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Una nueva alianza con la democracia salvadoreña

Mari Carmen Aponte

 
 

Más allá de los eventos regulares que provocan altibajos en las relaciones entre los diferentes países del mundo, no hay duda de que El Salvador ha sido de inmensa importancia para Estados Unidos. Los temas de seguridad, comercio, desarrollo y migración ciertamente han sido centrales en la agenda bilateral de los dos países durante décadas. Sin embargo, el abordaje de las raíces de la democracia y la estabilidad institucional, que es el denominador común de los temas antes mencionados, ha sufrido un debilitamiento en los últimos años. Esto está a punto de cambiar.

Si consideramos la perspectiva completa de nuestra historia compartida reciente, es innegable que la implementación de los Acuerdos de Paz después de la Guerra Civil salvadoreña ha producido importantes resultados democráticos, incluida la consolidación de una constitución pluralista, la separación de poderes y un estable proceso electoral. No se argumenta que estos avances hayan sido perfectos; está claro que la promesa de los Acuerdos no ha sido completada. La democracia requiere del trabajo de todos sus participantes para lograr, en los términos usados por los fundadores de los Estados Unidos, una “unión más perfecta”. Esto es más evidente que nunca hoy, a la luz de las dificultades que enfrenta Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo modelo de la democracia. Y lo mismo aplica a los salvadoreños, quienes han estado vigilantes y alerta en la enérgica defensa de los avances democráticos en su país.

A partir del 20 de enero, Estados Unidos también los acompañará en esa labor.

Afortunadamente, en las últimas semanas hemos visto señales esperanzadoras. Tomemos, por ejemplo, la promulgación de la “lista Engel” en el Congreso. Fue un esfuerzo bipartidista sin precedentes en las Américas, para destacar públicamente los nombres de los actores del Triángulo Norte a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos por actos de corrupción o por socavar las instituciones democráticas en la región. La naturaleza de esta acción, impulsada por los dos partidos de un Congreso Federal polarizado, es notable e importante. El mensaje es claro y categórico: en materia de institucionalidad democrática en Centroamérica, hay una coalición parlamentaria entre Demócratas y Republicanos atenta en Washington, D.C.

De la misma manera, vemos destellos alentadores en El Salvador. Observamos cómo la sociedad civil ha trabajado ampliamente para fortalecer la Cicíes-OEA. En alianza con algunos legisladores, en estos días se propondrá una ley que pretende ampliar la independencia de la Cicíes, así como sus facultades de investigación, acceso a la información y flexibilidad de cooperación con la sociedad civil y la Fiscalía. No tengo dudas de que el gobierno entrante del presidente Biden apoyará este tipo de esfuerzos con decisión.

Todo este panorama, sin embargo, coexiste con otra realidad que lacera los frutos institucionales producto de los Acuerdos de Paz. Acciones tomadas por la actual administración salvadoreña socavan el estado de derecho, debilitan la independencia de poderes y dañan a instituciones que velan por el manejo transparente de la gestión pública, evitando la corrupción.  

En una entrevista reciente con Los Angeles Times, la Representante Norma Torres (D-CA) rugió contra los gobiernos del Triángulo Norte. Señaló debilidades estructurales, especialmente en Honduras, pero que aplican de manera similar a El Salvador. De forma paralela, el senador Robert Menéndez (D-NJ), en una enérgica carta al secretario de Estado Pompeo, fechada y publicada el 3 de diciembre de 2020, instó a la pasada administración a prestar más atención a la debilitada gobernabilidad democrática en El Salvador. Estas muestras de opinión pública presagian las acciones de un Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, presidido por el representante Gregory Meeks (D-NY), del Comité análogo en el Senado, presidido por el propio Senador Menéndez, y del Comité de Apropiaciones del Senado, encargado de aprobar todos los recursos asignados a la ayuda internacional, presidido por el senador Leahy, formarán un frente decidido a combatir la corrupción en el Triángulo Norte.   

Si a esta ecuación le sumamos los pronunciamientos claros e inequívocos del presidente Biden, contra la corrupción y a favor de la democracia, la dirección del apoyo del nuevo gobierno de Estados Unidos es indiscutible e inequívoca.  

Este 20 de enero es un día importante para aquellos que creemos en la democracia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nuevas prioridades, nuevas preferencias, nuevos centros de influencia surgirán en los dos países. Es una gran alegría compartir con el pueblo salvadoreño nuestros nuevos inicios resultado de procesos electorales, con la certeza de que nuestros éxitos compartidos continuarán ocurriendo, y culminarán en una democracia totalmente invertida en el pueblo salvadoreño.

Mari Carmen Aponte fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador y ocupó el puesto de secretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental en funciones durante la presidencia de Barack Obama. Foto El Faro: Víctor Peña
 
Mari Carmen Aponte fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador y ocupó el puesto de secretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental en funciones durante la presidencia de Barack Obama. Foto El Faro: Víctor Peña


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