El gobierno nicaragüense de Daniel Ortega consumó la confiscación definitiva de las oficinas de la revista Confidencial y el programa de televisión Esta Semana, que compartían redacción en una residencia al sur de Managua, y en su lugar ha instalado una clínica de maternidad del Ministerio de Salud.
El anuncio lo hizo la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, mediante un comunicado emitido el lunes pasado: “El Ministerio de Salud nos informa que mañana está inaugurando en El Naranjo, Waslala, Matagalpa con el apoyo invaluable del hermano pueblo del Gobierno de Taiwán las casas maternas, una ahí en El Naranjo y la otra aquí en Managua en el Distrito I, Camila López”. Posteriormente la embajada de Taiwán negó este financiamiento.
La revista difundió de inmediato imágenes de la fachada de la que fuera su redacción, pintada recientemente con el color rosado que identifica toda la comunicación oficial de la oficina de Murillo y del gobierno nicaragüense y las fotos de la pareja presidencial en la fachada de la propiedad, al fondo de un pasaje, como clínica de maternidad. En su interior, según informó Confidencial, han sido colocados también retratos de la pareja presidencial y el mobiliario propiedad de la revista, ahora confiscado y puesto al servicio del Ministerio de Salud.
“Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa, que ahora está a la vista de todos”, escribió el periodista y director de ambos medios, Carlos Fernando Chamorro.
La casa de Confidencial y Esta Semana fue allanada en diciembre de 2018 por agentes del estado nicaragüense, sin órdenes judiciales. Varios policías fuertemente armados se tomaron las instalaciones y confiscaron ilegalmente 35 computadoras, los equipos de televisión, documentos y todo lo que encontraron en la residencia. Desde entonces, como constató El Faro en varias ocasiones, efectivos armados tomaron posesión de las oficinas y prohibieron el ingreso de los propietarios y los periodistas.
Ni Confidencial ni Esta Semana han interrumpido sus labores, a pesar de no contar desde hace dos años con una redacción. En 2019, varios de sus periodistas, incluyendo a Chamorro, salieron de Nicaragua ante la gravedad de las amenazas y el acoso gubernamental en su contra. La mayoría de ellos volvió al país al cabo de unos meses.
La confiscación definitiva se da en medio de una ofensiva gubernamental contra medios y organizaciones de libertad de expresión y defensa de los derechos humanos. Además de Confidencial, también fueron confiscadas las oficinas del programa de televisión 100% Noticias y las del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en las que el gobierno instalará en los próximos días, respectivamente, un centro de rehabilitación para adicciones y un centro de salud.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA denunció además que, en estos dos primeros meses del año, el director de la Radio Darío, Aníbal Toruño, ha sufrido tres asaltos a su casa por parte de agentes del estado.
En ninguno de estos casos ha habido órdenes judiciales que avalen las acciones policiales y ni siquiera hubo avisos oficiales sobre la confiscación definitiva de las propiedades asignadas ahora al Ministerio de Salud.
“Esta es la culminación de una agresión contra medios de comunicación independientes que hasta hoy se había impuesto solo por las vías de hecho, asalto policial, robo, ocupación permanente y rechazo a los recursos jurídicos. Ahora el estado lo adjudica al ministerio de salud”, dice Chamorro. “Es un acto de hecho. Un intento burdo por lavar un crimen de estado como si se tratara de un acto loable de servicios de salud. Pero el crimen está presente porque allí están las huellas de Ortega y Murillo, con sus fotografías gigantes a la entrada de lo que antes eran medios de comunicación. Es un símbolo de la dictadura y la censura”.
El medio de comunicación progubernamental El19Digital publicó el jueves una nota sobre la inauguración del Centro para Adicciones en el edificio confiscado a 100% Noticias, aunque no hace ninguna mención del medio de comunicación. La inauguración la llevaron a cabo una autoridad del Ministerio de Salud y un representante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional en Managua, expresión de la simbiosis entre partido y Estado común en Nicaragua durante los 15 años consecutivos que Ortega lleva en la presidencia del país.
Paralelamente, varias organizaciones no gubernamentales se han visto obligadas a cerrar operaciones tras la aprobación de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a toda organización que recibe fondos desde fuera de Nicaragua registrarse como agente extranjero.
La nueva legislación, conocida en Nicaragua como “Ley Putin”, prohíbe que quienes se registren como agentes extranjeros intervengan “en cuestiones, temas o actividades de política interna”, aunque no especifica qué tipo de actividades incurren en esta categoría, dejando en manos de las autoridades la interpretación arbitraria. En la práctica, la ley prohíbe a quienes reciben fondos del extranjero pronunciarse sobre lo que sucede en el país.
Entre las organizaciones obligadas a cerrar tras la aprobación de la ley se encuentran el capítulo nicaragüense de PEN International y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ambas con una larga trayectoria en defensa de la libertad de expresión.
“Es una ley represiva que pretende asfixiar todas las organizaciones de la sociedad civil”, dice la escritora Gioconda Belli, presidenta del capítulo nicaragüense de Pen, que se ha visto obligada a cancelar sus actividades. “Pen se suspende en Nicaragua porque nos iban a eliminar una de nuestras funciones fundamentales que es la de denunciar todas las violaciones a la libertad de expresión. Nosotros a nivel personal perderíamos todos nuestros derechos políticos, lo cual es inadmisible. Nos negamos a inscribirnos como agentes extranjeros cuando todos somos nicaragüenses”.
Nicaragua tendrá elecciones presidenciales en noviembre de este año, lo que ha recrudecido las acciones gubernamentales contra sus críticos. En el último año la Asamblea orteguista ha aprobado otras leyes como la de ciberdelitos, también conocida como “ley mordaza”, que castiga con penas de prisión a quienes, a criterio de las autoridades, publiquen “informaciones falsas” o que dañen su honor.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, cree que las leyes recientemente aprobadas “violan abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos y sin dudas serán utilizadas para perseguir y castigar a los defensores de derechos humanos y periodistas que se expresen en contra de las políticas represivas del régimen”. Vivanco ha hecho reiterados llamados urgentes a la comunidad internacional para que redoble la presión sobre el gobierno nicaragüense.
Nicaragua está inmersa en una crisis política desde abril de 2018, cuando una protesta estudiantil inició un levantamiento social contra el gobierno de Ortega, que incluyó cierres de carreteras y paralización de ciudades enteras. La crisis social desencadenó una fuerte represión estatal condenada por todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Solo ese año, el más violento, las organizaciones de derechos humanos registraron la muerte de casi 600 personas solo en el primer año de las protestas; cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados.
Reportes recientes del Cenidh y la Federación Internacional de Derechos Humanos registran 328 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes estatales entre abril y septiembre de 2018. El informe señala como responsables a Ortega, su esposa y al jefe de la policía, y acusa a la ministra de Salud de ordenar que no se atendiera a heridos que protestaran contra el gobierno.
Desde finales de 2018, el gobierno de Ortega intensificó los encarcelamientos, el acoso y amenazas a opositores y defensores de derechos humanos y en 2020 aprobó nuevas leyes que amarran aún más a sus críticos.
“El brutal régimen de Daniel Ortega ha intensificado la represión contra las organizaciones de la sociedad civil y la prensa independientes, a quienes trata como supuestos 'enemigos' y 'traidores' y somete amenazas de muerte, intimidaciones, campañas de difamación, vigilancia y todo tipo de agresiones”, dice Vivanco.
A pesar de esta avanzada contra los críticos del gobierno, Chamorro cree que se trata de medidas desesperadas que evidencian la debilidad del régimen. “Han fracasado porque han ocupado físicamente las redacciones pero no han confiscado al periodismo. El periodismo no son esas paredes sino los periodistas y sus convicciones para reportar la verdad e investigar y eso se mantiene intacto. En el fondo esto es una batalla por la verdad. La narrativa de la dictadura intenta cerrar un medio de comunicación y el periodismo sigue informando y manteniendo la resistencia de los ciudadanos para practicar la libertad de expresión. No nos sometemos a la censura”.
