Walter Araujo tenía una deuda de $52,113.96 en concepto de cuotas alimenticias a favor de su hijo Carlos Araujo Viera cuando se postuló como candidato a diputado de Nuevas Ideas por San Salvador. A pesar de ello, firmó una declaración jurada en la que aseguró no tener mora en la Procuraduría General de la República (PGR): “(…) no tengo ninguna obligación pendiente de pago en concepto de pensión alimenticia ante la PGR. Por lo tanto, cumplo con lo señalado en los artículos 160 y 165 del Código Electoral”, dice el documento que Araujo firmó ante un notario el miércoles 18 de noviembre de 2020. Carlos aseguró a El Faro que la demanda no tenía como objetivo el dinero, sino evitar que su padre llegara a la Asamblea.
Carlos ahora tiene 32 años y la ley le permite cobrar el pago de cuotas atrasadas porque es “imprescriptible”. Asegura que no necesita el dinero y que la única razón por la que lo exigió es para bloquear la candidatura de su padre. “No quiero que sea diputado. Carece de moralidad notoria. No quiero que me represente”, dijo a El Faro. El Código Electoral establece que los candidatos a diputados deben presentar una serie de documentos para inscribirse de manera oficial. La documentación exigida va desde una solvencia del impuesto sobre la renta hasta una declaración jurada de estar solvente en el pago de pensión alimenticia. El Tribunal Supremo Electoral estableció que los representantes legales de los partidos políticos tenían desde el 1° de octubre al 18 de noviembre de 2020 para inscribir su planilla (y entregar los documentos) para las próximas elecciones del 28 de febrero.
La demanda de Carlos no logró su objetivo, pues Araujo pagó la cuota con tal de seguir en la contienda electoral en el partido Nuevas Ideas. El TSE inscribió la candidatura de Araujo, el 8 de enero. Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieron este martes 26 de enero que Araujo no podrá competir como candidato a diputado. La decisión corresponde a que admitieron la demanda de inconstitucionalidad que la abogada Bertha María Deleón, también candidata a diputada por Nuestro Tiempo, presentó en contra de la postulación de Araujo. 'Admítase la demanda con el fin de determinar si la resolución pronunciada por el Tribunal Supremo Electoral a las once horas con cinco minutos del 8 de enero de 2021(...) viola el artículo 126 de la Constitución, porque supuestamente el TSE no documentó ni verificó su honradez notoria, puesto que entre otras cosas habría un supuesto patrón de conducta agresiva y violenta contra las mujeres en espacios públicos y redes sociales', indica la resolución de la Sala.
Sobre el caso del hijo de Araujo, El Faro tiene tres documentos oficiales de la PGR que dejan en evidencia la mentira del representante de Nuevas Ideas que le permitió por un tiempo convertirse en candidato a diputado. La primera prueba es el estado de cuenta de la Procuraduría a nombre de Walter René Araujo Morales actualizado hasta el 2 de diciembre de 2020. El documento muestra que para ese momento, la deuda de los $52,113.96 estaba vigente. La segunda es una acta de audiencia conciliatoria que ocurrió en la Procuraduría, de fecha 4 de diciembre. En ese informe aparece mencionado que Araujo dijo no estar al tanto de las cuotas pendientes y buscaba llegar a un acuerdo con su hijo para saldar la deuda. Y, por último, otro informe donde se lee que Araujo canceló el total de la deuda el 8 de diciembre, 20 días después de inscribirse como candidato.
Aunque hubo un acuerdo verbal, nunca se oficializó. Carlos jamás firmó ningún documento eximiendo a su padre de la responsabilidad.
En diciembre de 2014, cuando Carlos tenía 24 años, llegó a un acuerdo verbal con su padre para no seguir recibiendo la mensualidad de $685.70, porque comenzaba a mantenerse solo. El único requisito que Carlos pidió a su padre fue que se encargara de hacer los trámites legales correspondientes. En cinco años (marzo 2015- noviembre 2020) Araujo no hizo ninguna diligencia, según consta en el expediente de la PGR. Fue hasta el 11 de noviembre de 2020, cuando faltaban ocho días para cerrar la inscripción de planillas, cuando Araujo envió un escrito a la Procuraduría pidiendo el cese de cuotas alimenticias porque su hijo es mayor de edad. Sin embargo, el trámite nunca se oficializó y Carlos contó con ese as bajo la manga para intentar bloquear las aspiraciones políticas de su padre.
A Araujo no le quedó de otra y en un solo pago canceló la deuda para conservar la candidatura que igual perdió este 26 de enero.
El artículo 211 del Código de Familia estipula que la manutención debe seguir llegando a los hijos aunque sean mayores de edad, mientras estudien y hasta que trabajen y puedan mantenerse por su cuenta.
Araujo ha estado involucrado en la política salvadoreña desde los años 90. Durante ese tiempo ha militado en tres partidos políticos: fue diputado y presidente de Arena y eso lo llevó a convertirse en magistrado del TSE durante 10 años. Se lanzó en 2015 como candidato a la alcaldía de San Salvador por Gana, y perdió ante el entonces efemelenista Nayib Bukele. En estas elecciones buscaba ganar un escaño en la Asamblea Legislativa representando a Nuevas Ideas, el partido creado en torno a la figura del ahora presidente Bukele.
Bukele ya ha apoyado públicamente a Araujo cuando el candidato a diputado ha tenido otro tipo de irregularidades. Bukele defendió a Araujo cuando un informe de la sección de Probidad reveló que no justificó la procedencia de $1.4 millones. “Me van a disculpar los que están atacando a @waraujo64. En muchas cosas no hemos estado de acuerdo, pero decir que tiene millones de dólares, es absurdo. Yo mismo le he prestado para cosas básicas y me consta, que buscó patrocinio para comprar el equipo que usa en su programa”, tuiteó Bukele la madrugada del martes 7 de julio de 2020.
El hijo contra el padre
Araujo tenía abierto un expediente en la Procuraduría desde el 7 de septiembre de 1993, cuando la madre de Carlos, Grace Viera, denunció a Walter Araujo para que pagara una cuota alimenticia a favor de su hijo. Según el estado de cuenta de Araujo, desde esa fecha a febrero de 2015 pagó un total de $30,941. Para esa fecha, el hijo de Araujo ya era mayor de edad, pero ningún documento daba por terminada la responsabilidad del otrora candidato a diputado.
Fue hasta el 29 de octubre de 2020 cuando Carlos, representado por su madre abogada, interpuso una demanda ante el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador, donde exigía el pago total de las cuotas pendientes y que “gire oficio a Migración para que no renueve el pasaporte (de Walter Araujo), libere oficio a la Procuraduría (General) a fin de que incluya en el listado de padres morosos (a Walter Araujo), para que no se le expida solvencia para la contracción de préstamos”, según se lee en el documento de la demanda.
Otra de las peticiones fue que el juzgado solicite a la Asamblea Legislativa y al TSE, lugares donde Araujo trabajó, información sobre las prestaciones recibidas en concepto de indemnización labores, bonificación, fondos de retiros, vacaciones, desde el mes de enero de 1994 hasta la fecha, para establecer la cantidad que tiene pendiente de pagar, porque aseguran que la Procuraduría no hizo las diligencias correspondientes.
Viera sostiene que no hay impedimento para que su hijo exija el pago de la pensión alimenticia. El artículo 261 del Código de Familia dice: “El derecho a cobrar las pensiones alimenticias atrasadas es imprescriptible.”
Después de dicha diligencia, Araujo envió un escrito a la Procuraduría para solicitar una audiencia conciliatoria para dejar de pagar la mensualidad. “Mi hijo, desde el año 2010 hasta la actualidad, cuenta con sus propios medios de subsistencia, por haber iniciado su vida laboral (...) tengo conocimiento que desde 2014 ya no se encuentra estudiando”, dice el documento que fue presentado el 11 de noviembre de 2020.
El miércoles 18 de noviembre, Xavi Zablah, presidente de Nuevas Ideas, inscribió la planilla de candidatos por San Salvador. E incluyó la documentación que el TSE exige, donde iban los papeles para la candidatura de Araujo. Ese mismo miércoles, la Procuraduría envió un citatorio a los Araujo para que el 4 de diciembre asistieran a la audiencia conciliatoria sobre el cese de cuotas alimenticias.
El 2 de diciembre, Carlos envió un escrito (firmado ante un notario) diciendo que ya no recibiría cuotas alimenticias a partir de diciembre de 2020. Dos días después, el 4 de diciembre, no asistió a la audiencia conciliatoria, solo lo hizo su padre. En el acta de la audiencia programada para el viernes 4 de diciembre a las 8:45 de la mañana quedó registrado lo siguiente: “Hasta esta fecha él (Walter Araujo) se entera que la cuota alimenticia, que en algún momento fijó a favor de su hijo, aún está vigente ya que hace varios años acordó con su referido hijo, debido a que este se encontraba trabajando y generando recursos propios, que este se presentaría a dicha institución cesar dicha obligación”(sic).
Luego, según el documento, Walter continuó diciendo que “nunca ha sido requerido a pagar cuotas alimenticias por su hijo en estos últimos años por el acuerdo al que habían llegado”. Y pidió que la Unidad Familiar de la Procuraduría convocará a Carlos ese mismo día pues “quiere ofrecerle una fórmula de arreglo sobre la mora que se ha acumulado hasta esta fecha, puesto que él no tenía conocimiento que aún siguiera vigente”. La audiencia quedó programada para el día lunes 7 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Solo Araujo asistió a la diligencia, según el acta que El Faro tiene en su poder.
Pero Araujo tenía prisa, sobretodo estando en plena contienda electoral.
De acuerdo al estado de cuota alimenticia a nombre de Grace Viera, el martes 8 de diciembre Walter Araujo depositó los $52,113.96. “Su última cuota ingreso en fecha 08-12-2020, se necesita de su presencia en la institución PGR”, dice el documento digital. La razón por la que el depósito se hizo a la cuenta de Grace es porque era la representante legal de su hijo. Por alguna razón, el juzgado no dio por terminado el conflicto y el 23 de diciembre admitió la demanda contra Araujo, pero únicamente referida al pago de la deuda, dejando a un lado las otras peticiones, como el pago de bonos y la cancelación del pasaporte.
En dicha resolución no decía que Araujo ya había pagado el total de lo que debía, sino que debía hacerlo en los próximos días. Sin embargo, la abogada Viera sigue sin estar conforme con la decisión del juzgado: “Yo como abogada considero que los jueces sienten temor (...) hasta este día sigo esperando que conteste la demanda. Si lo hace, pues voy a apelar”, dijo a este periódico.
*Con reportes de Gabriel Labrador
