Sin duda uno de los principales legados que dejará la saliente administración Trump es su legado antiinmigrante. Desde los varios discursos durante su presidencia criminalizando a los inmigrantes hasta las más de 400 órdenes ejecutivas antiinmigrantes que su administración implementó, el daño a la comunidad inmigrante y refugiada es grave y extenso. A nivel político hay mucho que revertir.
La tarea para el presidente electo Joseph Biden y la vicepresidente electa Kamala Harris es enorme. No solamente en el tema migratorio, sino también en temas domésticos, como la justicia racial, la pandemia y la economía. A nivel global, Estados Unidos también deberá recuperar la política exterior, que en los últimos cuatro años no ha sido más que alzar la voz para decir “América Primero” y presionar a otros países por medio de tuits. La dupla Biden-Harris asumirá el poder en un momento en que el país sigue fuertemente dividido y en medio de una pandemia que ya ha tomado más de 3 millones de vidas, incluyendo las de los trabajadores inmigrantes. El trabajo de revertir las políticas antiinmigrantes en medio de todas estas otras prioridades es urgente y grande, pero no imposible.
Afortunadamente, el presidente-electo ya se ha comprometido a revertir varias de estas políticas en sus primeros días mediante órdenes ejecutivas. En su plataforma pública se ha comprometido a eliminar las diversas medidas antiasilo, como las listas de espera (metering) y las decisiones que restringen el asilo a los y las sobrevivientes de violencia sexual y de pandillas, así como a la población LGBTI. Sobre todo, ha prometido acabar con la política Quédate en México o por su nombre oficial, y los Prótocolos de Protección al Migrante (MPP). A finales del 2019, la próxima primera dama, la doctora Jill Biden, viajó a un campamento en Matamoros, México, para ver de primera mano las condiciones bajo las cuales muchos solicitantes de asilo bajo MPP esperaban resolver sus casos.
Biden también se ha comprometido a acabar con los acuerdos tercer país seguro negociados entre Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador. Calificó las separaciones familiares como “criminales”, y aseguró que establecerá un grupo especial de trabajo para reunir a los niños con sus padres.
Respecto a la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, Biden se ha comprometido a pausar las deportaciones durante los primeros 100 días de su presidencia mientras se revisa la aplicación de la ley migratoria al interior del país. Asimismo, ha prometido reinstalar las protecciones para los beneficiarios de DACA y a revisar las terminaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) realizadas por la administración Trump, anulando las que se hicieron erróneamente.
Estos compromisos son bienvenidos y necesarios, pero son solo el comienzo de lo que debería ser una hoja de ruta comprensiva con detalles específicos para realmente reparar los daños. Y hasta la fecha, más allá de estas promesas, no se sabe qué sigue. Los comentarios recientes por parte de algunos miembros del equipo de Biden señalan un compromiso a revertir algunas políticas migratorias “inmediatamente” pero indican que otros cambios tomarán más tiempo. Después de las órdenes ejecutivas que revocarán estas políticas en los primeros días de la administración, un nuevo secretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS) tendría que emitir nuevas directrices con instrucciones específicas a cada agencia encargada, como la de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o la de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para implementar políticas distintas. Asimismo, un nuevo Fiscal General tendría que rescindir las decisiones que restringen el acceso al asilo para ciertas poblaciones. Algunas de las regulaciones se tendrán que modificar con otras nuevas, convirtiéndose en procesos que podrían tomar meses. Respecto a los litigios que están en marcha sobre las regulaciones que bloquean el acceso al asilo será necesario que el Departamento de Justicia liquide los casos y los declare inválidos.
El procesamiento de las personas en la frontera entre Estados Unidos y México es un ejemplo de la necesidad urgente de un plan que va más allá de simplemente revocar las medidas antiasilo. Se estima que las implementaciones del MPP resultaron en que más de 65 000 solicitantes de asilo fueron enviados a México a esperar su audiencia en una corte estadounidense desde ahí. Hasta diciembre 2020 todavía existían 23 000 casos sin resolver, aunque es posible que muchas de estas personas ya no estén en la frontera. Además, desde mediados de marzo 2020, la orden “Título 42”, ha resultado en la expulsión de más de 200 000 personas hacia México o a sus países de origen, en algunos casos en menos de una hora.
Para realmente restaurar un proceso en la frontera que esté alineado con estándares internacionales y para acabar con la política de los MPP, una administración Biden tendrá que admitir a las personas que todavía están esperando resolver su caso bajo los MPP para que puedan completar su caso en los Estados Unidos y, a la vez, admitir a las personas que están llegando a la frontera con necesidades de protección. Para realizar lo segundo se tendrá que terminar también con la política ilegal “Título 42” que, hasta la fecha, la administración Biden solo se ha comprometido a “revisar.” Por ahora, una corte federal ya bloqueó la aplicación de esta para niños no acompañados; habría que acabar con su implementación por completo.
La administración entrante tiene una oportunidad para restaurar la imagen de los Estados Unidos como un país receptor de personas –familias, niños y niñas, jóvenes, hombres y mujeres– que huyen de la persecución en sus países. La clave en los detalles del “cómo” se basará en la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y los albergues en la frontera que han estado haciendo este trabajo por años y que tienen mecanismos de coordinación binacionales listos para responder rápidamente y movilizar a las personas en maneras seguras, ordenadas y respetuosas de sus derechos desde la frontera para que sus familias y conocidos los puedan recibir en los Estados Unidos. Empezar el proceso legal de las personas de manera inmediata también es posible en medio de una pandemia si se siguen las medidas recomendadas por expertos que ya están protegiendo la salud pública de las comunidades fronterizas, los solicitantes de asilo y de los oficiales que están sistematizando a las personas.
Por último, a la par de revocar las medidas antiasilo y otras políticas antiinmigrantes, el presidente electo Biden se ha comprometido a crear una estrategia regional de cuatro años con $4 mil millones para atacar las causas de la migración desde Centroamérica. Más allá de la cantidad del dinero, será importante que la estrategia se enfoque en la lucha en contra de la corrupción y a favor de la protección de los derechos humanos. También será importante ayudar a la región a recuperarse de los huracanes que acaban de devastar comunidades enteras, y en apoyar no a los gobiernos corruptos o fuerzas de seguridad abusivas, sino a los defensores de derechos humanos y las comunidades que están luchando por un cambio en sus países.
Una nueva política exterior para Centroamérica no solucionará el fenómeno de la migración por sí misma si no se toman acciones decisivas en la frontera de los Estados Unidos para restaurar el derecho al asilo y si no se extienden protecciones temporales a los afectados por los huracanes desde Centroamérica.
La juramentación del presidente electo Joseph Biden y la vicepresidente electa Kamala Harris el 20 de enero 2021 marcará oficialmente el fin de una administración racista y antiinmigrante. Este es el momento para transformar el sistema migratorio de los Estados Unidos y convertirlo en uno verdaderamente justo, humano y basado en una visión menos militarizada.
