Tras más de un año del inicio de la crisis sanitaria, el balance en términos sociales para la región muestra un escenario complejo. De acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional, América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia, ya que su economía se contrajo en aproximadamente 7.4 % en 2020. Este deterioro se ha visto reflejado en un incremento del desempleo, tanto formal como informal, que ha desembocado un drástico aumento de la pobreza.
En el mercado laboral se evidencia un importante retroceso en toda la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) cerca de tres millones de empresas han cerrado durante la pandemia. Esto llevó a que el desempleo, que afectaba a ocho de cada cien personas previo a la crisis sanitaria, en el 2020 pasara a afectar a casi 11.
Pero el desempleo no afectó solo a los trabajadores formales. En los meses de mayor confinamiento y paralización de la actividad económica, entre los meses de abril a junio del año pasado, un importante segmento de trabajadores informales pasó al desempleo o inactividad. Datos de la Cepal evidencian una reducción anual para el segundo trimestre de 2020 en el empleo informal de 35 % en Chile, 20 % en Brasil y 31 % en Costa Rica.
Esta reducción del “trabajo en negro” afectó principalmente al sector rural por la precariedad laboral en los trabajos agrícolas de la región. Adicionalmente, las mujeres con trabajo informal se vieron más afectadas que los hombres debido a su mayor participación en sectores que se vieron más afectadas, como la hotelería y turismo, el servicio doméstico y el comercio.
Con la paulatina reactivación productiva las tasas de empleo informal en la región se están incrementando. En México, por ejemplo, este indicador aumentó de 48 % a 55 % entre abril y agosto de 2020. Y se espera que cuando la situación se normalice y los latinoamericanos vuelvan a buscar trabajo, el camino más directo será la informalidad, con puesto de menor calidad y con caída de salarios.
Aproximadamente unas 7.5 millones de personas se sumarán este año, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la enorme bolsa de latinoamericanos que trabajan sin seguridad social. Y para los siguientes años, el porcentaje de personas trabajando en la informalidad se incrementará del 56%, previo a la pandemia, al 62 %.
Si bien la medición de la informalidad varía entre países, este tipo de empleo es un fenómeno latente y constante en las economías de América Latina y el Caribe. Además, el trabajo en “negro” se distribuyen de forma desigual con una presencia desproporcionada de mujeres, jóvenes, personas con bajos niveles educativos y habitantes de zonas rurales.
La incidencia de este fenómeno, tanto previo como durante la pandemia, varía drásticamente entre países. Mientras que en Uruguay la informalidad afecta a uno de cada cuatro personas o en Chile a tres de cada diez, en países como Honduras, Guatemala o Bolivia afecta a alrededor de ocho de cada diez trabajadores. O sea que contar con un contratos es cosa de privilegiados.
Los desafíos de la recuperación
Un aumento en los niveles de informalidad implica, a nivel social, un incremento de la población en situación de pobreza, de la desigualdad y un deterioro general de las condiciones de vida. A nivel macroeconómico la consecuencia es una reducción en la demanda y consumo de los hogares y por ende de la actividad económica en general.
Para hacer frente al incremento de la informalidad, desempleo, pobreza y la recuperación económica, es fundamental que en el corto plazo los países mantengan y en lo posible amplíen las políticas de ayuda social adoptadas en 2020. Así mismo, es necesario implementar medidas destinadas a la generación de empleo formal y reactivación de pequeñas empresas.
En el mediano y largo plazo América Latina y el Caribe tienen el desafío de fortalecer su institucionalidad, mejorar la productividad, corregir inequidades estructurales, cerrar brechas sociales y ampliar sus sistemas de protección y seguridad social. Solo de esta manera podrán mitigar, tanto las causas como las consecuencias de la informalidad laboral.
Gustavo Cuesta es economista. Profesor en la Universidad de las Américas - UDLA (Ecuador). Máster en Economía. Candidato a Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Especializado en macroeconomía, comercio exterior y políticas públicas.
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