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Publicada la lista Engel, Nayib Bukele está solo y ante un abismo

Ricardo Valencia

 
 

Para considerarse a sí mismo un ajedrecista político, el presidente Nayib Bukele parece ser un experto en arrinconarse en el tablero internacional. A diferencia de Nicaragua, Bukele no tiene aliados internacionales y menos amigos sin condición. Ni Beijing, ni Moscú, ni Tel Aviv, ni Brasilia lo consideran suyo como para entrar en conflicto con Washington. A diferencia de Bukele, Nicaragua cuenta con cierto apoyo internacional. El 25 de junio de 2021, los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América -incluyendo Venezuela, Bolivia y Cuba- apoyaron las futuras elecciones en Nicaragua, a pesar de la creciente persecución del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. En el caso de El Salvador, los mayores aliados internacionales de Bukele son algunos Bitcoiners, youtubers e influencers. 

Lo que está claro, es que con la publicación de la Lista Engel por el gobierno de Estados Unidos,  la gestión del mandatario salvadoreño ha llegado a un punto de inflexión en el que la presión de Estados Unidos podría tener implicaciones económicas para su círculo cercano y el país.  Hasta ahora, el presidente ha pensado que puede salirse con la suya con experimentos económicos como las del Bitcoin, desplantes diplomáticos como la firma de acuerdo con China y propaganda en redes sociales. Ese tiempo se acabó. 

Si Bukele decide no cambiar nada en su política de erosionar el orden constitucional, muy seguramente Washington responderá con más nombres a la lista Engel – en los que podrían incluirse a varios de sus diputados y amigos personales. Después, Estados Unidos podría escalar su respuesta al incluir personas allegadas al presidente en las sanciones de la ley de Global Magnitsky que no solo revoca visas a acusados de violaciones de derechos humanos  y corrupción en cualquier parte del mundo, sino que le congela los activos a los sancionados. La Unión Europea y Canadá han aprobado leyes similares, lo que podría tener ramificaciones mundiales. Además, de esto, sus aliados con residencia o ciudadanía estadounidenses podrían ser investigados por el sistema judicial de Estados Unidos, como lo reveló la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.

Más allá del golpe a la imagen internacional del mandatario salvadoreño -que parece irreparable- la decisión de desoír a la comunidad internacional puede traerle consecuencias a la economía salvadoreña. Como explicamos en un artículo con el Dr. Michael Paarlberg en la revista Foreign Policy,  Estados Unidos puede tomar la decisión de escalar su respuestas en el terreno económico y financiero. La primera posibilidad es retrasar cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de $1,300 millones. Este acuerdo no solo es importante por la cantidad de dinero, sino porque un acuerdo con el FMI abre las puertas para más posibilidades de préstamos en la banca internacional. La deuda pública se acerca al 100% del Producto Interno Bruto de El Salvador. Recordemos que la palabra de Washington no solo pesa para El Salvador, sino para sus aliados internacionales como la Unión Europea y Japón en estos organismos internacionales.

Por si esto fuera poco, la legalización del Bitcoin como moneda oficial le ha abierto un nuevo flanco de batalla para el gobierno con Washington. Estados Unidos quiere mayor regulación de las cripto monedas y eso implica mayor escrutinio de los países que favorecen su uso. Washington cree que estas monedas favorecen el lavado de dinero y el gobierno salvadoreño al tratar de atraer inversión de Bitcoin parece beneficiar al dinero con orígenes oscuros. Los planes de que las remesas sean trasladadas en Bitcoin podrían encontrarse con una multitud de obstáculos puestos por el gobierno federal de Estados Unidos. Washington también podría influir en cómo los bancos internacionales en El Salvador operan en un contexto de criptomonedas. La nación del norte tiene una influencia poderosa en los mercados financieros, especialmente en los que usan el dólar americano.

En Washington, El Salvador es visto a través del espejo de Managua, por lo que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca serán más severos en su reacción de Bukele, a quien leen como un Daniel Ortega en potencia. Esto podría implicar que se revisen tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD) para encontrar cláusulas que protejan el entorno laboral y de derechos humanos. Esto no es descabellado tomando en cuenta que el comité de relaciones exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una ley que pide al Presidente Joe Biden revisar acuerdo en relación con Nicaragua. En el caso de El Salvador, la sola sugerencia de que Washington analiza revisar CAFTA-RD tendría consecuencias profundas sobre todo el ramo de la industria textil y otras que dependen de las ventajas arancelarias para exportar a Estados Unidos. Una reconsideración de Washington podría obligar a la Unión Europea a revisar su acuerdo con la región también, una cuestión que ha sido sugerida semanas atrás para el caso de Nicaragua. 

Hasta la aparición de la Lista Engel, Estados Unidos ha intentado la retórica para persuadir al mandatario salvadoreño, pero el gobierno salvadoreño ha decidido ignorar cualquier crítica y sumergirlas en un mar de propaganda y demagogia. En Washington, la desconfianza por Bukele es tal que sus últimos interlocutores- republicanos en el Senado y la Casa de Representantes- han decidido darle la espalda. El ex presidente Donald Trump  ha catalogado a los presidentes del Triángulo Norte como dictadores, lo que sugiere que también en el lado conservador hay una decisión de tener “mano dura” con los representantes políticos de la región. Si el presidente fuera un astuto ajedrecista, se daría cuenta que cada vez tiene menos opciones en el tablero y que unos pocos nombres en su gabinete no merecen sanciones a su círculo íntimo y repercusiones económicas para el país. A pesar de la propaganda oficialista, El Salvador sigue siendo un país sumamente pobre, inseguro, desigual y que depende de las remesas enviadas de los migrantes en Estados Unidos. 

 

Si bien es verdad que Washington piensa que Bukele es un mandatario legítimamente electo,  no dudará en ejercer paulatinamente presión sobre las acciones del mandatario a través de una multitud de herramientas diplomáticas y económicas. Pero podría ser peor.  Washington también espera una escaramuza oficialista que intente legalizar a través del órgano legislativo o el judicial una inconstitucional reelección presidencial. Si pasa esto, muchos escenarios que parecen imaginarios, podrían volverse en la nueva realidad de la relación entre El Salvador y el resto de la comunidad internacional.


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