La embestida represiva para eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre comenzó hace cinco semanas, el 20 de mayo, cuando la Policía asaltó por segunda vez la redacción de Confidencial, sin ninguna orden judicial, con el propósito de secuestrarme y cerrar un medio de comunicación independiente.
Desde entonces, el presidente Daniel Ortega, que también es candidato a la reelección, ha ordenado la captura de 21 rehenes electorales, entre ellos mis hermanos, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Entre los detenidos hay cinco precandidatos presidenciales, once líderes políticos y cívicos, un empresario, un periodista, dos profesionales y un trabajador, que se mantienen en la cárcel o bajo arresto domiciliar, sin ningún derecho a la defensa.
El 13 de junio, la Cancillería del régimen emitió un documento contradictoriamente titulado “En defensa del Estado de derecho” con el que pretende justificar la represión y el cierre del espacio político, como una respuesta ante una “conspiración externa”. Sin que exista alguna investigación o proceso judicial en mi contra, en ese documento oficial se me imputan supuestos delitos con la amenaza de silenciarme.
Ocho días después, el lunes 21 de junio, decenas de policías antimotines ejecutaron un allanamiento de mi casa de habitación, por órdenes del jefe supremo de la Policía, nuevamente sin orden judicial, con el propósito de encarcelarme.
Ante esta persecución que pone en riesgo mi integridad física, la de mi familia y a mis compañeros de trabajo, me he visto obligado, nuevamente, a salir al exilio para proteger mi libertad y seguir haciendo periodismo.
Con el legado de patriotismo que aprendí del ejemplo de mis padres, Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios, rechazo con todas mis energías los delitos criminales que pretenden imputarme. Pero no necesito defenderme de los calumniadores, mi trabajo periodístico y el de Confidencial habla por sí mismo.
En Nicaragua, los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y han cometido actos de corrupción pública, al robarse el dinero del Estado destinado a los pobres, para enriquecerse con sus negocios familiares.
Los vendepatria son los que hipotecaron la soberanía nacional con la ley Ortega-Wang del canal interoceánico, que aún amenaza con despojar a los campesinos de sus tierras.
Los únicos golpistas están en El Carmen. Son los que demolieron el Estado de derecho y las instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril 2018, y después conculcaron todas las libertades constitucionales, hasta imponer el estado policial que actualmente nos desgobierna.
A los periodistas nos ha tocado documentar esa historia oprobiosa de dictadura y represión, pero también la otra historia de dolor, de resistencia y esperanza. Y vamos a seguir contando esa historia por la memoria de las víctimas, sin aceptar jamás la censura o la autocensura, ni la criminalización del periodismo.
Le agradezco al Gobierno del presidente Carlos Alvarado y al pueblo costarricense por acogerme por segunda vez en el exilio, para seguir haciendo periodismo en libertad. A pesar de la censura y la persecución, continuaremos ejerciendo el periodismo, apegados a nuestro compromiso con la verdad.
Y a todas nuestras audiencias, les exhorto a seguir apoyando a la prensa independiente, que representa la última reserva de las libertades. Tengo la convicción de que más temprano que tarde, Nicaragua volverá a ser República, en democracia, con justicia y sin impunidad.
