Bukele tomó al país y al mundo por sorpresa con la propuesta de convertir el bitcoin en moneda de curso legal. Al convertirla en ley en menos de una semana, puso a El Salvador en la situación insólita de tener dos monedas de curso legal, sobre las cuales el Gobierno no tiene ningún tipo de control.
La comunidad de inversionistas bitcoin celebró la decisión del presidente como una iniciativa visionaria y de vanguardia financiera mundial. Esta euforia contrasta con las reacciones dentro de la comunidad académica. Dani Rodrik, respetado economista de Harvard, resumió su estupefacción en un tweet: “Un país atrapado en un sistema monetario loco (dolarización) transita hacia un sistema aún mas loco. Difícil encontrar una razón como podrá terminar bien eso”. Las razones sobre la motivación del Gobierno salvadoreño de aprobar una ley como esta siguen siendo dadas en inglés y a extranjeros. Y aunque tendremos que esperar su entrada en vigencia para asimilar sus consecuencias, vale la pena preguntarse si este es un proyecto visionario o receta para el desastre económico.
El valor del bitcoin consiste en la apuesta de sus tenedores de que se consolidará como una moneda aceptada a nivel mundial. Sin embargo, hoy en día, la posibilidad de usar bitcoin como medio de pago sigue siendo muy limitada para compras y ventas fuera de un mercado negro. Un estudio publicado en el año 2019 encontró que cerca de la mitad de las transacciones de bitcoin han sido asociadas a la compra y venta de bienes y servicios ilegales, y que una de cada tres personas que usan esta moneda están involucradas en dichas actividades. Con la legalización del bitcoin, no parece improbable que Bukele busque convertir El Salvador en una meca para transacciones relacionadas a actividades ilícitas y de lavado de dinero, ya que al reconocerlo como moneda legal, ofrece un paraíso a los tenedores de la moneda digital en donde pueden adquirir bienes y servicios, sin restricción alguna y sin preguntas sobre sus procedencias. En una conversación en Twitter con la comunidad de inversionistas y bitcoiners, el presidente endulzó esta oferta con el derecho de residencia para cualquier persona dispuesta a invertir más de 3 bitcoins (unos 100 mil dólares) en el país.
El anonimato que ofrecen las transacciones en bitcoin también le puede resultar atractivo al Gobierno, ya que le da al Ejecutivo la posibilidad de ocultar sus propias transacciones financieras. Aunque todas quedan guardadas en el blockchain – una enorme base de datos descentralizada – esta información no se conecta con la identidad de las personas. Además, es poco probable que un Gobierno como el de Bukele tenga interés en establecer mecanismos para transparentar sus propias transacciones en bitcoin si tomamos en cuenta que en sus primeros dos años de gobierno ha anulado o debilitado gran parte de los mecanismos de control democrático en el país. Un día antes de anunciar la Ley, el presidente canceló el convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) que daba vida a la Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes), en medio de investigaciones en contra de funcionarios de gobierno.
Es probable que el Gobierno también busque la contratación de deuda pública en criptomoneda para aliviar las restricciones fiscales impuestas por agentes internacionales como castigo por su actitud antidemocrática. Dado que la aceptación de criptomonedas para gastos fuera de El Salvador es muy limitada, los bitcoins siempre tendrían que convertirse a dólares a la tasa actual de mercado antes de comprar bienes o servicios importados. A esta volatilidad en las finanzas públicas se suman otros riesgos fiscales que podrían convertir al bitcoin en una navaja de doble filo en términos fiscales. Los costos de la deuda aumentarán si la prima de riesgo del país incrementa debido a la incertidumbre asociada a la Ley Bitcoin. También es probable que el uso de la criptomoneda facilite la evasión fiscal, ya que será más difícil fiscalizar los ingresos generados por empresas y personas naturales en bitcoin.
Con la aprobación de la Ley, El Salvador adoptará un sistema financiero globalizado, desregularizado y altamente especulativo. Ya ha quedado demostrado que un solo tweet de Elon Musk puede provocar subidas o bajas extremas en el valor de esta moneda. Su valorha fluctuado entre unos 5 mil dólares y más de 60 mil dólares por bitcoin desde abril 2020. Esta enorme volatilidad se nutre de la incertidumbre de si puede convertirse en una moneda digital de confianza a largo plazo. En un escenario menos optimista, es posible que en el futuro otros gobiernos busquen restringir el uso del bitcoin si lo consideran una amenaza a su soberanía monetaria. A esto hay que agregar que el exorbitante consumo de energía eléctrica que necesita es una importante debilidad tecnológica que podría motivar su sustitución por otras criptomonedas.
Consciente de la alta volatilidad del bitcoin, Bukele anunció en su conversación con inversionistas bitcoineros que el Gobierno ofrecerá un mecanismo de conversión automática a dólares a través de un fideicomiso, dotado de 150 millones de dólares y manejado por BANDESAL. Quienes temen la alta volatilidad de esta moneda pueden optar por esta conversión automática y mantener el dólar como moneda efectiva de unidad de cuenta y de depósito de valor (es decir, sus ahorros se mantienen en dólares).
Aun con este mecanismo voluntario de conversión automática, el Gobierno de El Salvador incentiva el uso del bitcoin como unidad de depósito de valor, además de ser medio de transacción. Es decir, toda empresa que así lo decida podrá pagar a sus empleadas y empleados en bitcoin. De igual manera, los ingresos de las empresas se pueden convertir – tal vez parcialmente – en bitcoins, si sus clientes prefieren el pago en criptomoneda sobre el dólar. Es aquí donde reside el principal peligro para la estabilidad del sistema financiero. En la medida en que siga habiendo deudas y obligaciones a pagar en dólares, cualquier cambio en el valor de los ingresos denominados en bitcoin afectará el valor de la deuda en dólares, y viceversa. Empresas o personas que generan sus ingresos en bitcoin pero pagan sus deudas en dólares, verán disminuido su ingreso real cuando el valor de esta moneda baje. De la misma manera, cualquier persona que siga teniendo ingresos en dólares, pero tiene que pagar las cuotas de su carro o de su casa en bitcoins perderá dinero cada vez que el valor suba. Estos desequilibrios en las hojas de balance de los agentes económicos (conocido como currency mismatch) pueden resultar en situaciones de impago cuando la deuda real aumenta de manera repentina. El aumento de demoras, a su vez, incrementará la probabilidad de crisis bancarias. Eso es aún más peligroso después del primer año de la pandemia, que dejó a muchas familias y empresas con una importante carga de deudas.
En un escenario como este, al país le quedarían pocos instrumentos para hacer frente a una eventual crisis financiera. Dado que el Gobierno no tiene control ni sobre el dólar ni sobre el bitcoin, el Banco Central de Reserva no podría proporcionar liquidez temporal a los bancos para mantener a flote el sistema bancario. Eso hará difícil frenar un círculo vicioso entre la falta de liquidez del sector bancario y el pánico entre quienes temen por el valor de sus depósitos y ahorros. De hecho, es probable que el temor a una conversión forzada de dólares a una criptomoneda súper volátil ya esté provocando fuga de dólares en este momento. Como último remedio ante tal situación, el Gobierno podría imponer restricciones sobre el retiro de dólares (una medida que se conoció en la crisis de Argentina de 2001 como “corralito”).
Hay quienes se preguntan si los bitcoins pueden ofrecer una salida a la dolarización. Lo considero una vía poco atractiva. Al sustituir el dólar por el bitcoin, El Salvador no estaría recuperando su autonomía monetaria, solo cambiaría una moneda sobre la que no tiene control por otra moneda sobre la que tiene aún menos control. Peor aún, estaría a merced de un tipo de cambio bitcoin-dólar altamente volátil. Esta volatilidad resultaría muy dañina para sus relaciones comerciales y crearía una alta vulnerabilidad ante las crisis financieras. Además, si la apuesta del Gobierno es la creación de un paraíso fiscal y de lavado de dinero, tampoco le conviene abandonar del todo el dólar.
Es probable que la intención de Bukele sea dinamizar la economía a través de la entrada de capitales digitales y actividades ilícitas, con el beneficio adicional de realizar transacciones financieras fuera del control institucional. Sin embargo, la apuesta a una economía basada en criptoturismo, especulación financiera y lavado de dinero carece de un plan de desarrollo económico a largo plazo. Difícilmente va a generar mejoras en la productividad del país y tampoco va a crear una economía más incluyente. Será una economía vulnerable que dependerá de la entrada de capital en la búsqueda de beneficios a corto plazo.
Una nueva clase de capitalistas de casino vestidos de hipsters tiene poco que perder en su alianza con un Gobierno de tintes autocráticos. Para los salvadoreños y salvadoreñas, que no tendrán otra opción que participar en este experimento, la situación será diferente. Serán ellos quienes asumirán los riesgos incalculables de una decisión que ha recibido nula evaluación previa y, al igual que la dolarización de 2001, los costos de revertir esta decisión serían enormes.
