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Un monumento al crimen contra la libertad de prensa

 
 

El régimen Ortega Murillo ejecutó el acto final de la confiscación ilegal de Confidencial y Esta Semana, y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de mi esposa Desirée Elizondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud.

Hace más de dos años, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó nuestra redacción por órdenes su jefe supremo Daniel Ortega. Se robaron 35 computadoras, un estudio de televisión recién estrenado, siete cámaras y dos editoras de televisión, y decenas de accesorios de producción audiovisual, así como la documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales y toda nuestra información privada en formato físico y digital.

Un día después, se impuso una ocupación policial de forma permanente, en la que nuestra redacción fue convertida en un cuartel policial. Durante ese lapso de tiempo, la Corte Suprema de Justicia admitió tres recursos de amparo de las empresas Promedia, Invermedia y Cabal, en los que le solicitamos que ordenara el cese de la ocupación. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demostraban la ilegalidad, nunca los falló.

El 22 de diciembre de 2020, el régimen anunció por la vía de hecho, mediante la instalación de un rótulo, la confiscación ilegal la propiedad al asignársela al Ministerio de Salud, en abierta violación a la ley y la Constitución política.

Este martes 23 de febrero de 2021, en la redacción de Confidencial y Esta Semana, y en las oficinas de Cabal, que operaban desde 2004 en ese mismo edificio, el Minsa instaló una “Casa Materna para el Distrito I”, y donde funcionaba el canal 100% Noticias desde 2006, dos días después inauguraron un “Centro de atención a personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción”. Adicionalmente, en la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Juigalpa ahora hay un puesto de salud, y en la propiedad del Instituto para la Democracia (Ipade) se instaló un “Centro para diabéticos”.

Con estas publicitadas “obras de salud”, que se presentan ante los partidarios del régimen como un acto de generosidad del “comandante y la compañera”, se pretende sellar el cierre de dos medios de comunicación independientes, ejecutado manu militari, y la clausura de varias organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos y la cultura de valores democráticos.

En realidad, se trata de un burdo intento de “lavar” un crimen de Estado contra las libertades de prensa, de expresión, y de asociación. El Gobierno ha violado el artículo 44 de la Constitución Política que de forma taxativa establece que en Nicaragua “está prohibida la confiscación de bienes”. Y al apropiarse de estos bienes y propiedades, las tres titulares del Ministerio de Salud, Martha Reyes, Sonia Castro, y Carolina Dávila, son corresponsables de esta violación a la Constitución y, según el mismo artículo 44, “deben responder por los daños inferidos”.

Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado “lavar” su crimen, encubriendo el cierre de un medio de comunicación como si los servicios de salud que está obligado a proveer el Estado, fuesen una dádiva del sistema Estado-partido-familia.

Pero los gobernantes dejaron su huella inconfundible en la escena del crimen. En la redacción de Confidencial, donde durante más de dos décadas hicimos periodismo en libertad, periodistas y editores discutiendo sobre cómo contar noticias, historias y reportajes, y debatiendo ideas y opiniones, para realizar las investigaciones periodísticas sobre el poder y la corrupción, ahora impusieron las fotografías tamaño gigante de Daniel Ortega y Rosario Murillo, símbolo de censura y dictadura, con su omnipresente color rosa chicha.

Ortega y Murillo intentaron borrar de la memoria colectiva la existencia de un medio de comunicación independiente que está cumpliendo 25 años de hacer periodismo, pero lo que han hecho es erigir un monumento al crimen contra la libertad de prensa, que ahora está a la vista de todos.

Recurrieron a la fuerza bruta para cerrar un medio de comunicación, pero no pudieron confiscar el periodismo, ni callar a Confidencial. Nunca, ni el día del asalto policial en 2018 ni al consumarse ahora la confiscación ilegal, hemos dejado de hacer periodismo. Nuestra redacción no está dentro de las cuatro paredes de una oficina confiscada, sino en las mentes y los corazones de los reporteros, en el compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura o la autocensura.

Pero la resistencia de Confidencial no sería posible sin el respaldo de las audiencias que sostienen la credibilidad del medio. La confianza de decenas de miles de lectores y ciudadanos digitales en el periodismo que realizamos, es el único blindaje que nos protege ante las arbitrariedades del poder, y su solidaridad se ha hecho sentir en los momentos más duros de la represión.

Gracias a los ciudadanos y también a los servidores públicos, todos usuarios de redes sociales, en Nicaragua estamos derrotando la censura oficial. Aún falta, sin embargo, enfrentar los demonios de la intimidación y la autocensura que permean en todos los sectores de la sociedad, para ganar la batalla de la verdad. Solo así podremos despejar el camino hacia un verdadero cambio democrático, sin dictadura, con justicia y sin impunidad.

Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 
 
Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua. 


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