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Procurador de Guatemala critica el rol del Ejecutivo en estas elecciones
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Procurador de Guatemala critica el rol del Ejecutivo en estas elecciones

Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala y observador internacional en las elecciones de este 28 de febrero, asegura que los tropiezos del proceso iniciaron antes que se abrieran los centros de votación. Culpa al gobierno de El Salvador de haber roto el silencio electoral, de hacer campaña desde cargos públicos y muestra su preocupación por el papel de la Fuerza Armada en la jornada electoral.

 
 

Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), llegó el viernes a San Salvador como parte de una misión de observación electoral organizada por el procurador salvadoreño Apolonio Tobar. En este tiempo, el guatemalteco asegura haber detectado ya conductas atípicas que considera preocupantes, aunque no están relacionadas con ninguna de las denuncias de presunto fraude que en las últimas semana, y hoy mismo, ha hecho el Ejecutivo. Según Rodas, la vulneración del silencio electoral por parte principalmente del partido del presidente Nayib Bukele, la insistencia de altos funcionarios de este gobierno en pedir el voto pese a que la ley se lo prohíbe, y el gasto exorbitante de recursos públicos en pauta publicitaria afectan la limpieza del proceso, ante lo que considera pasivilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El procurador guatemalteco se muestra también preocupado por la presencia de militares en las inmediaciones de los centros de votación, especialmente un año  después de que el presidente Bukele militarizara la Asamblea Legislativa. “Me preocupa la militarización en estas elecciones porque ya hay un precedente”, dice Rodas. “La sola presencia de los militares intimida. En política las formas son fondos. Hay ciudadanos que tienen fresco lo que pasó en los conflictos armados”, confluye.

Augusto Jordan Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos de Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en San Salvador durante la jornada electoral del 28 de febrero. Foto: Roxana Lazo.
 
Augusto Jordan Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos de Guatemala y presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en San Salvador durante la jornada electoral del 28 de febrero. Foto: Roxana Lazo.

El Ejecutivo y el partido oficial han insistido durante toda la campaña electoral en la necesidad de proteger el voto a toda costa, sugiriendo sin pruebas que los partidos de oposición y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrían intentar alterar la votación. “Voto masivo mata fraude'', dice el eslogan que el gobierno ha repetido y que sus fieles difunden en redes sociales. Según el director de la Policía Nacional Civil (PNC) y el ministro de la Defensa, para la jornada de hoy se han desplegado a nivel nacional un total de 40,500 policías y soldados para resguardar la votación. Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, aseguró hoy en conferencia de prensa que 23,500 agentes policiales resguardar las Juntas Receptoras de Votos (JRV). El Ministerio de la Defensa ha desplegado a 17,000 militares que trabajarán en conjunto con la PNC  “garantizando seguridad en los lugares de habitación y en puntos cercanos a los centros de votación”, según el ministro Merino Monroy.

El artículo 211 de la Constitución establece que la Fuerza Armada es una institución apolítica y deliberante. El procurador guatemalteco alerta que “el peor escenario que podría haber, dado a los precedentes, es que los militares cuestionen los resultados y traspasen el límite constitucional, inclinando la balanza de los resultados para alguna de las fuerzas políticas”. En un comunicado de prensa hecho público el sábado 27 por por los procuradores de derechos humanos de Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Argentina y El Salvador, estos llaman a las autoridades de El Salvador a que “la fuerza pública se mantenga en estricta correspondencia al mandato constitucional”. 

Abuso de poder

Otra de las críticas que hace el procurador de Guatemala es la violación al silencio electoral de tres días que por ley precede a la votación, y en el que los partidos y candidatos tienen prohibido hacer campaña en cualquier medio, incluso en las redes sociales. “A todas luces ha sido vulnerado y se requiere acciones inmediatas para deternas”, dice Rodas. Además, añade que este principio ha sido ninguneado incluso por funcionarios de alto nivel: “desde el mismo presidente de la República hasta algunos ministros”. 

La Policía custodia durante la noche del 27 de febrero de 2021 el material electoral que aún no ha sido entregado a las 34 Juntas Receptoras de Votos del bulevar del Hipódromo. El proceso de remoción de unos parlantes al interior del centro de votación, en contra de la ley,  atrasó el proceso de constitución de mesas en lamadrugada del domingo 28. Foto: Víctor Peña.
 
La Policía custodia durante la noche del 27 de febrero de 2021 el material electoral que aún no ha sido entregado a las 34 Juntas Receptoras de Votos del bulevar del Hipódromo. El proceso de remoción de unos parlantes al interior del centro de votación, en contra de la ley,  atrasó el proceso de constitución de mesas en lamadrugada del domingo 28. Foto: Víctor Peña.

La autoridad competente para impedir o sancionar estos excesos es el TSE; sin embargo, Jordán Rodas cuestiona la velocidad de reacción del ente electoral. “Tiene que ejercer una función realmente independiente más allá de las simpatías personales de los miembros”, dice. Aunque el presidente de la República, y los partidos de Nuevas Ideas y Gana han venido atacando la credibilidad del tribunal electoral, el observador internacional considera que miembros del TSE han hecho, de hecho, guiños al Ejecutivo. 

Otra de las prácticas del Gobierno de Bukele que Jordán Rodas critica es “el uso que altos funcionarios han hecho de los medios de comunicación para pedir el voto de forma indirecta”. El TSE anuló dos spots publicitarios de Nuevas Ideas, el primero por campaña anticipada el 10 de diciembre del año pasado; y el segundo, por fomentar odio, el 3 de febrero. Uno de los spots publicitarios del Ejecutivo que no fue anulado por el TSE pero que el procurador guatemalteco reprocha es el que critica a gobiernos anteriores y a todos los presidentes que ha tenido el país desde la firma de la Paz en 1992, incluyendo los cuatro gobiernos de Arena, desde el de Alfredo Cristiani, y los últimos dos del FMLN, terminando con Salvador Sánchez Cerén. “Ahorita no estamos en elecciones presidenciales sino en legislativas y para concejos municipales, no tendría nada que ver el Ejecutivo”, dice. “Es una forma perversa de hacer uso de recursos públicos", denunció. 


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