La Policía de Nicaragua asaltó el jueves las oficinas del medio digital Confidencial, crítica del presidente izquierdista Daniel Ortega, y retuvo momentáneamente a algunos periodistas que cubrían los incidentes, entre ellos un videorreportero de la AFP.
'Nuestras oficinas están rodeadas por las tropas antimotines. Demandamos respeto a la integridad física de nuestros colegas. Exigimos el retiro de la Policía', denunció Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, a través de sus redes sociales, tras conocer de la irrupción en la oficina del medio. Desde allí se emiten también los programas de entrevistas Esta Semana y Esta Noche, bajo la dirección de Chamorro.
Al conocer del allanamiento, cerca de las 9 de la mañana, varios periodistas acudieron a las instalaciones de Confidencial para documentar la extracción de equipo que realizaban los policías. Wilfredo Miranda, periodista de Divergentes y corresponsal de El País, describió a El Faro haber visto alrededor de diez patrullas, con cerca de 30 agentes, que cargaban todo el equipo necesario para irrumpir.
Al notar la presencia de la prensa, los agentes antimotines, sin presentar orden judicial alguna, comenzaron a detener a los periodistas. “Echalos presos, van presos, van presos. Quitales los teléfonos celulares”, gritaban los antimotines mientras corrían detrás de los periodistas. “Lo que querían era borrar todo”, comentó Miranda. El periodista de Divergentes evitó ser capturado al hacerse pasar por un empleado de call center y añadió que uno de los primeros en ser detenidos fue un periodista de la agencia internacional AFP, Luis Sequeira. “Forcejearon con él, lo golpearon, le quitaron el celular y le borraron todas las imágenes que había grabado de los policías saqueando Confidencial”, agregó Miranda.
Sequeira pasó retenido 30 minutos en una patrulla hasta que fue liberado. Durante la persecución contra periodistas, Leonel Gutiérrez, camarógrafo de Confidencial y productor de Esta Semana y Esta Noche, fue también detenido arbitrariamente dentro de las instalaciones de la revista y luego llevado en una camioneta. Chamorro de inmediato demandó al Gobierno su liberación y que brindara información sobre su paradero. Luego de no saber nada de Gutiérrez por casi siete horas, también fue liberado.
Chamorro, que se enteró del allanamiento por fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, dijo que nunca hubo una orden legal de parte de los agentes, porque nunca presentaron orden. En declaraciones a medios nicaragüenses, Chamorro detalló que las fuerzas policiales de Ortega se llevaron todos los equipos que había en Confidencial y Esta Semana.
“Leonel fue secuestrado, le hicieron interrogatorios que apuntan a la criminalización del ejercicio del periodismo. No hay ninguna justificación legal, administrativa ni de ninguna clase, estamos en un hecho de fuerza bruta, donde la Policía llegó a un medio de comunicación. Llegaron ahí, no sé con qué objetivo, pero obviamente había una orden ilegal, una orden política. Eso es todo lo que puedo decir”, declaró el director de Confidencial.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), declaró en su cuenta de Twitter que “Ortega está intensificando su represión en contra de la sociedad civil, la prensa y la oposición. Su objetivo está claro: impedir cualquier crítica y robarse las elecciones presidenciales de noviembre 2021”.
“Aquí es la ley de Ortega”
Para Octavio Enríquez, periodista de Confidencial, con lo sucedido esta mañana queda claro que el “oficialismo está cerrando filas para garantizar la reelección de Ortega y prácticamente su permanencia en las instancias de poder”. Desde la óptica de Ortega, dijo Enríquez, el periodismo que denuncia, que le critica y le investiga, “se convierte en un adversario, en el enemigo”.
La primera vez que el Gobierno dispuso el allanamiento del local desde donde funcionaba Confidencial fue en 2008, pero la más violenta ocurrió en 2018, cuando estaban en otro inmueble, y se incautaron equipos y medios de trabajo. Confidencial dio cobertura ese año a las protestas que pidieron la salida de Ortega y en donde se registraron más de 300 muertos.
En 2018, el Gobierno justificó la ocupación de algunos medios locales acusándolos de atentar contra la paz y los derechos humanos de los nicaragüenses. Dos años después, entregó el antiguo inmueble de Confidencial para uso del Ministerio de Salud.
Chamorro reabrió oficinas en un nuevo local a fines de 2019, el que fue allanado este jueves.
Los allanamientos a medios o detenciones contra periodistas, sin que existan procesos apegados a la ley, son cada vez más comunes en Nicaragua. Así lo describe el periodista Wildredo Miranda, quien asegura que este accionar es recurrente inclusive en protestas, donde a la prensa se le toma video o fotografías o se les retiene. “Aquí es la ley de Ortega”, declaró.
Ortega ha estado en el poder desde 2008. Según Chamorro, lo que se vio este jueves “no es nada nuevo”. “Lo que estamos viendo el día de hoy no responde a ninguna ley, no podemos encontrar ninguna justificación racional. No empezó hoy. Empezó muchas décadas atrás”, expuso el periodista.
Chamorro es hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). Este mismo jueves, su hermana Cristiana Chamorro, fue señalada por el Gobierno de estar envuelta en lavado de activos, condición que truncaría sus aspiraciones de participar en las elecciones presidenciales de noviembre.
“Seguramente que es un proceso para inhibirme a mí, para impedir que los nicaragüenses puedan ir a votar en libertad. Esto es parte de todo el proceso que está montando toda la dictadura para impedirnos ese derecho”, señaló la dirigente opositora a las afueras del Ministerio de Gobernación, donde fue interrogada.
Cristiana Chamorro dijo tener lista la información que le pida el Gobierno de Ortega, como parte de su defensa sobre el delito que se le atribuye. “Es una acusación macabra, parte de la monstruosidad que nos monta este régimen”, dijo.
Horas después de la irrupción, Carlos Fernando Chamorro envió un mensaje en Twitter al Gobierno de Ortega: 'No nos van a callar, pueden robarse otras cámaras de televisión, otros accesorios, pueden ocupar un recinto donde nosotros habíamos hechos algunas producciones, pero vamos a seguir informando, no van a callar a nuestros periodistas'.
