Lo ocurrido este año parece dar por cierto el antiguo proverbio chino: “el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”. Más cierto aún es que la vida de una persona puede cambiar si su gobierno toma la decisión adecuada en el momento oportuno.
Tras la declaración de la pandemia el 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países adoptaron medidas de aislamiento y otras restricciones destinadas a reducir la transmisión del virus. Esto también ocurrió en El Salvador y el resto de América Latina.
Bajo la sombra de esta situación de aislamiento y un sistema de salud muy exigido, la OMS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre otros organismos, recomendaron mantener los servicios esenciales de salud durante la pandemia, incluidos los de salud reproductiva, en particular la atención del embarazo y parto, del aborto -en los países donde está legalizado- y la provisión de anticonceptivos.
Ya contábamos con experiencias pasadas que confirmaban la importancia de que estos servicios se conservaran activos. Los brotes de SARS, ébola, influenza N1H1 mostraron que la falta de servicios de salud esenciales asociados y no asociados al brote tiene un impacto significativo en el aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad, en particular la materna y neonatal. Estas consecuencias 'indirectas' de las epidemias pueden pasarse por alto ante la necesidad inmediata de proporcionar servicios que salven vidas como parte de la respuesta a la covid-19.
La mayoría de los Estados de América Latina declararon a los servicios de salud reproductiva como esenciales, pero a ese reconocimiento le ha faltado, como tantas otras veces, decisión, capacidades y recursos para convertirse en una realidad, en derechos vividos. El Salvador ni siquiera hizo ese reconocimiento formal.
En este país, la negación de derechos sexuales y derechos reproductivos, en tanto derechos humanos, durante la pandemia de covid-19 se manifestó, por ejemplo, en el cierre de las consultas de servicios de salud reproductiva de la sanidad pública y privada, impidiendo que muchas mujeres accedieran a suministros de anticonceptivos o realizaran sus controles prenatales.
Este fracaso político e incumplimiento de garantizar el derecho a la salud se advierte en algunos números. De enero a septiembre se contabilizaron 379 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 9709 en jóvenes de 15 a 19 años. A esto se suman las 759 consultas a personas atendidas por primera vez en la red de salud por lesiones causadas por violencia sexual. 712 fueron mujeres, es decir, el 94 %; y de ellas 8 de cada 10 eran niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años que sufrieron algún tipo de violencia sexual.
Asimismo, es de prever que hubo incrementos de embarazos no deseados y forzados durante el confinamiento obligatorio, que ante un ambiente de penalización absoluta del aborto, puede alentar abortos inseguros y criminalización injusta de (algunas, no todas) mujeres, jóvenes y niñas que necesitan acceder a esta práctica de salud. Una situación similar se vive en el resto de los países de Centroamérica, donde no existe una legislación que permita la interrupción legal del embarazo.
La pandemia trajo nuevos problemas y desafíos, pero lo cierto es que hay países donde el ambiente regulatorio y de políticas públicas ya era negativo para la salud de las mujeres. Las consecuencias de la penalización absoluta del aborto quedan sintetizadas en lo que vivió Manuela -condenada hace 10 años a 30 años de cárcel por una emergencia obstétrica-, quien falleció privada de libertad por un cáncer linfático no tratado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará el caso a inicios del 2021.
A través del proyecto, coordinado por el Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro (CLACAI), se ha trabajado en conjunto con organizaciones de nueve países de la región para levantar información sobre el estado de estos servicios de salud reproductiva. Esta iniciativa estuvo inspirada en la vigilancia ciudadana, como mecanismo para la rendición de cuentas estatal, también como una manera de aportar propuestas para garantizar los servicios de salud reproductiva.
Durante el este ejercicio nos enfrentamos a vulneraciones al acceso a la información pública, por omisión o por acción de las autoridades, que negaron datos oficiales. Esta situación es especialmente grave cuando la sociedad civil ha complementado, incluso suplido, el actuar del Estado como garante de derechos. En efecto, varias organizaciones no gubernamentales de la región han tenido un rol crucial para difundir información, hacer asesoría y ofrecer alternativas para el cuidado de la salud reproductiva.
Pero también este monitoreo latinoamericano encontró buenas prácticas y decisiones por parte de los Estados, como el seguimiento telefónico de embarazo de bajo riesgo en Bolivia, la entrega domiciliar de anticonceptivos en Colombia o la implementación de la receta electrónica en Argentina.
Es importante destacar estas y otras buenas decisiones gubernamentales, porque sabemos muy bien que esta pandemia nos ha exigido lo imposible a las personas, las familias, a la comunidad y a los Estados, además del estrés generado a los sistemas y equipos de salud. Pero también ha mostrado que muchos obstáculos pueden removerse sin necesidad de incurrir en grandes esfuerzos presupuestarios y sin poner en riesgo adicional a profesionales de la salud ni a la ciudadanía.
En este sentido, el gobierno salvadoreño puede realizar mayores esfuerzos para mejorar sus respuestas en materia de salud reproductiva ante el eventual rebrote por covid-19 en el continente o de crisis como las del Zika. Estos esfuerzos no son imposibles ni más costosos.
De hecho, hay medidas concretas y costo-efectivas que pueden arrojar mejores resultados y garantizar derechos humanos ya reconocidos en el papel, como diversificar los modos de suministrar anticonceptivos para garantizar un acceso seguro y oportuno; asegurar la compra planificada de insumos para evitar el desabastecimiento; implementar servicios de atención a distancia para evitar que las mujeres deban desplazarse largas distancias durante los confinamientos o exponerse a riesgos innecesarios; habilitar servicios de salud ambulatorios, como la interrupción temprana del embarazo con pastillas, testeos de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH; actualizar marcos normativos regresivos o que criminalicen el acceso a servicios de salud reproductiva.
Se trata de reunir capacidad estatal disponible, acercarse a la sociedad civil con experiencia que pueda colaborar en estas tareas, y tener la voluntad de adoptar mejores decisiones, que además son posibles, en los meses por venir.
