En El Salvador el desilusionado y cansado electorado le dio poder absoluto a una apuesta política sin objetivos claros que, con la excusa de hacer lo que “el pueblo les manda” y de “limpiar la casa”, comete arbitrariedades que subvierten el orden constitucional. Fue con base en eso que en su segunda semana de trabajo envió al bote de la basura años de esfuerzo y lucha de diversos sectores por incidir en procesos de formación de ley que vayan en favor de las mayorías. Entre ellos la urgente propuesta de Ley General de Agua. Negar el derecho humano al agua es cualquier cosa, menos trabajar por el pueblo.
Para la población salvadoreña, según una encuesta de la UCA de 2020 sobre la opinión de los salvadoreños y salvadoreñas sobre el derecho humano al agua en el país, el 99.5 % de la población considera que el agua es un derecho humano y el 96.5 % considera la aprobación de la Ley de agua como algo “muy urgente”. Cifras atinadas frente a una crisis hídrica que no se puede esconder.
Es por eso que limpiar la casa para nosotros, los de a pie, no tiene que ver con sacar todo de nuestras cuatro paredes para comprarlo todo nuevo, no contamos con esos medios. Limpiar la casa para una sociedad empobrecida como la nuestra tampoco pasa por menospreciar y desperdiciar recursos y esfuerzos que la gente, a través de diversas organizaciones, hace. Es demasiado arrogante de parte de los nuevos legisladores pretender que nada de lo que están mandando engavetar sirva, atienda las necesidades de la población o cumpla con el contexto actual, solo porque no se les ocurrió a ellos. Es un acto prepotente no detenerse a estudiar qué es lo que mandan a la basura.
Yo era una de las que tenía la esperanza de que el interés sobre el tema agua de los diputados de la bancada mayoritaria se volcaría en favor de la aprobación de la reforma constitucional para reconocer el agua como derecho humano, pues durante la campaña lo pusieron como tema prioritario. En la tercera sesión plenaria de esta legislatura, sin embargo, esa esperanza se trastocó cuando los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados se negaron a incluir en agenda la ratificación, a solicitud de la diputada Dina Argueta, del FMLN. Ni siquiera argumentaron el porqué de su negativa.
En El Salvador, el 90 % de los cuerpos de agua superficial están contaminados. Esto es lo que provoca que sea la población más pobre la que padece esta crisis crónica y debe pagar elevados costos para tener acceso al agua para todas sus necesidades básicas. En municipios populosos como Soyapango, San Martín y Apopa, por ejemplo, la denuncia de falta de agua por parte de ANDA es continua. Y aunque esto debería de ser una excepción y no la regla, en realidad es una excepción para el 70 % de la población en el país. Solo tres de cada diez hogares tiene acceso al servicio de agua potable.
En las zonas rurales del país, en donde el salario mínimo es menor que las áreas urbanas ($253.60 vs. $304.20, respectivamente), y en donde sus pobladores subsisten de la agricultura o la crianza de sus animales, el acceso al agua ha sido siempre más limitado. Irónicamente son ellos quienes cuidan las cuencas hidrográficas, pero al mismo tiempo son los que pagan más para tener agua en casa. Haga cálculo usted cuánto está gastando en agua y cómo le toca conseguirla. Mientras los usuarios de ANDA pagamos en promedio $0.39 por metro cúbico (6.29 barriles) –ya sea que viva en Soyapango o en la residencial Los Sueños–, los usuarios de juntas de agua pagan, en promedio, $5.36 por el mismo metro cúbico de agua. Ser usuario de ANDA, en todo caso, no lo resuelve todo, ya que hay quienes pagan la factura por un servicio irregular, pero además les toca comprar el metro cúbico a la pipa por $12.58 ($2.00 el barril).
En 2017, el Banco Mundial publicó que El Salvador cuenta con 2799 mt3 de agua para cada habitante, ubicándonos al borde del estrés hídrico. De acuerdo a la norma internacional, si un país posee 1700 mt3 por habitante enfrenta conflictividad por agua y hasta migración por falta del bien hídrico. La urgencia por legislar el agua como un derecho humano se le hizo saber desde 2015, cuando el Relator Especial del Agua de Naciones Unidas dijo que “los compromisos internacionales asumidos por El Salvador sobre los derechos al agua y al saneamiento no han sido todavía traducidos en su marco interno legal”; y en su informe instó al Estado salvadoreño a reconocer en su legislación el derecho humano al agua y al saneamiento y a promover políticas que hagan efectivo ese derecho a la población. Dicho lo anterior deduzco que la escasez del agua que enfrentamos no se debe a que no haya agua en el territorio salvadoreño, sino porque no podemos pagar para tenerla. Es decir, la escasez es económica y no material, pero además, porque no hay una buena administración del bien hídrico ni un marco legal que regule la administración y distribución del mismo.
Los acercamientos con la Asamblea Legislativa para crear un marco legal sobre este tema iniciaron en 2005, y a lo largo de 15 años se fueron mejorando las distintas propuestas de ley que estaban en estudio, con el apoyo de las iglesias, los sindicatos, la academia, las organizaciones de mujeres, los ambientalistas. Es decir, no es tan difícil coincidir en que, sin la garantía de acceso al agua en cantidad, calidad, cercanía y a precio asequible, ninguna comunidad, barrio, cantón o colonia se desarrolla, cualquiera que sea su actividad principal. Las organizaciones sociales conocen la sed del pueblo y los problemas que enfrentan para saciarla, y desde este trabajo territorial es que se han construido las propuestas de ley. La necesidad de una legislación del agua que favorezca a los desposeídos tiene años de ser urgente. Y se ha intentado incluir en el marco legal salvadoreño de dos formas: vía una reforma constitucional y la aprobación de la Ley General de Agua.
Durante la legislatura 2009-2012 se presentó la primera propuesta de reforma, la cual se aprobó en 2012 con 81 votos. Pero recordemos que para que esta reforma entre en vigencia es necesaria la ratificación en la siguiente Asamblea. Fue aquí donde todo se detuvo. Los mismos que votaron a favor en abril de 2012 no dieron los votos necesarios en 2015 y prefirieron hacer una nueva reforma y pasar a la siguiente legislatura la responsabilidad de ratificar o no. En la legislatura 2018-2021, una vez más las organizaciones de Sociedad Civil, acompañadas de la academia y las iglesias, presionaron y consiguieron la aprobación de la Reforma Constitucional, esta vez en el artículo 2 y 69 de la Constitución, misma que espera por la ratificación de la presente Asamblea.
En cuanto a la Ley General de Agua, las organizaciones sociales proponentes no han encontrado una correlación legislativa favorable. La única vez que se creyó cercana esa posibilidad fue en la legislatura 2018-2021, cuando cuatro de los cinco puntos considerados no negociables por las organizaciones se lograron incluir en el anteproyecto de ley: 1) reconocimiento del agua como derecho humano estableciendo el uso doméstico como prioritario, 2) la preservación de las cuencas hidrográficas, 3) la participación ciudadana activa en la gobernanza del bien hídrico y la toma de decisiones, y 4) que el ente rector del agua fuera eminentemente público. Sólo quedaba pendiente el régimen económico justo y equitativo. Llegar a esos acuerdos ha sido difícil, ha tomado años de trabajo, cabildeo, acciones de calle, sensibilización, formación y organización popular.
Todo esto a pesar de que los sectores económicos interesados en que no haya una Ley de Agua no permitieron el avance de las discusiones a través de sus partidos políticos donde hay agroindustriales, constructores de viviendas de lujo, embotelladoras. Obviamente una ley que dé prioridad de uso a la población no les favorece.
Estamos conscientes de que el anteproyecto no es perfecto; ninguna ley lo es. Tanto el anteproyecto como los 111 artículos aprobados son mejorables, pero al menos se contaba con el consenso de las partes involucradas.
Los mismos que se negaron a discutir la reforma constitucional para el reconocimiento del derecho humano al agua fueron los mismos que enviaron la propuesta de Ley General de Agua al archivo. Calificaron las iniciativas de ley como obsoletas, desactualizadas y no prioritarias para el país. Esta legislatura, entonces, no es diferente a las anteriores, por mucho que repitan que trabajan “para el pueblo”. Negarse a la ratificación de la reforma constitucional y desechar el anteproyecto de Ley General de Agua es trabajar por un interés diferente al del pueblo que les eligió o que validó su elección. O no leyeron la encuesta de la Uca o sus electores no les hicieron sentir lo urgente que es legislar en materia de agua o simplemente el tema no les interesa.
Sin acceso a agua la covid-19 avanza y se vuelve letal, sin agua ningún país tiene futuro, sin agua la biodiversidad se agota, sin agua ni usted ni yo podemos vivir. Lo más alarmante es que, al parecer, los funcionarios aún no se dan cuenta de que el agua no nace en las cañerías. El afán mercantilista y las prácticas neoliberales del Gobierno pone en riesgo el bien hídrico, basando su apuesta de reactivación económica en proyectos como Surf City, que prioriza el uso del agua para fines recreativos y de turismo, o el de las Zonas Económicas Especiales, cediendo soberanía y dejando en mano de los países inversores la decisión de permitir o no el acceso al agua a los habitantes de los municipios a intervenir.
Ojalá en sus visitas, que más bien parecen sesiones fotográficas, entiendan que por más pozos que ANDA perfore, si no se completa el ciclo del agua con la infiltración de los suelos, no habrá manera de dar agua a la gente. Ojalá tengan el tiempo los diputados de Nuevas Ideas, que opinan que el tema no es prioritario, de ir una madrugada de estas a hacerle compañía a los habitantes de colonias populosas mientras llenan sus barriles y pilas, o a ver si van a ayudarles a jalar, aunque sea para la foto, un cántaro de agua para dejarles a sus hijos mientras se van al trabajo.
*Amalia López es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de El Salvador, miembro de la Asociación Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, activista feminista y ambientalista y defensora del agua a través de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
