30 de junio de 2020”. En el documento, los auditores cuestionan que Valdez y López Esquivel negociaron las órdenes de compra con proveedores sin que existan solicitudes por escrito del Ministerio de Salud que detallen las necesidades y justificaciones de las mismas.
En todo proceso de compra, hay un delegado de una unidad administrativa que elabora un escrito, que explica por qué la institución necesita adquirir un bien o servicio, pero los auditores identificaron que Turismo obvió este paso y suscribió 238 órdenes de compra por $5,305,677.22. 'Como consecuencia se realizó contratación de servicios no basada en necesidades del Minsal como ente encargado de los centros de contención; por lo que se eleva el riesgo de contrataciones excesivas y sin justificación', concluyen los auditores.
El 16 de abril, los auditores pidieron a la ministra Valdez notas o correos electrónicos con solicitudes de Salud que motivaron a Turismo a iniciar los procesos de compra de paquetes de alojamiento. El 20 de abril, Valdez respondió que la información era inexistente. 'Notas o correos electrónicos no existen, por el hecho que ambas instituciones se encuentran trabajando al unísono en la operatividad y con comunicación directa. No sería funcional, el crear un mecanismo formal para la administración de la necesidad de dichos centros de contención, ya que esto es cambiante a diario', dice la nota 46/2020 del 20 de abril de 2020.
Tres meses más tarde, el 20 de julio, la ministra se contradijo y entregó documentación presuntamente elaborada el 14 de marzo por el Ministerio de Salud, que describe el número de centros de alojamiento/hoteles y personas albergadas, pero la información reafirmó los indicios de irregularidades detectados por los auditores. Aunque el informe no detalla las inconsistencias en la información presentada por la funcionaria, los auditores sentenciaron que “esas cantidades no están relacionadas directamente con cada una de las contrataciones realizadas mediante las Órdenes de Compra”, dice el informe.
El 16 de noviembre, Salud ordenó clasificar como reservada, durante 7 años, toda la información que consta en 49 sistemas informáticos de la institución y entre la información que ahora es secreta están los reportes de monitoreo de estos centros de cuarentena. “La información incluye la Gestión de pacientes en centros de aislamiento sanitario: registros de síntomas, factores de riesgo, evaluación diaria y contactos de pacientes positivos en Centros de Contención, traslado de pacientes. Disponibilidad de habitaciones, altas de pacientes”, según una publicación del 20 de noviembre de la Revista Factum.
El viernes 20 de noviembre, El Faro buscó la versión de la ministra Valdez, del director administrativo, López Esquivel y del ministro de Salud Francisco Alabí a través de preguntas a sus correos, llamadas y mensajes a sus encargados de prensa, pero al cierre de esta nota solo hubo una respuesta. “Sobre los hallazgos del informe de la Corte de Cuentas, hay instrucciones de que no se van a dar declaraciones”, respondió por teléfono la encargada de prensa del Ministerio de Turismo el lunes 23 de noviembre.
Según detallan los auditores, desde el 14 de marzo de 2020, tres días después del cierre de las fronteras, la ministra Valdez giró instrucciones a sus subalternos para contratar los servicios de paquetes de hospedaje, según el acuerdo 18/2020 del Órgano Ejecutivo. Más tarde, esa orden fue ratificada en la resolución 09/2020, del 9 de abril. En las instrucciones, la ministra de Turismo Morena Valdez ordenaba al director administrativo, Marvin Antonio López Esquivel que ejerciera el rol de solicitante de bienes y servicios relacionados con paquetes de alojamiento en centros de contención. También giró instrucciones al director de adquisiciones y contrataciones para que procediera a hacer las compras con cargo al fondo de emergencias Fopromid, una herramienta que ha sido usada de manera discrecional por el Ejecutivo para que los ministerios hagan gastos de emergencia para atender la pandemia. Hasta junio, ese fondo acumulaba 625 millones de dólares y el Gobierno se ha negado a rendir informes a la Asamblea Legislativa y a la Corte de Cuentas sobre esos gastos.
Un mes más tarde, el 29 de mayo, la ministra Valdez participó como invitada a una comisión que discutía la pertinencia de aprobar una nueva Ley de Emergencia, que permitiera al Ejecutivo mantener a disposición el uso de fondos de emergencia sin seguir la Ley de Adquisiciones (Lacap). Ahí, Valdez llegó a explicar por qué necesitaba contar con esta herramienta. 'No es solo llegar y decir hacemos cotización. No tenemos la capacidad instalada. Por eso tenemos a todos los hoteles medianos y pequeños contratados. Tenemos que contratarlos a todos y si vamos por la Lacap tenemos que hacer una comparación de precios, etc”, dijo.
Lo que revela el informe de la Dirección de Auditoría 3 es que Turismo contrató sin respaldos técnicos, sin evaluar las mejores ofertas y sin ofrecer garantías al Estado para asegurarse de que los hoteles y residencias contratadas cumplieran con el cometido delegado.
'Excesos' de pagos a hoteles de Chepe Diablo
Entre el 14 de marzo y 23 de abril, Turismo favoreció a Hotesa con pagos por $342,435.20 por paquetes de alojamiento en los hoteles usados como Centros de Contención. Los auditores concluyeron que los servicios debían costar $171,217.60, porque los paquetes no incluían los tres tiempos de comida. En conclusión, Turismo pagó un 'exceso' de $171,217.60, según el hallazgo denominado “inconsistencia en contratación de alojamientos privados para Centros de Contención'.
Los auditores cuestionaron la tarifa cobrada por Hotesa al Ministerio de Turismo. “Hemos identificado la cancelación de $22.6 diarios por habitación y/o paquete, valor que contempla el servicio de alojamiento y tres tiempos de comida. En los documentos contractuales ni en las facturas de pago, se indica que el servicio incluye los tres (3) tiempos de comida, detallando el exceso pagado en total”, dice el informe.
Las órdenes de compra adjudicadas a Hotesa para usar sus instalaciones como centros de contención tienen los siguientes pagos en exceso, por servicios de alimentación no prestados: el Hotel Capital, en Antiguo Cuscatlán, con $34,578; el Hotel San José de Metapán, $18,306; el Hotel Pacific Sunrise, ubicado en La Libertad, $27,120; el Hotel Bahia Dorada-Costa del Sol, $27,120; el Hotel Las Palmeras de Sonsonate, $37,651; y el Hotel Sevilla, en Usulután, $26,442.
El informe describe que por el mismo precio ofrecido por Hotesa otras cadenas prestaron el paquete completo, estadía y tres tiempos de comida, aunque en el informe no brindan ejemplos. La sociedad Hotesa está bajo tutela del Conab hasta que haya una sentencia en firme en contra de José Adán Salazar por el caso de lavado de dinero en su contra. Turismo clasificó los servicios prestados por Hotesa como “servicios estatales” y justificó los pagos a las empresas haciendo referencia a una resolución ministerial del 14 de marzo, en la que se autoriza pagar más por servicios de alojamiento (sin servicios de alimentación) a proveedores de servicios estatales.
En la resolución 07/2020, del 14 de marzo, el Ministerio de Turismo estableció que la institución iba a poder pagar $20 más impuestos por paquetes de alojamiento, que no incluyen alimentación, si los servicios eran proveídos por entes estatales. Los auditores pidieron información al Conab para determinar si los servicios de Hotesa pueden considerarse como servicios estatales, la única condición bajo la cual puede justificarse el pago adicional que recibió la empresa hotelera. La respuesta del director ejecutivo del Conab, Douglas Castellanos, consignada en el informe, es que “en ningún momento los bienes productivos administrados por el CONAB, pueden considerarse servicios estatales, ya que estos bienes son propiedad privada'.
Para justificar la respuesta, Castellanos señaló que el 3 de abril de 2017 el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio estableció medidas cautelares. “La referida empresa es un bien productivo bajo la modalidad de administración de negocio en marcha …con medidas cautelares, medidas que son decretadas por autoridad judicial, que por el momento no extinguen el dominio de los inmuebles de la empresa Hotesa a favor del Estado”, dice la respuesta. Los auditores concluyeron que Turismo no podía usar la resolución ministerial 07/2020 para justificar los pagos. “Esa resolución solo aplica para aquellos paquetes que incluya alojamiento sin alimentación, para personas en cuarentena, de aquellos suministrantes de servicios estatales”.
Según los auditores, Turismo concedió un “privilegio” a Hotesa de recibir $22.60 por el servicio de alojamiento sin incluir el servicio de alimentación. “Otras cadenas de hoteles sí brindaron este servicio de alojamiento más alimentación por el mismo precio y además se pudo comprobar que Hotesa S.A de C.V sigue brindando un servicio de carácter privado y no un servicio estatal como se ha manifestado”, se lee en el informe. El 24 de noviembre, El Faro pidió la versión de Castellanos sobre los pagos en “exceso” por servicios de alimentación no prestados por Hotesa y sobre la correspondencia con los auditores en la que asegura que los servicios de esta cadena hotelera no pueden considerarse como servicios estatales, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Cuando los auditores pidieron explicaciones al director administrativo sobre este hallazgo, López Esquivel no presentó documentación adicional para desvanecer las irregularidades. 'Me preocupa las presuntas observaciones que ha habido pagos indebidos al punto de relacionar cuadros financieros de los cuales se colige que se ha pagado el doble del monto adjudicado, por lo que los exhorto a que lean nuevamente los documentos suministrados”, contestó. El jefe de la UACI, que fungió hasta el 16 de julio de 2020, descargó la responsabilidad en López Esquivel, el administrador de contrato. “La UACI, como gestora de compras de emergencia, actúa y adjudica de acuerdo a requerimientos emitidos por el administrador de contrato”, contestó.
Pagos sin explicación al primo de Alabí
Entre el 24 de marzo y el 22 de junio, el Ministerio de Turismo ordenó pagos por $6,500 mensuales, durante tres meses, a José Ángel Montoya Quiñonez, primo del ministro de Salud Francisco Alabí. En total, $19,500 en concepto de alquiler de una vivienda, en la cuarta calle oriente número 8-31, de la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, frente al Hospital San Rafael, un inmueble reconvertido en un centro de cuarentena para albergar hasta siete personas sospechosas de ser portadoras del covid-19.
Las órdenes de compra 48/2020 MITUR-FOPROMID y 138/2020 MITUR-FOPROMID, con las que fueron validados los pagos por los arrendamientos de la vivienda, contienen dos irregularidades detectadas por los auditores. La institución no elaboró un contrato con las condiciones del arrendamiento: “servicio, plazo, obligaciones para ambas partes, forma de pago entre otros datos que justifiquen la erogación de los fondos”, dice la auditoría. Tampoco hay explicaciones sobre la determinación del monto mensual pagado. “No se motivó la decisión que justifique el pago mensual de $6,500 por el inmueble arrendado en relación a las condiciones ofrecidas, extensión en metros cuadrados (197.21 m2) y a la ubicación del mismo”.
Esas irregularidades, según los auditores, contradicen el artículo 1703 del Código Civil que establece que a través del contrato las dos partes se obligan a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestación de servicio a un precio determinado. También establecieron que las acciones incumplen la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. “El artículo 6 establece que todas las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios que se ejecuten, deberán contar con la documentación de respaldo que permita identificar la naturaleza y destino del gasto efectuado para facilitar su registro contable, y su posterior liquidación y fiscalización”.
Los auditores responsabilizan a la ministra de Turismo y al director administrativo por el arrendamiento suscrito con Ángel Montoya y los señalan por haberlo hecho sin el “documento jurídico apropiado para estipular las condiciones y obligaciones de las partes” y por no justificar el monto pagado por el arrendamiento de la vivienda. “Los señalamientos generan un incumplimiento con la normativa vigente, una falta de justificación acorde a criterios que respalden el monto mensual contratado y cancelado por no existir un contrato de arrendamiento del inmueble; por lo que no existe un uso eficiente, económico y racional con los recursos proveídos mediante el fondo FOPROMID”.
El 11 de agosto, la ministra Valdez respondió a los auditores que por la emergencia no estaba vigente la Lacap, que cerraron el proceso de contratación con una orden de compra y que para la institución no tenía sentido contratar por un periodo prolongado el alquiler de la vivienda. “Hubiera sido claramente irresponsable contratar de forma inicial y por un período tan grande cualquier casa de contención, por lo que se optó por hacerlo de forma mensual y sobre la base del desarrollo de pandemia y las necesidades reales que se fueron dando, y aunado a que se hizo sobre la base de un documento que la ley permite”.
El 20 de octubre, la jefa de la UACI contestó a los auditores que no tenía participación en la evaluación de las cotizaciones recibidas, ni facultad de decisión en la aceptación de los precios ofertados. “Las decisiones de contratación son de por parte del Titular de la entidad”, dice la nota remitida por la jefa de la UACI. Para justificar el monto pagado pidió a los auditores valorar el “costo de estigmatización” del lugar. “Está implícitamente el costo de la estigmatización de los diferentes lugares que han servido de albergue durante la pandemia y los que posteriormente deberá afrontar para quitar de la imagen pública la contaminación a la que ha estado expuesto, no obstante, es el Ministerio de Salud, quien previa inspección daba su aval para la contratación de cada Centro de Contención”, dice la carta.
Este contrato de arrendamiento con el Ministerio de Turismo no es el único negocio irregular de José Ángel Montoya con el Gobierno. La credencial de Junta Directiva, del 8 de febrero de 2010, muestra que Montoya es directivo (secretario) de la empresa Autodo, y a inicios de julio la revista Gato Encerrado reveló que esta empresa recibió un contrato del Ministerio de Salud por $225,000 para proveer botas de hule. Esta asignación fue denunciada por la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes) y es uno de los casos en la investigación por los contratos de la pandemia que dirige la Fiscalía.
$744 mil para hoteles “sin respaldo de su utilización”
El informe de auditoría enlista a 21 hoteles que recibieron pagos por $744,635 para proveer servicios que ni Mitur ni Salud justificaron ante la Corte de Cuentas. Entre el 20 y el 24 de noviembre, El Faro pidió explicaciones al Ministerio de Salud y al Ministerio de Turismo sobre este hallazgo de los auditores, pero nadie respondió. También pidió explicaciones a los propietarios de los hoteles mencionados a través de correos y llamadas, pero al cierre de esta nota solo cuatro representantes de los hoteles dieron declaraciones.
Entre los pagos más grandes están las órdenes de compra adjudicadas al Hotel Los Manantiales, de la empresa Innovaciones Turísticas, por $137,473.60. Los auditores no encontraron justificación al 85 % de los fondos ejecutados: $117,361.80.
Los auditores también mencionan el caso del Hotel Fotherhouse por $50,352.8. El 24 de noviembre, la gerente de operaciones de Fotherhouse respondió por correo a El Faro que estaba sorprendida por la observación de la auditoría. “Llevamos varios meses sirviendo al equipo destacado en el Hospital San Rafael y en el Hospital El Salvador. No entendemos a qué se refieren con montos injustificados. Contamos con órdenes de compra, facturas y listas de huéspedes y cualquier documento que puedan necesitar”, respondió.
Entre los hoteles con mayores montos “no justificados” están el Hotel Plaza-Sonsonate, $87,755.8; el Hotel Plaza Floresta, $70,376.4; el Hotel La Palma, $67,980.8; el Hotel Mirador Plaza, $59,031.20; el Hotel de Asturias, $44,431.6; Novo Apart Hotel, $38,284 y el Hotel Villa Terra-Inversiones el Copinol por $25,323.3. En la lista destaca el caso del Hotel El Torogoz, al que le adjudicaron cuatro órdenes de compra por $37,335, pero en los reportes de Salud entregados a los auditores ese hotel no está en la lista de establecimientos que funcionaron como centros de contención.
Los auditores sí identificaron establecimientos que sirvieron de centros de contención, pero incluso en esos casos no todos los pagos están justificados, dice el informe. Por ejemplo, las instalaciones de Atami Escape Resort sí figuran en reportes de prensa como sede de uno de estos centros y en la página web de Turismo hay cuatro órdenes de compra por $48,138, pero casi la mitad de ese pagos ($22,554), son considerados como un “monto no justificado” por los auditores. Un vocero del hotel dijo desconocer por qué Turismo no justificó los pagos ante de la Corte de Cuentas. 'En nuestros registros todos los pagos tienen una orden de compra que los respalda. Nos pagaron $20 más IVA para prestar servicios a cada huésped, que incluía tres tiempos de comida y fue una tarifa estándar que ofrecieron para todos los hoteles que he conocido que funcionaron como centros de cuarentena'. Consultado sobre los controles de la prestación de servicios dijo que Salud y Defensa asumieron los controles de las personas que entraban y salían de cuarentena de este hotel.
Los auditores también mencionan un pago de $23,956 sin explicación para el Hotel Kartaguz. Un vocero del hotel dijo por teléfono que Kartaguz prestó servicios de alojamiento al Ministerio de Turismo, que por cada persona cobró $20 más IVA y que la tarifa incluía los tres tiempos de comida; y que en todo momento las comunicaciones las manejaron con Turismo y no con el Ministerio de Salud. “No sé por qué Turismo no compartió información con la Corte de Cuentas sobre los servicios prestados y ese es un problema del ministerio. Yo estoy tranquilo. Si las autoridades toman a bien pedirnos información, tengan por seguro que nuestro hotel la va a dar. En nuestro sistema constan los nombres de todas las personas que estuvieron albergadas, así como las facturas y órdenes de compra que respaldan cada pago por cada servicio prestado”, dijo.
También hay otros hoteles que aparecen mencionados en la auditoría con montos más pequeños: Hotel y Resort Santa Leticia, $21,741.20; Terra Bella Boutique, $18,306; Hotel Santa Elena Segen, $13,153.2; Hotel Villa Santo Domingo, $12,746.40; Hotel Shagul, $11,209.60; Suites & Apartments Hotel Boutique, $6,621.80; Hotel Serena, $6,463; Felix Oliva Bar & Hotel, $5,785.60 y Hotel Alicante, $3,864.60.
Un representante del Hotel Plaza Floresta escribió a El Faro para manifestar que su hotel sí sirvió de centro de contención y que le fueron adjudicadas cuatro órdenes de compra. En una publicación de El Mundo, del 26 de marzo, sí aparece mencionada como sede de un centro de contención. “Efectivamente hemos trabajado duro como centro de contentencion y como recinto para los médicos y personal de salud. Formamos parte de hoteles solidarios para un mejor manejo de la pandemia”, respondió.
El Ministerio de Turismo no compartió con los auditores documentos para constatar los servicios prestados por estos hoteles. Como responsables, el informe señala al director administrativo que tenía la función de administrador de los contratos. Entre las irregularidades detectadas está que López Esquivel firmó actas de recepción sin darle seguimiento a la ejecución de los contratos, tampoco llevó a cabo visitas a los centros de contención. También responsabilizan a la ministra de Turismo por no implementar controles para autorizar los pagos: “documentos que demuestren y validen los servicios recibidos”.
El 20 de octubre, Valdez envió una nota a los auditores en la que manifestó que la institución que dirige solo fue “un agente de compras oficioso” o “a petición de parte”. “Por eso es contradictorio su observación que el Mitur no posee respaldo de su utilización (de los centros de contención) cuando en su misma nota relacionan la abundante documentación de respaldo remitida por la suscrita, con la cual se ha amparado el actuar, en los procesos auditados”. Valdez intentó descargar responsabilidades en la institución dirigida por Francisco Alabí: “el Ministerio de Salud, es el ÚNICO responsable de la utilización, resguardo y administración de los Centros de Alojamiento de conformidad con el convenio marco entre las dos instituciones”, dijo.
En el informe este hallazgo tiene otra posible interpretación alternativa al pago por servicios no prestados, que el Ministerio de Turismo obvió documentar los servicios de los hoteles, pero los auditores advierten que las consecuencias de esta omisión pudo generar perjuicio al patrimonio de la institución. “Autorizar desembolsos para el pago de alojamiento, cuando el Ministerio de Salud confirma que no fueron utilizados como centros de contención, genera incertidumbre sobre el uso correcto de $744,636.10 por lo que mientras no justifique su utilización podría considerarse un detrimento a los fondos institucionales”, advierten los auditores.
Los hallazgos contra el Ministerio de Turismo y la ministra Morena Valdez han sido remitidos a una Cámara de Primera Instancia, integrada por dos jueces, quienes tienen dos años para emitir una sentencia.
A partir de la recepción del informe, los jueces deben elaborar el pliego de reparos, que equivale a una demanda contra los funcionarios señalados en los hallazgos para dar inicio al juicio. Los jueces deben determinar si los reparos merecen multas, que no pueden ser inferiores al 10 % del salario mensual de un funcionario ni tampoco mayor a 10 veces, o pueden determinar que los reparos pueden ameritar responsabilidades patrimoniales, es decir, que los funcionarios pueden ser obligados a restituir al Estado los fondos que la institución pagó sin la debida justificación.
Corrección: El 11 de diciembre de 2020 representantes de la empresa Hotesa hicieron ver a El Faro imprecisiones en el contenido original de este reportaje, que en ningún caso alteran la afirmación que recoge el titular ni los hallazgos de la investigación. Por un lado, se aclaró que los hoteles de Hotesa no prestaron servicios de alimentación al Ministerio de Turismo, sino únicamente servicios de hospedaje. Efectivamente, esa una de las objeciones hechas por la Corte de Cuentas: que a cambio de un pago que debía incluir ambos servicios solo se prestó uno de ellos. Hotesa también señaló imprecisiones en dos montos y en el nombre de uno de los hoteles recogidos en la publicación inicial, pero una vez corregidos la cifra de sobreprecio señalada por la Corte de Cuentas e incluida en el reportaje se mantiene inalterable. Tras revisar toda la documentación disponible, y en cumplimiento de la Ley especial de rectificación y respuesta, El Faro incorporó las correcciones al texto el 16 de diciembre de 2020.
