El pasado viernes 14 de mayo será un día para recordar, pero para recordar el retroceso que hemos tenido con respecto a la lucha por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGBTI, personas que hemos sido históricamente violentadas, invisibilizadas, maltratadas y discriminadas por el simple hecho de no seguir con la norma heteropatriarcal impuesta por la sociedad. Un día para recordar que, durante la primera reunión de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, la diputada del partido Nuevas Ideas, Lorena Fuentes, solicitó archivar 30 iniciativas de ley que estaban pendiente de estudio y aprobación, entre ellas la Ley de Identidad de Género para Personas Trans y la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación.
Las razones por las que se decidió archivar estas dos propuestas son simplemente absurdas. No tienen tinte partidario ni son obsoletas y responden a la urgencia de nuestra realidad. Estas iniciativas representan el arduo trabajo de organizaciones trans que buscamos apoyo para que pudieran ingresar a la Asamblea como anteproyectos de ley, es un trabajo que nos ha llevado años poder concretar. Por ejemplo, la Ley de Identidad de Género para Personas Trans se inició a trabajar desde 2012, cuando organizaciones trans y organizaciones aliadas decidimos unirnos para luchar por una ley que reconociera la identidad de las personas trans en el país, y es ahí cuando se formó la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador; a partir de ese momento se empezó con el trabajo para la construcción de una propuesta, teniendo los frutos en 2017, cuando obtuvimos por consenso el borrador de la ley.
El anteproyecto de Ley de identidad de Género busca el reconocimiento del cambio de nombre, sexo o género en los documentos de identificación personal, para que estos estén acorde a la identidad asumida por las personas transgénero y transexuales, y así garantizar el derecho fundamental de las personas trans al nombre propio, protegido por el artículo 36 inciso 3° de la Constitución de la República, así como el reconocimiento de otros derechos que han sido negados históricamente.
Gracias a nuestra labor de incidencia y de nuestra convicción, alcanzamos iniciativa de ley en 2018 con la diputada Lorena Peña del FMLN, y logramos la iniciativa de ley, para que pasara a la Comisión de Género y de la Mujer para ser estudiada. Desde entonces hemos trabajado campañas para divulgar la ley y su contenido, hemos buscado reuniones con las y los diputados de los diferentes partidos políticos, y a pesar de que tuvimos poca aceptación, de una u otra forma, teníamos incidencia y apertura.
Este retroceso no es el primero que enfrentamos bajo esta administración. Las circunstancias cambiaron para las poblaciones LGBTI en El Salvador a parti del 3 de junio 2019. Dos días después de que la administración actual asumiera el poder, se eliminó la Dirección de Diversidad Sexual, que velaba por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en las oficinas del Gobierno, y además se cerraron las interlocuciones con los diferentes ministerios. El único vínculo que mantuvimos, de manera aislada, fue con el Ministerio de Justicia MJSP. Que se nos cerraran estas puertas fue particularmente desesperanzador, ya que desde junio de 2019 a la fecha se han registrado 16 crímenes de odio contra personas LGBTI, de los cuales no ha habido ningún tipo de eco o posicionamiento público de parte de funcionarios o funcionarias públicas o instituciones del Estado para hacer justicia y menos para condenar la ola de asesinatos trans que hubo a mediados de ese año.
El segundo anteproyecto archivado esta semana pretendía ayudar a erradicar uno de los problemas sociales más invisibilizados en El Salvador. El anteproyecto de la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación (LEID) se presentó en febrero de 2021 con el respaldo del Grupo Parlamentario de Jóvenes de la Asamblea Legislativa. Esta ley propuesta buscaba promover la igualdad y equidad entre las personas, erradicar prejuicios y estigmas, prevenir, reparar, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación. Debo de mencionar en este punto que, a pesar de que la propuesta fue elaborada por organizaciones que pertenecen a la Federación Salvadoreña LGBTI, no era exclusiva para estas poblaciones, sino que incluía a todas las demás poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, y para construirla se consultó con otras organizaciones de la sociedad civil y sus poblaciones.
Es por eso que nos parecen absurdas las razones que llevaron a la decisión de archivar estos anteproyectos de ley. Estas iniciativas no fueron creadas ni lideradas por cúpulas partidarias, sino que pertenecen al trabajo de años de la sociedad civil organizada que, a falta de la voluntad política, nos tomamos como propio el compromiso de presentar propuestas para el respeto y cumplimiento de nuestros derechos humanos. Me parece una falta de respeto que las y los diputados de la comisión no se tomaran siquiera el tiempo para leer los anteproyectos que enviaron a archivar y aún así declaran que son propuestas “obsoletas” y que no responden a las necesidades de la población.
Este retroceso tiene un gran impacto en las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y quizás, aún más, en la población trans. Es importante recordar también que al archivar estas propuestas se está faltando a los compromisos internacionales que El Salvador está obligado a cumplir, como la Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a reconocer la identidad del género.
Me parece que, con estas acciones, el Estado salvadoreño incrementa las brechas de la desigualdad e inequidad entre las personas y que, con la constitución de un nuevo oficialismo, las poblaciones que estamos en desventaja quedamos más a la expensa de sufrir violencia y discriminación, y sin un Estado que nos proteja.
Las organizaciones y activistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos vamos a continuar con nuestro trabajo, pues no respondemos a agendas partidarias ni económicas. Invito a mis hermanas feministas y al resto de la población a que alcemos nuestra voz ante estas acciones, y que el miedo no nos detenga.
