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Los asesinos de Berta Cáceres al descubierto

Edy Tábora

 
 

El juicio contra David Castillo, oficial de inteligencia militar y empresario acusado por su responsabilidad como coautor del crimen contra Berta Cáceres, dio inicio el 5 de abril 2021. Fue suspendido dos días más tarde luego de las nuevas pruebas propuestas por la acusación privada, que representan avances importantes para establecer la responsabilidad penal de los autores intelectuales en el crimen.

En el momento del asesinato el 2 de marzo de 2016, Castillo era el presidente del consejo de administración y gerente general del Desarrollos Enérgeticos S.A. (DESA), una estructura criminal disfrazada de empresa que ha utilizado mecanismos de violencia, corrupción e impunidad para avanzar su proyecto económico. DESA usurpó territorios indígenas Lencas, a través de la corrupción y el otorgamiento de licencias de manera ilegal, para construir una hidroeléctrica con el fin de defraudar al Estado en millones de dólares mediante un acuerdo de compra de energía negociado también ilegalmente. DESA, además, implementó acciones para criminalizar a los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) –la organización que Berta cofundó y dirigía en el momento de su asesinato– y utilizaron actos de violencia, amenazas e intimidaciones que culminaron con el asesinato de la activista.

Desde abril 2013, Berta había estado liderando una exitosa campaña para detener el proyecto hidroeléctrico junto a los miembros organizados del Copinh de Río Blanco, las comunidades directamente afectadas. Con la financiación internacional en peligro y la empresa constructora retirándose debido a las denuncias que hicieron, los ejecutivos de DESA, decidieron en 2016 que era el momento de detenerla.

Un póster de Berta Cáceres lidera una marcha de pueblos indígenas hondureños en las calles de Tegucigalpa en agosto de 2016, cinco meses después de su asesinato. Foto: AFP/ Orlando Sierra.
 
Un póster de Berta Cáceres lidera una marcha de pueblos indígenas hondureños en las calles de Tegucigalpa en agosto de 2016, cinco meses después de su asesinato. Foto: AFP/ Orlando Sierra.

David Castillo fue capturado hace tres años por su rol en el asesinato, pero hasta ahora, el resto de los ejecutivos de DESA –miembros de la poderosa familia Atala Zablah– han permanecido impunes en los procesos judiciales. Con la condena en noviembre de 2018 de otros miembros de la estructura criminal, incluyendo cuatro sicarios, un militar activo de rango mayor y dos trabajadores de DESA, el Tribunal de Sentencia reconoció que los directivos de DESA conocían y consintieron el plan de asesinato. Sin embargo, ninguno ha sido ni siquiera interrogado en el proceso actual. Ahora, el alcance de su participación es aún más claro y el Estado hondureño debería sentirse obligado a tomar acciones decisivas para acabar con la impunidad en el caso.

Dentro del expediente judicial se incluyen miles de páginas de datos de telecomunicaciones, entre otros medios de prueba, que evidencian que Castillo coordinaba con los sicarios ya condenados para llevar a cabo el plan de asesinato mientras desempeñaba un papel subordinado a los ejecutivos de la empresa. La nueva prueba presentada vincula claramente a Daniel Atala Midence, miembro de la Familia Atala Zablah, con un pago que coincidiría con la entrega de dinero de David Castillo al ya condenado Douglas Bustillo, exgerente de seguridad de DESA.

Las empresas detrás de DESA y la transferencia bancaria
Aunque DESA es la cara pública detrás del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, al menos dos empresas más, registradas en Panamá y Honduras, y controladas por los Atala y Castillo, tuvieron que ver con el proyecto. Según la nueva prueba presentada, Daniel Atala Midence autorizó y realizó un pago por parte de la empresa Concretos del Caribe (Concasa) a la empresa Potencia y Energía de Mesoamérica, S.A. (PEMSA) dos días antes del asesinato de Berta Cáceres por un monto de 1 millón 254 mil dólares, correspondiente a un pago posterior realizado al grupo sicarial.

Concasa fue constituida como empresa en Honduras por Castillo y un socio pocos meses después de la creación de DESA, en 2009. A finales de 2015, dos meses antes del asesinato de Berta, Castillo, como presidente de la Junta Directiva y representante legal de la empresa, otorgó el poder general de administración de Concasa a Daniel Atala Medince, lo que presumiblemente le habría permitido autorizar y realizar transacciones financieras desde ese momento. Además de su papel en Concasa, Atala Midence era también el director financiero de DESA en el momento del crimen. El documento bancario propuesto como evidencia muestra que Atala Midence utilizó su correo electrónico de trabajo de DESA para realizar la transferencia de Concasa a PEMSA. Todavía no se ha aclarado públicamente de dónde proceden los fondos de CONCASA para realizar la importante transferencia.

PEMSA es una empresa constituida en Panamá que Castillo presidía en el momento del crimen. Desde la reunión de accionistas de DESA en noviembre de 2011, PEMSA ha sido accionista minoritaria de esta empresa. La transacción internacional entre CONCASA/Midence y DESA/Castillo se hizo a través del Banco Bac Credomatic, presidido por Jacobo Atala Zablah, miembro de la junta directiva de DESA y de inversiones Las Jacarandas S.A.

El juicio de 2018 demostró que el gerente socioambiental de DESA, Sergio Rodríguez, dejó de ser pagado por DESA en 2016, el año del asesinato, pero seguía siendo pagado por PEMSA y CONCASA, incluso después de ser capturado por el asesinato de Berta. Las líneas entre estas tres empresas podrían haberse difuminado para intentar limitar las responsabilidades de cada uno.

En un intento de mantener una mayor impunidad en el caso, el Estado de Honduras no ha realizado ninguna investigación relacionada con la posible naturaleza criminal de estas empresas ni contra quienes las conforman.
La nueva evidencia demuestra que la transferencia bancaria de Atala Midence a Castillo se dio después de un atentado abortado contra Berta Cáceres entre el 5 y 6 de febrero. En ese momento, un sicario solitario informa a su superior, un oficial militar activo que coordinaba directamente con Bustillo, que no pudo llevar a cabo el asesinato por falta de recursos. Dice que necesita un arma, un carro y otras personas con las que trabajar. En la preparación del asesinato, menos de un mes después, Bustillo se comunicó con Castillo para expresarle: “Necesito lo que va a presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos”.

Castillo se reunió con Bustillo el 1 de marzo para darle, lo que llaman en los chats, un préstamo. El día siguiente, el grupo sicarial, que Bustillo coordinaba a distancia, se desplazó de la zona norte de Honduras a la ciudad de La Esperanza para asesinar a la lideresa Berta Cáceres. En las horas posteriores se registró el movimiento de Bustillo desde la zona central, donde presuntamente se había reunido con Castillo el día anterior para recibir los fondos, hacia la ciudad de San Pedro Sula, en donde las antenas telefónicas evidencian una posible reunión con el sicario y militar, condenado también en 2018, Henry Hernández. Sobre este hecho, el Ministerio Público se ha referido como la acción de pago al grupo sicarial por la realización del asesinato.

La responsabilidad de Daniel Atala
Más de cuarenta mil páginas de registros telefónicos, así como de chats, mensajes de texto, GPS y correos incautados desde los teléfonos celulares de los involucrados, que forman parte del proceso penal, dan cuenta del vínculo entre la familia Atala y sus empleados, dejando irrefutable y contundente la prueba presentada, no sólo para la condena de Castillo, sino como prueba que abre vinculaciones con otras responsabilidades que hoy gozan de impunidad. La acusación privada sostiene que David Castillo fue parte de una estructura criminal que llevó a cabo las acciones para perseguir, atacar y, finalmente, dar muerte a Berta Cáceres. Esto incluyó la participación de sicarios, empleados y ejecutivos de DESA, donde Castillo desempeñaba un papel subordinado.

Esta nueva prueba presentada fortalece una línea de conexión ya establecida entre la autoría intelectual y la ejecución del asesinato a través de la instrumentalización de empresas privadas para la realización de crímenes. Hasta la fecha, el Estado hondureño se ha negado a investigar y procesar la estructura empresarial que se utilizó para proveer la logística necesaria para la realización del asesinato.

A pesar de que la acusación privada ha presentado dos solicitudes de acusación penal con la información detallada contra Daniel Atala, el Ministerio Público hondureño no le ha llamado a ser interrogado. Ahora, en su calidad de testigo, ha sido citado por el Tribunal de Sentencia en el juicio oral y público instruido contra David Castillo para declarar sobre las actuaciones de este último. Será la primera vez que la justicia hondureña llame a un miembro de la familia Atala para hablar sobre el crimen contra Berta.


*Edy Tábora es un abogado hondureño especializado en libertad de expresión, proyectos extractivos y derechos humanos a través del Bufete Justicia para los Pueblos. Fue coasesor del ecologista mexicano Gustavo Castro, que sufrió un atentado la noche en que fue asesinada Berta Cáceres.


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