El 4 de septiembre de 2019, el recién nombrado embajador de los EE.UU. ante el gobierno salvadoreño el coronel Ronald D. Johnson arribó a nuestro país. En estos escasos meses ha tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación, por lo general acompañando al presidente Bukele o al ministro de Defensa, y mantiene una activa comunicación mediante su cuenta de twitter, en donde ya se le han escapado al menos un par de mensajes que, solo se puede asumir, no pretendía que fueran de conocimiento público.
Caracterizar su desempeño no es tarea fácil, pues los representantes diplomáticos, si son vistos desde la prejuiciada imagen común de un funcionario con casa lujosa, muy bien vestido, algo rollizo, que se pasa la vida codeándose con la élite gubernamental y empresarial en recepciones, cenas y amplios descansos, es cada vez más un recuerdo del pasado, que solo en pocos casos se repite actualmente. La profesionalización del cuerpo diplomático y la globalización se han encargado de establecer tareas más concretas y complejas que requieren una mayor capacidad y dedicación de parte de los diplomáticos.
En embajador Johnson no responde a esa descripción, en primer lugar porque, siendo este su primer puesto como embajador y como lo hemos percibido hasta el momento, sería injusto calificarlo de esa manera; segundo, porque su hoja de vida lo presenta como un militar con más de 30 años de servicio en el Ejército estadounidense, y como empleado de la CIA en el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. de Tampa, Florida, graduado de la Universidad Nacional de Inteligencia del Estado de Nueva York. Si bien es cierto que en el mundo de las relaciones internacionales la diplomacia y el espionaje suelen ir de la mano, las tareas y el comportamiento de ambos son muy diferentes.
Durante los últimos 60 años, más del 80 % de los embajadores de EE.UU. enviados a nuestro país han sido diplomáticos de carrera, un par de ellos empresarios y alguno fue político. Johnson es el único embajador en nuestro país proveniente del Ejército y la CIA. En este medio siglo es de destacar a figuras como la del embajador Robert White (1980 – 1981), quien alertó a su gobierno repetidas veces sobre las violaciones de derechos humanos ejecutadas por la Policía, la Fuerza Militar y los escuadrones de la muerte. Fue destituido al inicio del gobierno de Ronald Reagan por criticar la política del Secretario de Estado de contrainsurgencia y que durante todo el conflicto armado y hasta su muerte, en 2015, dio a conocer en Estados Unidos las masacres que sucedían en El Salvador. Así mismo hay que recordar al embajador Thomas Pickering (1983 -85), quien no solo denunció claramente las violaciones a los derechos humanos durante el período en que fungió como embajador, especialmente en su discurso de despedida, sino que luego, ya como embajador de EE.UU. en la ONU, jugó un papel crucial para desarrollar la negociaciones de paz. Él fue asesor directo del Secretario General para el caso de El Salvador y, al mismo tiempo, tuvo una gran influencia en el presidente Bush para el cambio de la posición de su gobierno frente al caso salvadoreño.
Así como los embajadores tuvieron muchas dificultades para desarrollar su labor durante la guerra de los 80, hoy, con el gobierno de Trump, el embajador enfrenta un dilema agudo. Por un lado, representa a un presidente que ha manejado un discurso no solo agresivo sino insultante al referirse a nuestro país y sus habitantes. Según el Washington Post, en una reunión con funcionarios de migración afirmó que los países recipientes del TPS eran “agujeros de mierda”, a los cuales amenazó con dejar de enviar dinero en concepto de cooperación, “si no pueden parar las drogas”. De hecho la cooperación de AID, la agencia oficial de EE.UU. ya canceló la cooperación para el próximo año.
En otra ocasión, refiriéndose a El Salvador, Guatemala y Honduras, amenazó con usar medidas reales de coerción al aporte que llega de Estados Unidos, para obligarlos a aceptar el retorno de migrantes afiliados a la mara MS-13, aduciendo que “la gran mayoría de los indocumentados centroamericanos llegan para unirse a la mara salvatrucha”. Finalmente, refiriéndose al triángulo norte centroamericano, y explícitamente a El Salvador, dijo: “no son nuestros amigos” y ha declarado que la mara M-13 es “la amenaza más grave a la seguridad interna de los Estados Unidos”. Con este discurso de su jefe, a cualquier embajador se le hace difícil desempeñar un programa que pretenda estrechar la amistad entre los dos países, tal como el embajador aspiraba a lograr antes de su arribo al país.
Sin embargo, con el gobierno del presidente Bukele, el embajador Johnson encuentra un típico “yes men” ante la nefasta politica antimigrantes del Trump, dejando a un lado su obligación de defender al más de un tercio de los salvadoreños. Un gobierno que además se ha negado a dar respuesta al discurso de odio y ha sido el único que ha publicitado como un triunfo de su política de tener “las mejores relaciones de amistad con Estados Unidos”, la prórroga a los tepesianos, que no pasó de ser un saludo con sombrero ajeno, pues ni Trump ni Bukele lo consiguieron, sino que un juez federal ya había ordenado que si sentenciaba sobre la cancelación del TPS favorecía a la administración Trump. Pero las cosas van aún más allá, como la firma que hiciera la ministra de Relaciones Exteriores de “acuerdos” que favorecen las decisiones de Trump en su lucha contra los migrantes, sin recibir contraparte alguna por parte del gobierno salvadoreño, sin importar las inconstitucionalidades en esos acuerdos. Entre ellos la declaratoria de El Salvador como “país seguro”, para recibir los peticionarios de asilo que se aglomeran en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.
Esta débil política exterior no es nueva, sino que ha sido una característica implementada sistemáticamente por los diversos gobiernos del país, con algunas honrosas excepciones, como fue nuestra politica en la segunda década del siglo pasado frente a las invasiones del ejército norteamericano en el Caribe y en Centroamérica, y que llevó, junto a Costa Rica, al tribunal internacional el tratado entre EE.UU. y Nicaragua sobre el uso del golfo de Fonseca, logrando que se resolviera a nuestro favor.
Esta situación genera para el desempeño del embajador una situación ambigua, pues si pretende estrechar lazos de amistad y cooperación entre los dos países, se encuentra por un lado con que su gobierno amenaza, insulta y ataca sistemáticamente a nuestra población en ese país, y, por el otro, está tratando con un gobierno que no expresa amistad, sino más bien sumisión.
El camino que el embajador Johnson ha tomado en estos meses es el de acercarse lo más posible al presidente, ofrecerle apoyos y mantenerse alejado de lo que pueda ser tachado de oposición política al gobierno. De allí su repetida presencia pública no solo en aquellos actos oficiales, que son obligatorios para todo el cuerpo diplomático, sino en otros actos, en los cuales no suele estar presente y mucho menos si son de carácter publicitario o se les da publicidad oficial, tales como las conferencias de prensa del presidente, la participación en actos puramente privados, como el bautismo de la hija del presidente, y que incluso lo ha llevado a hacer planteos que no cuadran con los discursos de su jefe.
Un caso ejemplar fueron las declaraciones que el embajador dio, en días posteriores a la publicación de El Faro con amplia documentación las componendas entre altos funcionarios del gobierno y los líderes de la mara salvatrucha, cuando un periodista le pidió su opinión al respecto y dijo que lo importante era que se disminuyeran los homicidios. Con su respuesta, el embajador realmente quedó mal con el gobierno de Bukele, quienes negaron rotundamente la veracidad de la publicación, acusando a El Faro de publicar fake news. Evadir la pregunta sin condenar el hecho de las relaciones entre las maras y el gobierno, sin embargo, fue un golpe bajo para su jefe, pues hizo parecer que no importaba si se buscaban componendas, incluso ilegales, como dinero por votos. Esa sola acción ya representaba una seria desviación de la política del presidente Trump de acabar y de no negociar con “el enemigo más grave para la seguridad interna de los Estados Unidos”.
Un segundo hecho fue la presencia del embajador en la juramentación de Milena Mayorga como embajadora para El Salvador en EE.UU., en un inusitado evento público que además se convirtió en cadena nacional. El embajador debería de saber, o alguien de su personal decírselo, que según el artículo 4 de la Convención de Viena, los o las embajadoras solo pueden ser juramentadas cuando el gobierno receptor (EE.UU.) haya expresado que no tiene ninguna objeción a su nombramiento mediante una nota de Placet. El gobierno del presidente Bukele, en cambio, convocó a la prensa y al país entero a un acto de juramentación sin haber recibido el visto bueno de parte del Departamento de Estado, lo cual se considera un insulto al país que recibirá al diplomático, por lo que la presencia del embajador Johnson fue un error grave.
Por otra parte, las presentaciones públicas del embajador se han vuelto más frecuentes junto a miembros de las Fuerzas Armadas, lo cual puede ser interpretado como contagio de la política del presidente Bukele, de descansar cada vez más en el apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas e involucrarlas en la política a su favor, pero también puede ser explicado por la tradición de servicio militar profesional del Embajador.
Por ello me parece sorprendente la última presentación ante los medios de comunicación del embajador Johnson, primero porque la invitación fue hecha por la embajada, pero lo más importante fueron los dos mensajes que allí envió. El primero fue la declaración de que la amistad de su gobierno con el salvadoreño depende del cumplimiento de las leyes y la Constitución. Una declaración como esta, en una coyuntura donde tanto nacional como internacionalmente se han incrementado los señalamientos de transgresión a las leyes por parte de la administración Bukele, esto debe leerse como una advertencia del Departamento de Estado al gobierno. El segundo mensaje fue la afirmación de que hay que parar los ataques y agresiones políticas y buscar que todas las fuerzas se sienten a la mesa para lograr acuerdos nacionales. La renuente actitud del presidente Bukele está asentada en el discurso de que hay que pasar la página de la posguerra, pues todo lo anterior era malo y su gobierno lo va a componer. En otras palabras, lo que el Embajador planteó es precisamente lo opuesto a dos temas esenciales a lo que el presidente Bukele y su gobierno están haciendo.
