“Recuerdos, solo recuerdos”, dice, entre suspiros, una de las obreras frente a la nave donde por más de diez años llegó a trabajar a diario. Esta es la primera vez en nueve meses que puede echar un vistazo a su vieja normalidad, que ahora ve revestida por un centímetro de polvo a la distancia. “Yo preferiría estar adentro trabajando”, dice otra, impaciente, ante la imposibilidad de poder entrar. La puerta es custodiada por un vigilante de la Corte Suprema de Justicia, que garantiza que nadie ajeno al equipo de peritos, del juzgado y de comunicaciones de la institución ingresen al sitio.
Ese día, 7 de abril de 2021, se consumó una de las tres victorias logradas hasta ahora de las obreras Florenzi. La jueza Daysi Ábrego, que actualmente actúa como interina del juzgado primero de lo laboral de San Salvador, autorizó la intervención de la cerradura y los candados que resguardaban los activos de la maquila. Adentro, la jueza y su equipo lucen un poco desorientados. Las trabajadoras se ofrecen a darles un recorrido guiado. Ábrego se opone. Que cualquiera de ellas, o alguien de los medios, ponga un pie sobre esa nave supondría la anulación del proceso de embargo.
Mientras observan intranquilas desde afuera, una quincena de obreras decide distraerse tomándose fotos con la puerta abierta de fondo, a manera de retratar esta victoria. Visten, a manera de uniforme, camisetas con el logo de la CoFlorenzi, una cooperativa de exempleadas en la lucha. Una vez terminado el inventario, ellas saben que los bienes ahí contenidos, más el valor de la venta del terreno sumarán para el monto total sobre el que se descontarán sus indemnizaciones, los aguinaldos y los salarios caídos. Algunas de estas prestaciones, como sus vacaciones, no las recibían desde 2018.
Al rato llega una de ellas con una bolsa llena de charamuscas para repartir. Mientras las sorben, la plática cambia de tono: “¿y cuando termine de hacer el inventario la jueza, será que ya nos podemos ir a la casa?” Se voltean a ver entre ellas entre confundidas y a la vez interesadas ante la posibilidad. El pasado 9 de abril se cumplieron 10 meses de haberse tomado la fábrica luego de que el dueño les notificara que iba a cerrar. La respuesta la obtendrían precisamente en esa fecha, al finalizar el tercer día del inventario judicial.
Que la jueza esté dentro de la nave de la maquila llenándose las manos y la ropa de polvo es la más reciente de las victorias de las obreras. Las trabajadoras solicitaron el embargo preventivo de los bienes de Florenzi. Ellas querían asegurarse de que la empresa no desapareciera por completo sin haber respondido a sus demandas.
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Este triunfo, no obstante, les ha costado horas de sueño, días de hambruna, reproches familiares, noches bajo la lluvia y hasta el temor de ser escoltadas por la Policía. La lucha de las obreras ha sido notable no solo por su tozudez para no dejarse cansar por la lentitud de los procesos judiciales. Lo ha sido, sobre todo, por su fortaleza para enfrentarse al abandono del Estado y su disposición de poner el cuerpo en medio de una pandemia que además dejó al descubieto la precariedad de un sistema laboral que arrojó a la informalidad a cientos de trabajadores.
Las trabajadoras ganaron el control del portón de la fábrica el 9 de julio de 2020. Un día antes, solo eran una docena de mujeres cubiertas del rostro, pero no para ocultarse, sino para protegerse de la pandemia del coronavirus frente a la maquila. En la tarde previa a la toma del portón, el representante legal de Industrias Florenzi intentó conciliar con ellas para que desalojaran la entrada. No las pudo convencer y se fue. Usualmente hay un vigilante en el terreno, o dos si se cuenta a Soldado, un cachorro que las sigue de un lado a otro. Ante la presencia de las mujeres, poco podían hacer.
Un día después, uno de los subarrendatarios del terreno llegó al portón con la policía y hasta con abogados. “Esto se puso feo”, dice Nery Ramírez, una de las líderes de la toma, cuando empieza a hablar sobre cómo se apoderaron del portón. Florenzi se encuentra ubicada en un gran terreno donde hay varias naves industriales, a las que se accede a través una misma puerta de entrada y salida. Las otras naves se alquilan como bodegas para otras empresas.
Félix Pérez, representante de Almaconsa, una empresa que se dedica al almacenamiento y manejo de cargas les pidió que le permitieran seguir laborando, sacando sus productos, porque su lucha no era contra ellos. Pero para ese momento, ya no eran solo las mujeres de Florenzi las que protestaban. El llamado de Nery había sido escuchado por sindicalistas de otros sectores que llegaron a la maquiladora. “Hubo forcejeo” por tomar control del portón, recuerda Nery. Entre el desorden, el grupo accedió negociar con Almaconsa.
'Él dijo que se sentía afectado. Que no era justo. Que le habíamos causado grandes pérdidas millonarias”. El empresario ya iba con una ofrenda de paz. A cambio de que se apartaran del portón y permitieran la entrada y salida de sus camiones, “proponía darnos un canopy, cinco desayunos, almuerzos y cenas'.
Ellas aceptaron, pero más por estrategia que por las dádivas. Al aceptar el trato, ganaron el control del portón. Ya no tenían que estar en la acera, a partir de entonces podrían pelear desde dentro, con el portón rojo y desvencijado como escudo.
Florenzi: otra maquila que cae sin explicación
Florenzi ha sido una empresa envuelta en señalamientos de vulneraciones a los derechos laborales desde los años 90. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo señaló ya en 1992 que “la señora Blanca Lidia López, secretaria de conflictos de la subseccional del sindicato de la Compañía Industrial Florenzi S.A de C.V fue despedida como consecuencia de la realización de actividades sindicales”. En 2017 también fue condenada en la Cámara Primera de lo Laboral a pagar $3908 a un exempleado en concepto de indemnización por despido injusto, vacaciones y aguinaldo proporcional. Pero esto nunca alertó al Estado salvadoreño.
Florenzi aparece promocionada en el Directorio Nacional de Importadores 2019 del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones en El Salvador (Proesa). Su área de manufactura es la de uniformes médicos y vestidos de niñas. Además, de acuerdo con información del Centro Nacional de Registros, para agosto de 2019, los activos de Florenzi eran de $3 102 041.16.
Las maquilas tienen larga data en El Salvador, pero su expansión se consolidó en el Gobierno de Armando Calderón Sol (1994-1999), el segundo gobierno del partido derechista Arena. En su discurso de balance del segundo año de gestión presidencial, en 1996, el exmandatario aseguró que las maquilas eran la gran apuesta de su gobierno y que iba a “hacer de El Salvador una gran zona franca”. Fue su presidencia la que ejecutó gran parte de la privatización de empresas estatales de la primera década después de los Acuerdos de Paz, y la que impulsó al sector maquilero como principal motor para reactivar la economía de posguerra. Las mujeres han sido desde siempre la principal mano de obra de este sector.
Los gobiernos de derecha y de izquierda nunca dejaron de apostarle al sector. El Salvador cuenta ahora con 17 zonas francas libres de impuestos y más de 50 mil empleos directos con mano de obra barata. El salario mínimo de la maquila es $299.30 desde 2017. Para septiembre de 2020, la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) calculó que el precio de la canasta básica de alimentos para la zona urbana es de $200.65. Con los restantes $98.65 se espera que una trabajadora cubra sus gastos de vivienda, salud, y vestuario de cada mes.
Sin embargo, el salario mínimo que ganan, con los precios reales del mercado, solo sirve para financiar una vida llena de carencias. A partir de 2017, el precio de la canasta de mercado, clave para una vida digna, es de $590. Casi el doble de lo que ganaban las trabajadoras de Florenzi.
El boom y la bonanza del sector, para los dueños de las maquilas, históricamente ha ido aparejado con violaciones a los derechos laborales. Industrias Florenzi no ha sido la excepción: antes de la toma, la maquila ya había sido denunciada ante la Procuraduría General de la República por no pagar aguinaldos, indemnizaciones, vacaciones e, incluso, por ni siquiera pagar el salario mínimo. El mismo Procurador Adjunto de lo Laboral, Roberto Velasco lo admite. Aun así el Estado la dejó operar.
Otras trabajadoras aseguran que, en más de alguna catorcena, sólo encontraron depositados $20 en sus cuentas bancarias. La promesa de la administración era que, en cuanto tuvieran el dinero suficiente, se completaría el salario. Eso no siempre pasaba. Ellas debían completar la jornada cosiendo camisas Pierre Cardin y gabachas medicas de la marca Barco, durante todo el día.
Florenzi no es una de esas empresas que fracasó económicamente por la pandemia. Desde antes, era una maquila que obligaba a trabajar sin la seguridad de poderle pagar a su personal. La historia de las obreras devela, pues, violencia económica avalada por el Estado y perpetrada por el mismo al abandonarlas en la lucha.
Marta Zaldaña es la secretaria general de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y sabía las violaciones a los derechos de las trabajadoras que ocurrían en la maquila. Previo a la cuarentena obligatoria, cuenta que logró cabildear una reunión con el dueño de Florenzi y el Ministerio de Trabajo. “Se anunció un proceso para apoyar a empresas, previo a la cuarentena obligatoria. Estuvo presente el director del ministerio de Trabajo, nuestro abogado, yo y el abogado de él, don Roberto Pineda, dueño de Florenzi. Intentamos buscar un enlace para ver si le lograban dar un préstamo, pero él ya estaba en rojo. Eso es que no habían pagado AFP, ni Seguro Social”, explica Marta. Se contactó por correo electrónico a Marvin Juárez, el director del Ministerio de Trabajo para confirmar esta reunión y su contenido, pero no respondió.
“De repente nos enteramos de que el señor había fallecido”, dice Zaldaña. El señor al que se refiere es Roberto Pineda, representante de Florenzi, quien murió en junio 2020. Para FEASIES, eso implicó reconocer que la pelea ya estaba jugada, la muerte de Pineda complicaba las cosas y, a su juicio, las trabajadoras perderían.
“Nosotros les hicimos ver que no teníamos la capacidad de irnos a dormir a la maquila porque estaba la pandemia y yo no iba a llevar a otros compañeros de otras organizaciones a que se expusieran”, explica la síndica Zaldaña. Eso significó el quiebre de su relación con las líderes de Florenzi. Las trabajadoras de la maquila interpretaron esa negación a cruzar hacia el lado interno del portón como una traición.
“Dios nos perdone lo que hicimos en catedral”
La mañana del 21 de febrero, monseñor Escobar Alas daba los anuncios parroquiales de la misa de las 8 de la mañana. De la nada un joven de entre 20 y 25 años se paró entre el público y empezó a enumerar el viacrucis de las obreras Florenzi. Tras 45 días de huelga de hambre y una serie de cartas al arzobispo pidiéndole que se pronunciara, lo único que habían obtenido a cambio era silencio. Raro para una Iglesia que tiene vierte su opinión sobre todo tipo de temas en conferencias de prensa cada domingo.
“Nunca nos imaginamos hacer una cosa de esas. Fue un ‘auxilio’”, dice, apenada y entre risas, Maritza, de 52 años. Antes de ese día, ella nunca había puesto un pie en catedral, ni siquiera profesa la fe católica, pero sabía que llamar la atención de monseñor era la única salida. Para entonces tenían ocho meses de haberse tomado el inmueble de la fábrica donde trabajó por 23 años, y cuatro de sus compañeras ya llevaban seis semanas en huelga de hambre.
El arrebato del joven, sumado a un grupo que desplegó unas pancartas frente al altar ocasionó más que un jaloneo con la seguridad de la iglesia. La mayoría fueron escoltados, sin necesidad de Policía, hacia el portón lateral de catedral, al lado de la entrada a la cripta de monseñor Romero. La entrada, eso sí, quedó custodiada por la vigilancia privada, la Policía y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos.
“Dios nos perdone lo que hicimos en catedral, pero era la única manera”, agrega Yanira Rodríguez, con cara de aflicción, al recordar cómo interrumpieron el sacramento. Por suerte la acción no fue en vano. El arzobispo dijo no haberse enterado hasta ese día de la situación de las mujeres. Tres días después de la protesta, Escobar Alas emitió un comunicado en donde abogaba ante las autoridades por el caso de las obreras. “Para nosotros como Iglesia es sumamente preocupante. [...] Pido vehemente a las autoridades tomar en sus manos este caso y resolverlo cuanto antes”.
Para hacer extensiva su preocupación, además, el arzobispo envió al vicario Santos Belisario Hernández para informarse del caso y ofrecer ayuda a las obreras. Además de entregarles víveres, pusieron a su disposición a los abogados de Tutela legal. Hasta entonces, habían pagado entre todas 2 mil dólares por los servicios profesionales de litigantes privados.
Interrumpir al arzobispo, con todo y la culpa cristiana que eso les supuso a las obreras, fue una bengala más que estas mujeres sintieron necesarias tirar cuando estaban al borde del naufragio. El Ministerio de Trabajo ha mantenido un rol inactivo ante la defensa de sus derechos. “¿Por qué no se ha pronunciado?”, espetó Nery en septiembre frente a las cámaras de la televisión. Rolando Castro, muy al estilo de la administración del presidente Nayib Bukele, respondió por un tuit: “en nuestro Ministerio, las hemos recibido más de 15 veces y han sido atendidas por nuestro equipo de alto nivel”, escribió. Las trabajadoras lo niegan.
El 22 de septiembre 2020, la comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, después de escuchar a las trabajadoras, realizó un documentó en el cual se advierte que “a trabajadoras que son madres con recién nacidos se les suspendieron las consultas en el ISSS, no se les han pagado sus incapacidades, ni se han podido realizar cirugías programadas debido a que no se han pagado las planillas”. Las y los diputados emitieron un recomendable que se hizo conocer al pleno legislativo. En él, exhortaron “al ministro de Trabajo y Previsión Social para que realice su función en defensa de los derechos laborales”. Ese fue su único aporte. No dijeron ni una palabra más sobre este caso.
En el Ministerio de Trabajo los empleados pueden solicitar que se realice una conciliación. “Si el empleador dice que no está de acuerdo, hasta ahí llega la capacidad o competencia que tiene el ministerio para ese caso. Si no se presenta, se le pone una multa al empleador. Las multas en materia laboral son bastante risibles, son $57.14 por cada infracción”, explica un funcionario del ministerio que pidió el anonimato. Él reconoce que la institución en la que trabaja es “prácticamente inoperante para restablecer derechos”. La única acción positiva realizada hasta la fecha fue la entrega única de canastas solidarias que le hizo llegar con su equipo en febrero a las mujeres del campamento.
Antes de Catedral, las trabajadoras de Florenzi acudieron a la Procuraduría General de la República, a los juzgados de lo laboral, a abogados privados, al Ministerio de Trabajo y a cuanto medio de comunicación pudieron. Lo que piden es lo que marca la ley: la indemnización por los años trabajados. Ellas no pueden dar con certeza una cifra de cuánto es el total que la empresa debe porque cada caso es distinto, pero la mayoría son mujeres mayores que le dedicaron sus años productivos a Florenzi, por lo que deberían darles varios miles de dólares.
Rhina Juárez, abogada de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) ha seguido de cerca la pelea de las trabajadoras. “La representación legal de Florenzi sí llegó a la conciliación del Ministerio de Trabajo y ellos indicaron que no tenían cómo negociar el monto de las indemnizaciones”, explicó, a través de una videollamada.
Así, las trabajadoras de Florenzi agotaron instancias con el Ministerio de Trabajo y el caso pasó a ser judicial. La PGR gestiona 12 denuncias de obreras sobre este conflicto, mientras que otro centenar de trabajadoras optó por pagar dos abogados privados, por temor a que la Procuraduría no les diera prioridad. Los casos se encuentran en los cinco juzgados de lo Laboral de San Salvador y cada uno se diligencia por separado.
Una victoria agridulce
A la 1:30 del viernes 9 de abril, la alegría por la presencia de la jueza y su equipo se había convertido en angustia para las obreras Florenzi. La jueza Daysi Ábrego había salido hace media hora a almorzar junto a su equipo, pero antes de irse les dio una noticia que les hizo sentir que lo que estaba por suceder marcaba un retroceso. Al finalizar el día, las naves quedarían de nuevo bajo llave, candado de por medio, y bajo custodia judicial. Eso incluía el portón de la fábrica, y nadie, salvo la Policía, podía quedar dentro. Les tocaba desmontar el campamento. Empezaron a hacer consultas. Había quienes estaban de acuerdo con retirarse. Otras estaban realmente confundidas. Los sindicalistas que las habían estado acompañando en el campamento les dijeron que no tenían obligación de irse mientras la jueza no presentara una orden de desalojo. Irse de ahí, les insinuaron, era botar por la borda lo logrado hasta ahora.
Cuando la jueza regresó de su almuerzo, las obreras le pidieron un momento; querían persuadirla para que las dejara quedarse. Después de todo, ellas habían estado custodiando los bienes y el inmueble sin ningún percance por al menos los últimos cinco meses. “Yo creí que esto iba a ser una medida de alivio para ustedes. Entiendo que están cansadas”, les dijo.
La jueza les advirtió que dejarlas quedarse anularía la imparcialidad del proceso, el trabajo de inventario de los últimos tres días y, por tanto, reiniciaría las diligencias para concretar el embargo.
Uno de los sindicalistas, incrédulo ante la aseveración de la jueza, la retó y le dijo que -según su criterio- no podría obligarlas a nada. “Bueno, es su decisión”, respondió algo molesta, y se retiró. Las obreras votaron una vez más. La mayoría estaba de acuerdo con quedarse, pero había poco compromiso para asumir los turnos de la noche. Lucía Torres, la líder del campamento, dio por cerrada la discusión y empezó a recoger sus cosas. “La lucha es de todas, pero si las mismas vamos a seguir haciendo el sacrificio no es justo”, dijo resignada.
Para las cuatro y media de la tarde del 10 de abril, el campamento empezaba a ser desmontado. Hacía apenas unas semanas habían celebrado ahí mismo el cumpleaños de dos de sus compañeras, y prepararon un banquete de pupusas para celebrar. A partir de ese momento, les tocaba regresar a sus casas a esperar, lejos de sus amigas, a esperar que el proceso en los juzgados de lo laboral se resuelva a su favor. Primero sacaron las colchonetas sobre las que hacían guardia en la noche, luego, y de poquito en poquito, los platos y los utensilios de cocina que las alimentaron, a base de frijoles, arroz, café, y harina de maíz y arroz. Mientras tanto, dos de ellas desamarraron y doblaban las pancartas que las identificaba como “Mujeres organizadas en resistencia”.
Esos 10 meses les permitieron hacerse la ilusión diaria de que estaban en su lugar de trabajo, uno que además ahora era seguro, uno donde la desesperanza de la espera por una solución favorable sobre sus casos fue intercambiada por la camaradería de sus compañeras de lucha. Dejaron de competir por cumplir la meta diaria para rebuscarse colectivamente para sobrevivir a diario. Ante la imposibilidad de muchas de conseguir un trabajo, por su edad, por el estigma de “bochincheras” que haber trabajado en Florenzi les acarreó, se entregaron a la resistencia.
Un sistema mañoso
Los procesos legales impulsados por las obreras empiezan a dar sus primeros frutos. El primero fue la sentencia emitida por el juzgado tercero de lo laboral de San Salvador, que da por terminado el proceso por despido injusto y condena a Industrias Florenzi a pagar casi 10 mil dólares en concepto de indemnización. Como este, hay 101 más a la espera de una resolución judicial en los cuatro juzgados de lo laboral de San Salvador. Esta resolución llegó después de siete meses de no tener respuesta de las instituciones que, en teoría deben defender sus derechos, pero que en la práctica han tenido poca acción. Ni el Ministerio de Trabajo, ni la PGR ni la Asamblea Legislativa pueden hacer nada para que el caso avance en los tribunales. El ejemplo de Florenzi es la comprobación de un sistema diseñado para que ellas pierdan.
Que ahora los bienes de la fábrica y el inmueble estén bajo resguardo judicial, aunque promete la obtención del dinero para pagar la deuda que la empresa tiene con las exempleadas, no tiene una fecha de cumplimiento. Podrían pasar años antes de que reciban un centavo del dinero por el que trabajaron, en muchos casos, hasta 30 años.
Carmen Urquilla de ORMUSA califica el caso de Florenzi como uno 'difícil'. La empresa no trabajaba para una gran multinacional a la que poder señalar. 'Florenzi no estaba trabajando con ninguna marca responsable: solo Pierre Cardin y para Barco. Por lo que sabemos esas marcas no han obtenido ganancias millonarias. No se responsabilizan por ayudar', sostiene.
Las empresas para las que trabajaba Florenzi no son tan grandes como, por ejemplo, Adidas. Hace 14 años otras medidas radicales pusieron el foco sobre las precarias condiciones laborales de las maquilas en El Salvador. Para entonces, la señalada era la fábrica Hermosa, que trabajaba para Adidas haciendo uniformes deportivos. Activistas de la campaña 'Ropa Limpia' se apostaron en las entradas de los estadios de fútbol en Alemania para denunciar lo que pasaba en el país centroamericano.
Hermosa 'había sido denunciada por violaciones a la libertad de organización horas extras forzadas y no pagadas y malas condiciones de seguridad e higiene ocupacional', documentó el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
Como en Florenzi, Hermosa dejó de pagar salarios completos a trabajadoras y había descontado las cotizaciones del Seguro Social y pensiones, pero no había entregado el dinero a las instituciones. 'El propietario y representante legal de esta empresa ha sido el primer empresario en ir a prisión por este delito en El Salvador' se recoge en la investigación de GMIES.
Pero en el caso de Florenzi, explica Carmen Urquilla, no hay empresa multimillonaria a la que reclamarle. Y no solo lo piensa ella. Otros sindicatos comparten la sensación de que la pelea ya está perdida. “Básicamente se han agotado las instancias”, comienza por reconocer Rafael Méndez, secretario general de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. “El accionar del ministerio ha sido demasiado negligente', sostiene el líder sindical. El Faro buscó contactar al ministro Rolando Castro en dos de sus teléfonos celulares, pero no obtuvo respuesta, solo las marcas de haber leído las preguntas que se le planteaban.
Méndez no es optimista frente a este caso. Pone de ejemplo otros casos como el de la maquila L.D EL SALVADOR S.A DE S.V en San Marcos. En 2017, los dueños de nacionalidad coreana se fueron del país y dejaron la empresa. El secretario sostiene que los empleados de esa maquila se tomaron la fábrica durante tres o cuatro meses mientras se declaraba un embargo preventivo. Para entonces, asegura, el embargo preventivo se dio, pero tres años después, los trabajadores no han obtenido su indemnización.
Y es que el problema no es solo Florenzi. Hay una práctica sistemática de violaciones de derechos a los trabajadores en las zonas textiles. Todas las investigaciones académicas, los sindicatos y las organizaciones hablan de las precarias condiciones de estas empresas.
Las prácticas violatorias de derechos laborales no pasan desapercibidas tampoco por las instituciones del Estado. No es algo invisible. “Hay ciertas prácticas en el sector maquila en general...firmas de documentos en blanco disfrazados de prestaciones o bonificaciones, o desempeño por metas alcanzadas que se suelen firmar en blanco. Eso es muy delicado porque a veces se puede estar firmando algo que se llena como renuncia de un trabajador”, sostiene el procurador de lo laboral de la PGR, Roberto Velasco.
El desgaste que una lucha de 10 meses supone empezó a pasar factura a las obreras en enero 2021. A dos semanas de iniciada la huelga de hambre, el grupo se dividió en dos por distintos desacuerdos en la toma de decisiones. Esto es normal dadas las condiciones precarias de su lucha y la desesperación que por momentos las embargaba. Lo que no es normal es el aprovechamiento político que se ha hecho de esta fractura. Rolando Castro, ministro de Trabajo, aunque guarda silencio públicamente sobre este caso, lo ha seguido muy de cerca. El 25 de febrero, las obreras que estaban haciendo guardia en el campamento tenían pactada una reunión con él, pero canceló un día antes. Estaba molesto, dijo su asistente a Lucía Torres, por las protestas que estaban haciendo para llamar su atención. Desde entonces la comunicación entre el ministro y la representación sindical de las obreras fue con Nery Ramírez, líder del grupo que abandonó el campamento. El 29 de abril 2021, el grupo de trabajadoras montó una conferencia de prensa para anunciar que habían establecido una mesa de negociación con el Ministerio de Trabajo, luego de desligarse del colectivo que hasta abril 2021 todavía era el encargado de vigilar las instalaciones de la fábrica.
Ahora, dos meses después de cancelado el campamento, las obreras siguen sin tener noticias sobre los demandas que interpusieron en los juzgados de lo laboral. Tampoco ha habido resolución judicial sobre el proceso de embargo. Alrededor de 30 de las 210 despedidas buscaron trabajo en otras maquilas para pagar los compromisos mensuales. Y aunque el panorama legal no ha cambiado, sí ha habido cambios en las circunstancias de ambas fracciones de la lucha.
El grupo liderado por Nery tuvo en mayo una primera reunión con Castro, quien se excusó de no haberlas recibido antes porque no le pareció 'el ataque' que estaban haciendo al protestar para ser escuchadas. Las 120 exempleadas que conforman este grupo han empezado a recibir canastas básicas según lista, han tenido acceso a consultas médicas en la clínica del Ministerio y apoyo de Isdemu y Ciudad Mujer. Nery prefiere que por ahora las demás negociaciones se mantengan en privado, pero asegura que le han dejado claro al ministro que no están dispuestas a ser utilizadas: 'Nuestra vida no cambia con el hecho de que nos estén entregando canastas básicas. Se le ha dejado claro que no se vaya a burlar de nosotras ni que seamos puro show', concluye.
Mientras tanto, el grupo de alrededor de 50 mujeres que acamparon hasta abril en las instalaciones de la fábrica han tenido que deambular de lugar en lugar para hacer sus reuniones. 'Ahora ya no tenemos un lugar fijo dónde reunirnos con las compañeras y al no tener trabajo se nos dificulta estar reuniendo para pagar por el uso de la casa comunal', explica Lucía Torres, líder del otro grupo. No contar con una sede para reunirse también les ha dificultado la posibilidad de recibir ayudas en forma de víveres o al menos para montar la venta de productos que les permita generr algunos ingresos. En todo caso, pese a los inconvenientes, la lucha no cesa. Ante la falta de respuesta del dueño de la fábrica, sus herederos y el Estado, las obreras están preparándose para hacer llamamientos a las marcas para quienes ellas confeccionaron ropa por años. 'Tienen que honrar su código de honor con nosotros, no pueden hacerse los desentendidos', reclama Torres.
