Abril de 2021 marca un aniversario más del estallido de la crisis democrática en Nicaragua. Tres años después, permanecen en la impunidad los autores materiales e intelectuales de las 328 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas en el marco de las protestas del 2018. En lugar de sancionar a los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos, el Gobierno de Nicaragua ha incumplido con sus responsabilidades internacionales al aprobar una Ley de Amnistía que pretende bloquear cualquier proceso de verdad y justicia.
A la fecha, tampoco hay garantías para el retorno seguro de las más de 100 000 personas que se encuentran en el exilio, principalmente en Costa Rica. Además, tal y como ha señalado el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, 125 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, de las cuales, 115 están recluidas a raíz de las protestas de 2018. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas personas se encuentran en condiciones de hacinamiento, con una atención médica negligente y sufriendo regímenes de aislamiento sin criterios objetivos, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para quienes permanecen en Nicaragua y demandan un cambio de régimen, el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y grupos parapoliciales es permanente.
Este tercer aniversario también encuentra a Nicaragua frente a otra coyuntura delicada: el 7 de noviembre se llevarán a cabo elecciones generales, que implican la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Desde septiembre de 2020, el Grupo pro Reformas Electorales (GPRE) lanzó sus demandas mínimas para contar con un proceso electoral independiente, inclusivo y transparente. En adición, el pasado 21 de octubre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que se establece el mes de mayo como plazo límite para que el Estado realice reformas electorales que garanticen el respeto de los derechos políticos en Nicaragua. Esto a través de la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE); un registro de votantes transparente y efectivo; la observación internacional independiente y acreditada, el recuento transparente de los votos y la publicación de los resultados en tiempo real; así como el establecimiento de procedimientos adecuados para la presentación y resolución de quejas sobre el proceso electoral. Llamado que ha sido reiterado por el Parlamento Europeo y recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El plazo establecido por la OEA vence el próximo mes y lejos de realizar reformas en la dirección demandada, la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, con la que pretenden excluir a los adversarios políticos en las próximas elecciones.
Ante este escenario, los grupos de oposición tendrán que decidir, en primer lugar, si van a concurrir a elecciones bajo estas condiciones; y, en segundo, definir cuál será la ruta de salida a la crisis que asegure garantías de no repetición. Sumándonos al debate venidero, nos permitimos plantear tres preguntas bienintencionadas, cuyas respuestas consideramos que deberían formar parte de cualquier proyecto de cambio en Nicaragua:
¿Qué hoja de ruta guiará la restauración del Consejo Supremo Electoral?
Las demandas de reformas electorales realizadas por la oposición y la OEA incorporan la reestructuración del Consejo Supremo Electoral mediante la elección de nuevos magistrados/as. El caso Yátama Vs. Nicaragua, con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2005, ya advertía sobre las arbitrariedades del sistema político nicaragüense y sobre la necesidad de adoptar reformas sustantivas en materia electoral que establecieran, entre otras cosas, un recurso de revisión sobre las decisiones del CSE. Ante la posibilidad de que las reformas al Consejo no sucedan antes de los comicios, resulta crítico que los proyectos de cambio prevean un plan para llevar a cabo las modificaciones necesarias que devuelvan la independencia al CSE, más allá de solo un cambio de magistraturas.
¿Cómo reestablecer la autonomía y la confianza en el sistema de administración de justicia?
El sistema de administración de justicia, compuesto por la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial, ha desempeñado un rol determinante en la represión y criminalización de la protesta social. Desde que comenzó la crisis, la Policía Nacional reprimió directamente las movilizaciones, cometiendo crímenes de lesa humanidad, tal y como lo señaló el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y posteriormente anuló el derecho de reunión y manifestación pacífica. La aprobación de la Ley 872 en 2014 subordinó a la Policía Nacional al presidente de la República al designarlo como su Jefe Supremo. Desde entonces, se ha socavado la autonomía y credibilidad de la institución. Es por ello que debe la institución debe reformarse profundamente, para que la sociedad nicaragüense recupere la confianza en el cuerpo policial que debería protegerla.
Por su parte, el Pacto Alemán-Ortega estableció en Nicaragua un sistema bipartidista que incluyó el reparto de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Además, en 2010 Ortega emitió un decreto presidencial para extender la permanencia de magistrados y magistradas con mandatos vencidos. En retribución, la CSJ eliminó las barreras para la reelección presidencial. Es primordial restituir la independencia del Poder Judicial e investigar, remover y sancionar a cualquier integrante de la judicatura que haya participado en violaciones de derechos humanos al instrumentalizar la justicia.
El Ministerio Público, por su parte, ha liderado la estrategia de consolidación de la impunidad y criminalización de la disidencia social y de personas defensoras de derechos humanos, ejerciendo de modo desproporcionado e irregular su potestad de persecución penal. Así también ha avalado la violación de garantías procesales contra las personas detenidas arbitrariamente y privadas de libertad por razones políticas. Ante un eventual proceso de cambio, se deberán adoptar medidas estructurales para restituir la autonomía del Ministerio Público y sancionar al funcionariado que haya actuado de manera irregular. También aquellas relativas a un plan de persecución penal en función de la memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de graves violaciones de derechos humanos.
¿Cómo saldar las deudas históricas con grupos vulnerados?
Igual de urgente es que los proyectos de cambio presenten una propuesta de futuro para aquellos grupos que han sido marginalizados reciente e históricamente en Nicaragua. Una agenda de transición deberá impartir justicia más allá de la sanción contra los victimarios. Las víctimas de graves violaciones tienen derecho a un proceso de memoria, verdad y reparación por las vejaciones que sufrieron; y este, además de ser participativo y representativo, debería contar con objetivos y mecanismos concretos para su implementación.
Las mujeres, y particularmente las defensoras, han sufrido una persecución diferenciada por parte del régimen en los últimos años. Por lo que también existe una deuda pendiente del Estado para garantizar sus derechos. En particular, los proyectos que anhelan el cambio en Nicaragua deberán encontrar la manera de restituir la institucionalidad para asegurarles una vida libre de violencia; y eliminar las barreras impuestas por el Gobierno actual para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Los pueblos originarios y afrodescendientes también han padecido la colonización de su territorio casi sin distinción partidista ni de sistema político. La deuda centenaria que prevalece en la Costa Caribe deberá ser atendida por quienes aspiran a renovar los poderes del Estado nicaragüense, con pleno respeto a su autonomía y cultura y una política de desarrollo que se aleje de hegemonías extractivas.
No alcanzan las líneas para enumerar al resto de colectivos que esperan respuestas de cambio en el marco de la renovación de poderes en Nicaragua. Lo cierto es que, antes o después de noviembre, es tarea urgente dentro y fuera del país, insistir en las preguntas y respuestas que deben resolverse para evitar que la historia en Nicaragua se vuelva a repetir.
Guillermo Rodríguez García y Fernando Lorenzo Abril son oficial de incidencia y pasante colaborador del área de incidencia del programa para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), respectivamente.
