La cleptocracia en Guatemala también es un problema para Estados Unidos

A pesar de las palabras condescendientes hacia los migrantes centroamericanos, Kamala Harris fue contundente sobre la lucha frontal que su gobierno quiere lanzar contra la corrupción en la región. Todo indica que quienes toman las decisiones en Estados Unidos tienen claro que los mensajes no bastan para detener la arremetida de las redes de corrupción y que se necesitan acciones fuertes. Es por eso que la vicepresidenta estadounidense, durante su visita a Guatemala, enfatizó que la estrategia principal de Estados Unidos es la lucha contra la cleptocracia y la consecuente desarticulación de las redes criminales dentro del aparato estatal.

Para la administración Biden-Harris la corrupción es la responsable de aceitar las redes criminales que sirven para perpetuar delitos, ya que en su cometimiento es indispensable la participación de actores gubernamentales y privados. Entre ellos, el financiamiento electoral ilícito, corrupción en dependencias del Estado, estructuras de impunidad, lavado de dinero, y las prácticas de los “oligarcas” que violan la ley. Estos términos han asustado a la élite guatemalteca.

El anuncio de la fuerza de tarea anticorrupción, aunque ya se conocía, fue oficializado frente al presidente Alejandro Giammattei, a quien no le gustó la idea. Apenas unos días antes, el mandatario había atacado a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la heredera de la CICIG. Giammattei y sus aliados en las élites económicas intentan desviar las intenciones sobre el área de trabajo de esta fuerza de tarea hacia otros asuntos: tráfico de drogas y delitos transnacionales. De esta forma, se develan como presuntos objetivos de una persecución penal contra la cleptocracia, pues la idea de que entes internacionales apoyen la lucha contra la corrupción revive el fantasma de la CICIG (2017-2019), que arrinconó al statu quo político y económico. 

Esta fuerza de tarea coordinará el trabajo del Departamento de Justicia, Departamento de Estado e investigadores de la FECI, la fiscalía más independiente del Ministerio Público, para construir casos y compartir información entre las agencias estadounidenses y las guatemaltecas. Políticos con influencia, incluso excandidatos presidenciales, han sido condenados en Estados Unidos y han aceptado penas, lo que implica que han colaborado entregando material que puede sustentar futuras investigaciones.

En papel suena todo muy bien, pero no se puede obviar el rol de la fiscal general Consuelo Porras, quien sería un obstáculo para que avancen los casos, pues ha sido colocada ahí, precisamente, para proteger a quienes han tejido la cleptocracia en el país. En los tres años que tiene en el cargo, ha permitido hacer algunas cosas a la FECI, aunque por debajo la boicotea. Porras deja el cargo el próximo año y si ella o alguien de la rosca de Giammattei continúa al frente de la fiscalía, será difícil que la lucha contra la impunidad vuelva a tener el vuelo de antes.

El 28 de mayo y el 10 de junio abogados de narcotraficantes y vinculados a acusados por corrupciónpresentaron acciones legales ante la Corte de Constitucionalidad para anular la FECI, en un intento por borrar por completo los más de 100 casos contra estructuras criminales de altos vuelos. Ante esto, la fiscal general –aunque no sorprende a nadie– mantiene silencio.

Seguramente por eso, Harris decidió (aunque sí lo hicieron Juan González y Ricardo Zúñiga) no reunirse con Consuelo Porras ni con el CACIF, la patronal que cada vez goza de más desprestigio por su apoyo al Gobierno y por callar frente a los grandes hechos de corrupción. Además, para pesar de Giammattei y su argolla de poder, la vicepresidenta decidió conversar personalmente con miembros de las organizaciones sociales que, en su mayoría, han sufrido ataques.

Harris tiene una tarea complicada, pues debe ponderar el trabajo con el Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para los planes de corto y largo plazo. El dilema es que Giammattei fomenta la impunidad y la cooptación, y Estados Unidos sabe que no trabajar con su gobierno limita las posibilidades, sobre todo por los países vecinos, a quienes la administración Biden ve con muy malos ojos. El riesgo es que darle demasiado apoyo a Giammattei le dará tranquilidad a los corruptos y sus aliados.

Guatemala es, de momento, el punto de entrada a la región. Hasta antes del viaje, Giammattei se sentía cómodo con esta posición privilegiada, pero después de que la vicepresidenta abandonara el país, al ver los dientes de la fuerza de tarea, el presidente corrió a Fox News para criticar a la administración Biden exigiendo mensajes más duros contra la migración. Lo hizo al mejor estilo del expresidente Jimmy Morales, quien conseguía espacios para difundir desinformación por medio de su jefe de inteligencia Mario Duarte, quien a su vez ha promovido cabildeos en Estados Unidos en favor de Nayib Bukele.

La posición de Giammattei fue similar a la de los grupos más conservadores en Estados Unidos que condenaron las declaraciones suaves de Harris respecto a la migración. Esto a pesar de que su frase célebre “No vengan” fue criticada en Guatemala y por congresistas demócratas por denotar rechazo a los migrantes y sumarse al discurso criminalizador.

La vicepresidenta dejó abierta la puerta a la sociedad civil para recibir retroalimentación respecto a lo presentado. Además de la fuerza de tarea, se refirió a otras iniciativas donde se plantearon más de $80 millones para desarrollo de comunidades, sobre todo lideradas por mujeres indígenas. Estas acciones podrían empoderar a otros actores económicos y sociales para hacer contrapeso a los grandes capitales que se han sumado a las fuerzas regresivas que actúan con contundencia y rapidez.

Uno de los cambios que deberá adaptar el Gobierno estadounidense es el enfoque de la cooperación por medio de USAID, ya que hay instituciones del Estado que utilizan estos fondos para legitimarse, tal es el caso del Ministerio Público, desde donde se ha dado una expansión mientras se socaban los avances de la justicia. Los actores del sector privado tradicional han echado andar una serie de proyectos en beneficio propio que no logran incentivar el desarrollo y por eso es notable el deseo de darle prioridad a la inversión en comunidades indígenas. Además, los planes de USAID se ven amenazados por la entrada en vigencia el 21 junio de la ley contra las ONG, similar a la de Nicaragua, que pretende cancelar a las organizaciones incómodas.

Las próximas semanas y meses se seguirán dando pasos importantes. Todd Robinson, exembajador de Estados Unidos en Guatemala (2014-2017) ha sido nominado como jefe mundial de la agencia antinarcóticos (INL), la cual tiene una gran influencia en las políticas de seguridad, narcotráfico y corrupción. Durante su mandato se caracterizó por respaldar incondicionalmente la lucha contra la corrupción. Su papel fue tan importante que las élites económicas vinculadas a casos de financiamiento electoral ilícito pagaron cabildeos en su contra para intentar removerlo del cargo. La confirmación de Robinson en este cargo le daría un empuje a este intento por reforzar la justicia en la región, pues conoce bien a los grupos criminales que operan y la forma en que se recomponen.

El panorama abre la posibilidad para que la sociedad civil juegue un papel indispensable con miras a aglutinar propuestas concretas que puedan tener eco en la estrategia de Estados Unidos hacia la región. Existe claridad de que la reducción de la migración obedece a cuestiones profundas que tienen que ver con el deterioro institucional y las redes de impunidad que evitan que las entidades del Estado tengan un ejercicio transparente. En los próximos días se anunciará la Lista Engels, que incluye a las tan esperadas sanciones a políticos, empresarios y a quienes acosan a jueces y fiscales con demandas espurias. Incluir los nombres de los peces gordos sería, sin duda, un primer mensaje contundente.