En este momento Centroamérica enfrenta enormes amenazas a la independencia judicial. La captura de la justicia es una de las principales estrategias de los grupos de poder para quebrar los sistemas democráticos y el Estado de derecho, así como para asegurar la impunidad ante la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Es una tendencia que fortalece autoritarismos de los cuales será difícil retornar.
Ejemplos en toda la región lo confirman. Recientemente en El Salvador, la nueva Asamblea Legislativa controlada por el partido del presidente Nayib Bukele destituyó ilegalmente a cinco magistraturas de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, nombrando a sus sustitutos, también de manera ilegal, y vulnerando el principio esencial de separación de poderes del Estado.
En Honduras, un hecho de similar gravedad ocurrió en 2012, cuando la Asamblea Legislativa destituyó a cuatro magistraturas del tribunal Constitucional y nombró una nueva Corte que, contra el texto expreso de la Constitución, permitió la reelección en 2018 de Juan Orlando Hernandez. Al respecto, la OEA consideró que el proceso electoral “estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias”.
En Guatemala, el proceso de cooptación de la Corte de Constitucionalidad se consolidó el pasado abril tras el nombramiento de varias magistraturas afines al ejecutivo y/o con filiación partidaria; impidiendo arbitrariamente la toma del cargo de la única magistrada independiente electa, Gloria Porras, quien debido a la criminalización y amenazas que enfrentó, tuvo que salir del país.
En Nicaragua, luego de sucesivas reformas legislativas, el presidente se ha reelecto en tres oportunidades y existe en la práctica un modelo de partido único. Esta concentración de poder se evidencia en el nombramiento de magistraturas influenciadas por el partido de gobierno, quien tiene la mayoría para nombrar sin requerir respaldo de otra representación política en la Asamblea Nacional. Esto ha provocado la desaparición de la independencia judicial en ese país.
Igual de preocupante es la falta de independencia de las fiscalías generales de la región. En Honduras el fiscal general fue nombrado sin concurso. En El Salvador, el recién nombrado fiscal general unilateralmente puso fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES). En Nicaragua la fiscal depende directamente del presidente Ortega y en Guatemala, la fiscal general ha permitido que se utilice a la institución para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos, prensa independiente y personas funcionarias de justicia.
Dos de los más graves efectos de la sumisión del poder judicial son la impunidad para los abusos de poder, las graves violaciones de derechos humanos, los casos de gran corrupción, y la criminalización de quienes luchan contra estos mecanismos.
Un ejemplo claro de impunidad es el que siguió a las graves violaciones y represión estatal contra las protestas en Nicaragua después de abril de 2018. En El Salvador se aprobó una ley con efectos retroactivos para eximir de responsabilidad a funcionarios gubernamentales ante irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19. En Guatemala, la investigación y juzgamiento de los grandes casos de corrupción están en riesgo. Fue precisamente la develación del uso del financiamiento electoral ilícito como mecanismo de soborno de las élites económicas a los partidos políticos, la que provocó los retrocesos en los incipientes esfuerzos por fortalecer la independencia del poder judicial.
La corrupción en nuestros países, que enfrentan altos niveles de desigualdad y pobreza, es una de las causas estructurales para la migración. Corrupción que niega el acceso a la salud, a la educación y seguridad a miles de personas; que arrebata las esperanzas de futuros dignos para las y los centroamericanos.
La cooptación de la justicia asegura también el uso del sistema penal para criminalizar a quienes desafían al poder. Las 122 personas que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua son un ejemplo de la instrumentalización del poder judicial para violar los derechos humanos. Los arrestos de los precandidatos presidenciales y líderes de la oposición demuestran que los jueces son piezas fundamentales de la represión política y para impedir la alternancia en el poder.
La criminalización de personas defensoras de derechos humanos es un patrón en la región. En Honduras, los defensores de la tierra y territorio del río Guapinol llevan 21 meses privados arbitrariamente de su libertad. En El Salvador el principal blanco de la criminalización ha sido la prensa independiente, los procesos penales espurios contra El Faro representan claramente estos ataques a la libertad de expresión.
En Guatemala, a la criminalización de personas defensoras y periodistas, se suma aquella contra operadores de justicia. La reciente detención y privación arbitraria de la libertad que sufrieron dos exfiscales es ejemplo de una acción de retaliación por investigaciones en contra de personas poderosas y para minar su credibilidad en futuros juicios.
Por todo lo anterior, llamamos a la comunidad internacional a tomar acción y apoyar los esfuerzos por la defensa de la justicia y la democracia en la región. Es necesario proteger a las y los funcionarios públicos con posiciones críticas e independientes, que aún en estas circunstancias adversas continúan con su labor, así como a la prensa independiente y las personas defensoras de derechos humanos.
Los Estados del norte global, entre ellos los Estados Unidos, también tienen la posibilidad de utilizar sanciones económicas individuales; no se puede permitir que las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la alianza con el narcotráfico queden impunes tanto interna como internacionalmente. Asimismo, tienen una responsabilidad adicional en el deber de supervisar el quehacer de sus empresas extractivas en Centroamérica, cuya instalación resulta en la criminalización, ataques e incluso la muerte de quienes defienden el territorio y los recursos en esta región.
A las defensoras y los defensores de derechos humanos, a las juezas y jueces independientes, a las y los fiscales autónomos, a quienes ejercen el periodismo crítico y cuestionador, les exhortamos a no claudicar en estos momentos tan difíciles, son la línea de defensa contra el autoritarismo.
Es imprescindible apoyar política y económicamente a la sociedad civil, cuyas voces, con más urgencia que nunca, se alzan en contra de la arbitrariedad y el abuso de poder.
(*) Este artículo está basado en la ponencia que se presentó el 9 de junio de 2021 ante la Comisión Lantos de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos.
