El paro nacional con el que amaneció Guatemala el jueves 29 de julio, en auge de la pandemia, marcó el temblor político de mayor magnitud desde las protestas masivas y sostenidas en la capital que destronaron al presidente Otto Pérez Molina en 2015. Decenas de protestas y bloqueos de carreteras brotaron a lo largo del territorio nacional, con el epicentro en Totonicapán, donde la influyente autoridad indígena local, conocida como los 48 Cantones de Totonicapán, lanzó una convocatoria nacional el martes 27.
“Hoy ya no fuimos a la ciudad para llevar una petición. Hoy ya no viajamos para ir a negociar o entregar un memorial. Hoy nos quedamos aquí, por dignidad”, declaró Martín Toc, presidente de los 48 Cantones, por la mañana del paro.
A partir de la convocatoria de los 48 Cantones, surgieron decenas de diversos sectores del público, incluyendo: dirigencias de pueblos originarios, como el pueblo Maya Poqomam; colectivos de desarrollo rural, como el Comité Campesino del Altiplano; grupos universitarios, como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos; y pequeños partidos de oposición, como el Movimiento Político Winaq. Esta alianza política tiene un punto de convergencia contundente: exigir, a partir del paro, la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal Consuelo Porras.
Esta alianza, que el paro potenció y visibilizó, encontró un flanco vulnerable en el Gobierno una semana antes. El viernes 23, Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el polémico brazo del Ministerio Público que más ha marcado su independencia del Gobierno de Alejandro Giammattei. La destitución de Sandoval se sumó a dos otras fuentes principales de descontento que alentaron el paro: los ataques más amplios contra operadores independientes de justicia y la cuestionada respuesta gubernamental a la pandemia. La destitución de Sandoval fue el punto de quiebre, un “basta ya” que este jueves resonó desde la capital hasta Petén.
En la Calle Martí que atraviesa el norte de la capital, ese “basta ya” empezó desde temprano la mañana del paro. El 29 de julio es Oxlajuj Iq’, el día de ceremonias entre pueblos originarios de Guatemala para que el viento se lleve sufrimientos y enfermedades. El viento al menos se llevó el humo de los camiones de 18 ruedas que a diario cruzan la Zona 2, muy cerca de Casa Presidencial, expulsando niebla tóxica mientras transportan bienes de todo el país por la capital. Para las 8 de la mañana, la transitadísima Martí se había vaciado por completo.
Julio César Vado, un conductor del sistema de autobuses públicos, Transurbano, cuenta por qué. “Yo andaba trabajando, llegaron tres o cuatro de la U”, dijo, refiriéndose a los universitarios de la AEU. Le pidieron desde temprano que prestara su bus, junto con otro, para bloquear el tráfico en la Calle Martí. El suyo es uno de dos buses Transurbano que taparon el tráfico donde la Martí cruza con la Sexta Avenida, a partir de las 6 de la mañana. “Con toda la educación se dirigieron a mí. Me trajeron aquí, nada más”. Dijo que sus jefes de Transurbano le dijeron que cumpliera con lo que los universitarios le pidieron, y añadió: “Aquí estoy, hasta la hora que digan [los estudiantes].” Opinó, además, sobre el paro: “No está mal si están viendo los derechos de uno y el bienestar del pueblo.”
La obstrucción de la Martí, orquestada por un puñado de veinteañeros de la AEU, fue tan práctica como simbólica. “Estamos tapando la Calle Martí porque es una vía principal”, dijo Laura Aguilar, secretaria general de la AEU. “Son los camiones de las empresas y las élites que ahora no pueden moverse de un lado a otro en la ciudad porque la tenemos paralizada.” La organización que encabeza, compuesta de estudiantes de la única universidad pública del país, esperó la convocatoria de los 48 Cantones de Totonicapán para sumarse al paro. “Aprendimos de los pueblos maya. Nos enseñan dignidad todos los días, y resiliencia”.
Ahí, a la par de los dos buses Transurbano, fue el punto de encuentro de cientos de manifestantes de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. En las tempranas horas de la mañana, en la Martí aparecieron, entre otros, una delegación de la Bancada Winaq -que tiene tres diputados en el Congreso-, una representación difusa de feministas, y portadores de banderas con rostros de desaparecidos durante el conflicto armado, de un grupo llamado Hijos Guatemala. También asistieron el Comité Campesino del Altiplano, que es un colectivo de desarrollo rural, y la oenegé Asamblea Social y Popular. Si bien llegó un equipo de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil poco después de las 7, no hubo interacción significativa entre la Policía y los manifestantes.
La oposición política presente en la Martí dice que también ha llevado su protesta a las cortes al interponer una acción de amparo contra la destitución de Sandoval. “Consideramos que se violaron derechos constitucionales del debido proceso en esa destitución ilegal y arbitraria”, argumentó Sonia Gutiérrez, diputada de la Bancada Winaq. Su bancada se sumó a Semilla y URNG al presentar una solicitud de antejuicio contra Porras por la destitución de Sandoval.
La llegada a la Calle Martí que más destacó fue la de una veintena de líderes ancianos de la Autoridad Ancestral del Pueblo Maya Poqomam, una delegación del sur y sureste de Guatemala que también cubre territorio en el occidente salvadoreño. Con su llegada se arrancó una marcha desde la Calle Martí hasta la Casa Presidencial. Decenas de los manifestantes de la Calle Martí siguieron a los Poqomam todo el día, e hicieron eco a su exigencia principal: “Exigimos la creación de una Asamblea constituyente popular y plurinacional”, dijo el portavoz de la autoridad ancestral.
Pocos minutos después de su llegada, a las 10:30 de la mañana, empezó a llover. “Los ancestros nos están bendiciendo, nos están acompañando”, afirmó su portavoz. En cuestión de minutos, aparecieron ponchos desechables por todo el Centro. Cada vendedor ambulante pregonaba la misma oferta: Diez quetzales cada uno. Otros cargaban banderas de Guatemala, gorras, trompetas de plástico, máscaras de Anonymous. Los vendedores llegaron al paro más preparados que muchos de los manifestantes.
Una manifestante, Bárbara Escobar, egresada de San Carlos, estuvo presente en los largos meses de manifestaciones en 2015 que lograron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Pero aun así, ella hace eco al pueblo Maya Poqomam al señalar que esos resultados no llegaron suficientemente lejos porque no culminaron en la fundación de un nuevo Estado plurinacional y antipatriarcal. “Salías de la inexperiencia, de la ingenuidad de pensar lograr un cambio profundo con salir a protestar todos los sábados”, dijo de las protestas del 2015.
La muchedumbre de la Calle Martí siguió a una decena de ancianos Poqomam, que caminaban con varas de mando y mascarillas Covid-19, en su recorrido de dos kilómetros desde la Plaza de la Constitución, que para ese momento se había llenado hasta la mitad con manifestantes bajo la lluvia. Tras media hora en la bulliciosa manifestación frente al Palacio Nacional, emprendieron de nuevo su ruta hacia la sede del Ministerio Público (MP).
La oficina del exfiscal Juan Francisco Sandoval, cuya destitución desencadenó el paro, responde directamente al MP, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras. El día después de su destitución hubo manifestaciones frente al MP y, para el día del paro, la oficina se volvió parada obligatoria para los grupos de manifestantes que salpicaban la ciudad. El grupo encabezado por los Poqomam se detuvo al lado del edificio para gritar a los empleados, algunos perplejos, que se asomaron a las ventanas del segundo piso del edificio. Uno dio su aval, con su pulgar arriba, a los congregados abajo.
El nombre del fiscal especial Sandoval, quien dejó Centroamérica la noche de su destitución para evitar represalias a su trabajo, ha protagonizado los letreros de manifestantes desde su destitución. Otros jueces, fiscales y operadores de justicia independientes han salido huyendo del país, uno tras otro, desde la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019. De hecho, el último paro masivo, en 2015, resultó de investigaciones de la CICIG al entonces presidente Pérez Molina. Expertos en derechos humanos dicen que su destitución, así como la de otros operadores de justicia independientes, representa una reversión de los logros de la CICIG en la lucha contra la impunidad en el sistema judicial.
Estos ataques se suman al descontento generalizado con el plan de vacunación contra el Covid-19. Hasta la fecha, menos de uno en diez guatemaltecos ha recibido una dosis de la vacuna. Para ello, ha dependido de donaciones de la vacuna Moderna desde Estados Unidos. La ministra de salud, Amelia Flores, anunció el martes en rueda de prensa que las 16 millones de dosis de vacunas rusas compradas en abril terminarán llegando para fines de año. Mientras tanto, una de cada dos vacunas administradas ha sido destinada a la capital.
Cualquier manifestación, pero sobre todo las grandes, abarca una diversidad de intenciones y agendas políticas y comunica ese descontento o rabia de distintas formas. Es por eso que, después de unos minutos frente al MP, para algunos ya no bastó con gritar hacia la fachada de la oficina y los policías que la custodiaban en una línea de hombro a hombro.
Unas manifestantes vestidas de negro, con los rostros cubiertos y con pañuelos morados y verdes, cubrieron la insignia del Ministerio con una carpa negra y una bandera de Guatemala, las mojaron de gasolina que guardaban en botellas de plástico, y prendieron fuego. Algunos de los policías miraron las llamas, que duraron un par de minutos, con asombro, pero la línea de uniformados no se movió. Los más cercanos se echaron para atrás.
El que sí respondió a la quema de la insignia fue un portavoz de los Poqomam. Agarró un micrófono y se dirigió a los manifestantes: “Que renuncien, pero no provoquemos violencia”. Poco después, los Poqomam se fueron. El grupo que se quedó atrás, compuesto de los manifestantes más radicales, que habían caminado con los Poqomam, tiró pintura a los policías estoicos, gritó consignas, como “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, y prendió fuego a una llanta, que de repente explotó y empezó a echar espuma negra en las gradas del Ministerio. Ni un solo antimotín en la cuadra, como si el MP solo esperaba a que pasara la tormenta que golpeaba en la puerta.
Porras, por otro lado, reaccionó desde las 11 de la mañana, al publicar en redes una carta al Secretario de Estado Antony Blinken. “Diversos sectores ejercen medidas de presión contra la fiscal general”, se quejó, y repitió que había despedido a Sandoval por desacato y por “sesgo ideológico”. Añadió que las manifestaciones “podrían encuadrarse en conductas delictivas como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias, inclusive incitando a un paro nacional”.
Dos días antes, mientras llovían las convocatorias al paro, una portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspendieron su cooperación con el Ministerio de Porras. Hasta el secretario Blinken condenó la destitución de Sandoval desde su cuenta en Twitter. Sandoval era uno de los fiscales confiables en Guatemala, según el Departamento de Estado. En febrero de este año, Blinken lo nombró como uno de 12 “campeones anticorrupción” en el mundo, citando su trabajo a la cabeza de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Después de la publicación de la carta de Porras, el enviado especial del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, subrayó el punto: “Las protestas públicas hoy contra la destitución del fiscal contra la impunidad son un reflejo de la profunda importancia del rol de los ciudadanos de Centroamérica en la buena gobernanza”.
Hasta el presidente Giammattei ha tratado de marcar su distancia con la fiscal tras la destitución de Sandoval y la suspensión de cooperación con el MP. “Un medio de comunicación recoge hoy una declaración del Departamento de Estado donde están congelando la ayuda al Ministerio Público en tanto se elucidan los casos”, dijo Giammattei en rueda de prensa el martes. “Este medio de comunicación dice que ‘por la desconfianza al Gobierno se ha suspendido el apoyo al Gobierno’, cosa que está alejada de la verdad”, complementó.
Ni por Zoom ha podido Porras, que enseña derecho en la Universidad de San Carlos, zafarse de las protestas en su contra. “¡Desconsuelo, corrupta!”, gritaron varios estudiantes el día antes del paro durante una de sus clases virtuales. “¡Si nos desconecta no nos van a callar, no nos van a silenciar!”.
A la mañana siguiente, este jueves 29 de julio, el conductor de Transurbano, Julio César Vado, salió en bus, junto con otros estudiantes de la misma universidad pública donde enseña Porras, a tomar la carretera Martí.
