El régimen de Nayib Bukele ha expulsado del país a Daniel Lizárraga, reconocido periodista latinoamericano y parte del cuerpo de editores de este medio, en una grave escalada en la serie de ataques contra El Faro y contra el periodismo salvadoreño.
La resolución entregada a Lizárraga por agentes migratorios, especifica que se le ha negado el permiso de trabajo y de residencia por no haber podido probar que es editor o periodista. Es un argumento tan absurdo y bajero como los utilizados por el Ministerio de Hacienda en el curso de las auditorías que lleva a cabo también contra este medio.
Lizárraga es un periodista reconocido en todo el continente; maestro de periodismo de la Fundación Gabo y del CIDE de México; multipremiado editor de investigaciones regionales y coordinador de equipos de investigación que lograron, en México, destapar emblemáticos casos de corrupción durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
La verdadera razón de su expulsión no es que no pueda acreditar ser un periodista profesional; sino lo contrario: que es un periodista especializado en investigar casos de corrupción. Eso es lo que verdaderamente molesta al régimen de Bukele, tan plagado de escándalos de corrupción como comprometido con proteger a sus propios corruptos.
Los actos de corrupción en este Gobierno no solo han sido reportados en investigaciones periodísticas, sino confirmados en los reportes de la hoy extinta Cicíes; y en las conclusiones de la comisión del Congreso estadounidense que preparó la llamada Lista Engel. La respuesta del gobernante que prometió combatir la corrupción ha sido proteger a los funcionarios señalados y perseguir a la prensa.
La expulsión de Lizárraga es grave pero no sorpresiva: el periodismo capaz de revelar actos de corrupción es un obstáculo serio para los planes de los corruptos.
Por eso llevan meses en campaña de acoso, ataques, censuras y amenazas contra El Faro y contra el periodismo que escapa de su control. En su concepción del poder, no tienen cabida ni las organizaciones ni las universidades ni los periodistas críticos; ni las instituciones encargadas de ejercer contraloría, de investigar o de garantizar acceso a la información pública. Ni siquiera la Constitución ni nuestros cuerpos de leyes merecen el respeto de quienes hoy gobiernan.
Varios medios, entre ellos este periódico, llevamos más de un año denunciando no solo la corrupción en este Gobierno (como hicimos en los anteriores); sino también los abusos de poder, las amenazas, seguimientos y hostigamiento a que hemos sido sometidos por los operadores del régimen.
La resolución 12-2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que emitió medidas cautelares a favor de 34 miembros de El Faro, da cuenta precisa de estos hechos hasta enero de este año. Eso incluye una comparecencia presidencial de Bukele en cadena nacional, en la que nos acusó, sin prueba alguna, de lavar dinero. Incluye también amenazas y campañas difamatorias orquestadas en Casa Presidencial y publicadas en plataformas administradas por el Estado o por funcionarios del Gobierno de Bukele, así como seguimientos y obstáculos a nuestro trabajo.
Pero todos los esfuerzos de este régimen por callar a la prensa son inútiles, incluyendo la expulsión de Daniel Lizárraga. Él trabajará con nosotros, independientemente del lugar donde se encuentre. Su expulsión es una expresión de la naturaleza del régimen que se ha instalado en El Salvador, no un impedimento a que los talentos de Lizárraga y todos nuestros colaboradores sean puestos al servicio de El Faro y nuestros lectores.
El ataque contra el periodismo crítico, que se niega a someterse a la propaganda oficial, es un ataque contra la sociedad entera, porque atenta contra su derecho a estar informado. En anteriores gobiernos, las investigaciones periodísticas revelaron el uso indebido de fondos públicos y la corrupción del sistema. Esas investigaciones dieron pie, entre otras cosas, a la judicialización de casos de corrupción al más alto nivel; y al descrédito de los dos principales partidos políticos que encubrieron estos actos. De esas investigaciones se abrió camino Bukele y su grupo.
El periodismo profesional está obligado a continuar auscultando las decisiones de este y de todos los gobiernos, porque son de interés y afectación públicos. Y lo seguiremos haciendo.
Condenamos este nuevo ataque contra el periodismo independiente y refrendamos nuestro compromiso: el de continuar practicando un periodismo sometido a altos estándares editoriales, y no a gobernantes antidemocráticos que requieren de la amenaza y el hostigamiento para responder a los cuestionamientos sobre su ejercicio del poder.
