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La apuesta de Bukele por los militares es más de lo mismo

Verónica Reyna

 
 

El pasado lunes 19 de julio Nayib Bukele dio un paso más hacia el autoritarismo y la militarización del país. Tomando como excusa la necesidad de controlar los territorios dominados por pandillas, el presidente anunció que duplicaría la cantidad de militares en la Fuerza Armada, pasando de 20 mil a 40 mil militares en un plan a cinco años. Este anuncio recurre al populismo característico de su gobierno, aduciendo a la supuesta necesidad de contar con igual número de militares que pandilleros para combatir a estas estructuras, y ordena un aumento histórico y altamente peligroso en nuestro contexto.

Primero, Bukele ha señalado, durante dos años, que su Plan Control Territorial ha logrado no solo la disminución de homicidios y de delitos, sino también el control de las comunidades donde antes eran las pandillas quienes dictaban las dinámicas sociales y económicas, incluso políticas. Lo primero que se deduce, tanto por su discurso como por la evidente presencia y dominio de las pandillas en los territorios más vulnerables y excluidos, es que el Gobierno no tiene control de estos municipios. Segundo, el presidente vende la mentira de que abordar el fenómeno de las pandillas solo es posible desde una lógica de guerra: la necesidad del uno a uno para ganar. Demasiadas veces se ha dicho que las pandillas son fenómenos sociales y delictivos que deben abordarse desde una mirada de integralidad que responda a su compleja evolución. Esto lo sabe el Gobierno de Bukele, por lo que este anuncio solo es una estrategia más en su discurso de guerra, muy similar al utilizado por uno de los padres de la tregua de 2012, el general Munguía Payés.

La posible negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas ha sido una de las explicaciones más factibles en los últimos dos años para entender las causas de la reducción de homicidios y delitos en el país. Por tanto, el discurso de guerra queda perfecto ante un público con el que pudiera perder popularidad si se hace pública una negociación con pandillas.

Por otro lado, incrementar el número de efectivos militares es contrario a lo dispuesto por los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República. Los Acuerdos de Paz dispusieron la separación de las funciones de seguridad pública y las de defensa nacional. La seguridad pública se adjudicó a la Policía Nacional Civil, la cual hacía un énfasis en su carácter civil respecto a los cuerpos de seguridad que funcionaron durante la guerra. La Fuerza Armada de El Salvador, en cambio, se encargaría de la defensa de la nación, a la cual solo podría recurrirse en casos excepcionales. Esto también se encuentra en la Constitución de la República, en los artículos 159 y 212. La segunda disposición fue la reducción de la cantidad de militares a un 50 %, lo cual implicaba una reestructuración interna que llevaría a reducir su presupuesto y adecuar su funcionamiento a un rol más lejano de los distintos ámbitos de la vida social y política del país. La militarización de la seguridad, además, no es una estrategia nueva, tanto los gobiernos de Arena como del FMLN hicieron uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad. Desde 1993 los militares han participado en alguna actividad de seguridad pública, llegando a la cúspide en cantidad y funciones con la administración de Sánchez Cerén, con casi 14 mil militares en apoyo a actividad de la policía. Bukele sigue al pie de la letra la tradición militarista de los mismos de siempre. Si a la inconstitucionalidad de la medida se le suma esta posible negociación con las pandillas como razón sustancial del descenso de homicidios y delitos, pareciera que el interés de este Gobierno por aumentar la fuerza militar no necesariamente tiene relación con el supuesto combate a las pandillas.

Nayib Bukele ha dado más pasos por consolidarse en el poder que por combatir las pandillas. Para una institucionalidad tan débil como la salvadoreña, es más fácil crear una alianza con quienes sí tienen el control del territorio, en este caso las pandillas, a través de la violencia que ejercen, que entrar a una guerra de baja intensidad como la tuvo el Gobierno de Sánchez Cerén cuando se le acusó de diversas ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía. En este escenario, es más probable que las pandillas evolucionen hacia estructuras al servicio del Estado a que desaparezcan, tal y como ha ocurrido –cada uno con sus matices– en Honduras y Guatemala.

El Plan Control Territorial es solo una excusa para terminar de consolidar la alianza con un grupo de poder que nunca ha salido de la vida política del país: los militares. Ante un contexto de graves retrocesos y golpes a la democracia y un futuro próximo, donde Bukele realizará cambios profundos en el sistema político y económico del país, este requiere tener de su lado a los militares ante cualquier descontento social. El Salvador no será ni por cerca el mismo dentro de uno o dos años, los efectos del endeudamiento, la entrada en vigencia del Bitcoin y los cambios constitucionales que pretende realizar tendrán resistencia y generarán rechazo a su Gobierno. Es ahí donde entran en juego los militares, un Ejército de 40 mil efectivos listos para proteger el progreso de su grupo de aliados y hacer efectiva su permanencia en el poder.

Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
 
Verónica Reyna es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).


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