El 10 de marzo de 2021, el presidente Alejandro Giammattei nombró a Leyla Lemus, actual secretaria del Ejecutivo, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Con esto le puso el clavo final a la cooptación del sistema de justicia desde donde se ha provocado una oleada de casos que, como en ningún país en Centroamérica, ha puesto contra las cuerdas a los políticos y empresarios más poderosos.
De los cinco magistrados titulares electos que asumirán su cargo a partir del 14 de abril, para los próximos cinco años, cuatro responden a intereses corruptos y fueron nombrados bajo una gran influencia presidencial. Su elección estuvo a cargo de la Presidencia, el Congreso, la Corte Suprema, el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, cada uno elige a uno de los magistrados. De ellos, sin embargo, solo la universidad optó por una magistrada independiente, Gloria Porras. Los demás son afines al Gobierno y al gran empresariado. Los intereses de estos convergen en impunidad y la aprobación de proyectos de compañías mineras e hidroeléctricas que la actual corte ha suspendido por irrespetar los convenios internacionales sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas. Entre ellos, los proyectos mineros de La Puya, Fénix y El Escobal, así como la hidroeléctrica Oxec.
En Guatemala la Corte de Constitucionalidad es muy poderosa. Funciona como el árbitro del sistema político y está facultada para frenar las ilegalidades de los otros organismos del Estado por mandato constitucional. En estos 35 años de democracia, la Corte ha emitido sentencias fundamentales, como la deposición del expresidente Jorge Serrano en 1993 por intentar dar un golpe de Estado, la anulación de la condena contra el dictador Efraín Ríos Montt o impedir la expulsión del comisionado de la Cicig Iván Velásquez. El andamiaje legal está diseñado de tal forma que todos los casos -sean de interés público o no- terminen ahí. Por ello, en el ambiente jurídico se le conoce como la Corte celestial. El gran riesgo es que esta nueva Corte, fiel a la corrupción, desarticule el trabajo de más de una década donde la justicia avanzó de manera trascendental.
De manera inusual en Guatemala, bajo los mandatos de las fiscales generales Claudia Paz y Paz (2010 a 2014) y Thelma Aldana (2014-2018) se desarrollaron investigaciones exhaustivas sobre violaciones a derechos humanos (masacres, torturas, desapariciones, incluso genocidio) por hechos ocurrido durante la guerra interna, en donde se logró enjuiciar al alto mando militar del período más sangriento del conflicto armado (1978 a 1984), así como a otros ejecutores directos y miembros de la Policía. En temas de corrupción, de la mano de la Cicig, se desarticularon redes poderosísimas que involucraron a tres presidentes, así como a financistas de campañas, contratistas y operadores de elecciones de cortes. Esta ofensiva atrincheró al statu quo y detonó una estrategia de defensa que tiene como eje fundamental el control de las entidades de justicia.
Esa racha acabó en 2018, cuando llegó al Ministerio Público la actual fiscal general Consuelo Porras, quien empezó a desbaratar los avances logrados y a debilitar a la FECI, la fiscalía que se quedó a cargo de los casos de la Cicig. La funcionaria ha bloqueado investigaciones y juega con los tiempos para favorece a sus aliados. Por ejemplo, en estos momentos se niega a permitir que la FECI destape una acusación contra Néster Vásquez, el magistrado electo por la Corte Suprema, de quien hay documentos que lo vinculan a un amaño en el proceso de elección de cortes. Hacer pública esa acusación pondría en riesgo su nombramiento.
Estos esfuerzos del Ministerio Público y de los jueces honestos han sido acompañados política y técnicamente por el Gobierno de Estados Unidos. Durante la administración Trump, que hizo convenios migratorios con el presidente Jimmy Morales, el respaldo a estas instituciones bajó y eso favoreció la salida de la Cicig en 2019. Tras la llegada de Joe Biden en enero a la Casa Blanca, los mensajes de apoyo para lograr una Corte de Constitucionalidad independiente, han sido clarísimos. No solo desde la embajada, sino de parte del mismo Biden, quien habló con el presidente Giammattei para externalizar la preocupación sobre esta elección. Sin embargo, ni los llamados estadounidenses ni de la sociedad civil han tenido eco en el presidente ni en las élites empresariales, quienes han optado por asegurar un sistema de justicia a su favor para librarse de los casos y edificar un muro en caso de que nazca una fiscalía regional con dientes parecidos a la Cicig.
Para contrarrestar estas nuevas acciones que llegan desde Estados Unidos, se han dado ya movimientos fuertes en realce de un nacionalismo maniqueo que ha funcionado antes en un intento por detener cambios. El presidente del Congreso, Alan Rodríguez, invitó a un exponente (contradictoriamente extranjero) a despotricar contra el “globalismo internacional” y las organizaciones sociales, que supuestamente intentan implantar una agenda pro aborto, y de imposición de un supuesto gobierno socialista. De esta forma logran incentivar temores en sectores conservadores que (algunos ingenuamente, otros por intereses) creen estos discursos para justificar una posible represión, lo que conllevaría a cancelaciones de ONG y montar casos contra jueces, fiscales, periodistas y activistas que han apoyado la lucha contra la impunidad.
Los amedrentamientos han subido de tono y le apuestan a una muerte civil. Familiares de opositores del Gobierno que trabajan en alguna dependencia estatal, aunque sea en puestos técnicos o de carrera, así como en empresas vinculadas al Estado, han sido despedidos con fuertes mensajes amenazantes. Los ataques en redes sociales siguen aumentando y las denuncias espurias en contra de muchas personas encuentran eco en una Fiscalía que es parte de este embate regresivo. La unión Gobierno-crimen organizado-empresarios tradicionales está más viva que nunca y buscan venganza luego de haber estado en el banquillo acusatorio.
El panorama es preocupante. Estos grupos saben bien que los estallidos sociales son los únicos que han podido detener arbitrariedades, como aprobación de leyes represivas o de amnistías, y por ello le apuntan a la criminalización para esparcir miedo y que la población no reaccione.
El tropiezo más grande que tienen por ahora el presidente y sus aliados es la posición firme de la administración Biden, que se ha percatado que la vía estrictamente diplomática no ha sido escuchada por los funcionarios, por lo que se prevé futuras sanciones. Para esta semana estaba programado un nuevo intento por la lucha anticorrupción en Guatemala. Se trataba de una visita de una delegación de alto nivel, liderada por el consejero Juan González de la Casa Blanca y la asistente especial Roberta Jacobson, de quienes se esperaba que hablaran claramente con Giammattei, artífice del retroceso. La visita fue cancelada el mediodía del miércoles 24 de marzo, mismo día en que aterrizarían, debido a la erupción del volcán Pacaya.
El reto sustancial de la sociedad civil y los partidos será fomentar alianzas necesarias que peleen por el rescate de la democracia por medio de proyectos políticos serios que ofrezcan soluciones a la población. Por su parte, la comunidad internacional debe notar que los grupos empresariales más añejos, dueños de monopolios, son parte de estas mismas redes, pues se benefician del debilitamiento institucional, por lo que no son interlocutores confiables. Es importante que en los próximos años se consoliden nuevas coaliciones empresariales, de sociedad civil y pueblos indígenas con aliados internacionales, para así promover una democratización del país, pues de lo contrario la ruta al autoritarismo es la única que se visibiliza.
