Cada día, al menos 16 mujeres, adolescentes o niñas son víctimas de algún tipo de violencia sexual en El Salvador. Entre 2014 y 2019 fueron reportados 35 mil casos. En ese mismo periodo, 12 mil mujeres jóvenes y niñas fueron asesinadas. De enero a junio del 2021 se registraron por la Policía Nacional Civil 675 homicidios en el país, un 13 % más que los 596 registrados en el primer semestre del año pasado. Para el primer semestre del 2021, se han registrado 83 casos de mujeres asesinadas, un 43 % más que el registrado en el mismo periodo en el 2020.
También del 2014 al 2019, la Fiscalía General de la República registró 22 mil denuncias de personas desaparecidas, un promedio diario de 10 casos, de los cuales el 40 % son niñas y mujeres. Un número mucho mayor que el de 12 495 denuncias de desapariciones registradas en los mismos años por la Policía Nacional Civil. Ambas cifras dejan ya atrás las estimaciones de 8 mil a 9 mil personas desaparecidas durante los años de conflicto armado vivido entre 1980 y 1992.
En un tuit publicado en enero del año pasado en la cuenta del presidente Nayib Bukele, se aseguraba que en los primeros 24 días del 2020 se registraba una reducción del 45 % de personas desaparecidas con relación a los primeros 24 días del 2019. Sin embargo, el 2019 concluyó con un registro de 593 personas desaparecidas, de las cuales 89 fueron mujeres, en su mayoría entre 12 a 19 años de edad. De enero a mayo del 2021, unas 368 familias denunciaron la desaparición de alguno de sus integrantes. Interpusieron la denuncia ante la PNC, y ese familiar aún no ha aparecido; ni vivo ni muerto, aunque el director de la Policía haya asegurado que “la mayoría de los desaparecidos aparece con vida”, sin aclarar en su afirmación que no se refiere a los cientos de casos, un 70 %, en que las investigaciones aún no ofrecen resultados o han sido archivadas.
De continuar este incremento progresivo de registros de homicidios y personas desaparecidas se cerrarán aún más las fuentes de acceso a información pública y aumentarán sanciones o amenazas de sanciones para operadores estatales que brinden datos. La desaparición de personas se ha constituido en un talón de Aquiles para una gestión gubernamental centrada en distorsionar la realidad en función de su imagen, aunque ello pase por sacrificar el derecho a la verdad y a una investigación despojada de prejuicios a la que tienen derecho cientos de familias que buscan y exigen saber el paradero de sus parientes. Esto se presenta con mayor gravedad cuando se trata de mujeres desaparecidas, ya sea por la comisión del delito de desaparición o de un caso de desaparición forzada, puesto que se presenta otra coalición de delitos cometidos específicamente por ser mujeres, sumándose un número aún más amplio conforme se aplique no solo enfoque de género, sino también enfoque diferencial en la investigación de los hechos, una mujer joven, una mujer de una familia pobre, una mujer que vive en una zona de alta peligrosidad, una mujer indígena, una mujer activista, una mujer trans, una mujer política.
Al reportarse un caso de persona desaparecida, si esta persona es un hombre, la línea de investigación oficial suele orientarse a una acción criminal. No obstante, si la persona desaparecida es una mujer, las autoridades tienden a criminalizar a las víctimas por cuestiones de género, sugiriendo, por ejemplo, que se fueron por su propia voluntad con “un novio”, migró hacia Estados Unidos abandonando a sus hijos o porque tenían algún problema que querían ocultar a sus familias, argumentos que a la larga solo revictimizan y entorpecen los procesos de búsqueda.
Para el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belém Do Pará, se entiende como la privación de libertad de una mujer o niña, o un grupo de mujeres y/o niñas, la cometida por uno o varios particulares debido a su género y cuya finalidad puede conllevar actos de violencia sexual, trata de personas o feminicidio y tortura. Este Comité de Expertas ha identificado patrones en los cuales la desaparición de mujeres tiene características específicas que la distinguen de las desapariciones de hombres. Es una dinámica enraizada en las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que son causa y consecuencia de la violencia de género, que puede preceder y formar parte de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, feminicidio y de la violencia sexual. La desaparición de mujeres y niñas cometida por un particular es una forma de violencia contra ellas por el hecho de ser mujeres, por lo que los Estados tienen la obligación general y especial de prevenir este tipo de violencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en el marco de lo establecido en la Convención Belém Do Pará, los Estados podrían no cumplir con su deber de debida diligencia en casos de mujeres y niñas desaparecidas. A pesar de que estos hechos eventualmente se le atribuyan a un particular, dicha conducta en cierto modo sería auxiliada por el poder público, involucrando la responsabilidad internacional del Estado y teniendo consecuencias y daños similares a los de la desaparición forzada, entendida como una violación de derechos humanos pluriofensiva, continuada y permanente. La prevención general de la violencia contra las mujeres y las niñas, requiere de la adopción de medidas integrales de diversa índole destinadas a reducir los factores de riesgo y eliminar las posibles causas, así como también la prevención especial contempla en el marco de la protección de los derechos de las mujeres los aspectos relacionados con las fases de la denuncia, investigación y documentación de los casos ocurridos, las actuaciones de los funcionarios públicos (policiales, fiscales y judiciales), al enjuiciamiento y sanción de los autores y a la reparación a las víctimas.
Ante el negacionismo de las autoridades por reconocer los graves hechos de desaparición de personas, son sus familias las que día a día se lanzan a las calles a buscar indicios de su paradero. A esta cruz se suma el tener que luchar contra la autoridad que criminaliza a las desaparecidas y los desaparecidos, a sus familiares, a sus amistades y a cualquiera que les exija investigaciones fiables, información oportuna y resultados. No se discute que pueda haber algunos casos en que las personas que han sido reportadas como desaparecidas sean localizadas y se descubra que no se encontraban en peligro alguno. Lo que se señala es que se pretenda generalizar este tipo de casos y desconocer que otro grupo si sea víctima de hechos de criminalidad organizada, algunos de ellos con aquiescencia del Estado o evidente negligencia de este.
Las autoridades han hecho llamados a las familias para que se abstengan a publicar en redes sociales las fotografías de sus desaparecidos y desaparecidas. Atender o desatender ese llamado no es una opción para quienes no encuentran otra salida que pedir ayuda públicamente. Son las fotografías y hashtag como #TodosSomosFlor las iniciativas que van generando conciencia de la gravedad de este drama del que al parecer solo se busca ocultar bajo la alfombra. A iniciativa de la FGR, una jueza ordenó a un periódico digital quitar de sus páginas un completo artículo sobre las fosas comunes encontradas en el municipio de Chalchuapa cuya responsabilidad se atribuye al expolicía Hugo Osorio. De los 13 cuerpos oficialmente reconocidos, 8 son de mujeres y 2 de niñas. Es más que claro que el fenómeno de desaparición de personas también tiene rostro de mujer. Son los cuerpos de mujeres encontrados en Chalchuapa, cuyas desapariciones fueron mayoritariamente ocurridas durante el 2020, los que aumentaron las cifras de registros de homicidios en el segundo trimestre de este año, despertando nuevamente la especulación de que El Salvador puede ser una inmensa fosa común, donde puedan estar sepultadas mujeres víctimas de diferentes delitos, en razón de marcas de control de territorio o de aleccionamiento social.
Para la antropóloga Malathi Alwis, la desaparición es una de las formas de violencia más insidiosas, puesto que busca la obliteración del encuentro del cuerpo de la persona desaparecida e impide con ello cerrar el proceso del cierre psicosocial. Para la mexicana Marcela Lagarde, la categoría de feminicidio pone en el centro la consideración de que cualquier forma de violencia contra las mujeres es constitutiva de una violación de derechos humanos y, por lo tanto, resalta la responsabilidad de las instituciones estatales en su ejecución. Al ser el feminicidio el resultado extremo de un continuum de violencias contra las mujeres basadas en las jerarquías de poder por género, además de poder involucrar subordinaciones por edad, clase social, orientación sexual o racialización, tales trayectorias de violencia únicamente han sido posibles por la permisividad, inacción, omisión, negligencia o complicidad de las instituciones estatales. Por tanto, hechos de violencia extrema que ponen en riesgo la vida de las mujeres, como lo es la desaparición y desaparición forzada de mujeres, constituye un crimen de Estado.
De persistir la tendencia gubernamental, a través del control de las instituciones estatales, de imponer su propia narrativa ocultando o minimizando lo que realmente sucede, es la continuidad de la búsqueda de las familias, y de las acciones colectivas que en solidaridad con ellas se generen, lo que podría desarrollar un movimiento que garantice mantener vigente la identidad de las y los desaparecidos y que a su vez construya una base para la acción social. Esto, en clave de mujer, escala a una fuerza política capaz de marcar agenda para que no perdamos la memoria de la identidad de las niñas y mujeres desaparecidas y la violencia basada en género que en cada caso se evidencia. Con ello, rompemos la normalización de la violencia contra las mujeres y garantizamos realmente avanzar hacia una vida libre de violencia a la que todas, sin distinción alguna, tenemos derecho.
